Casañas Levi cuestiona "sesión secreta" para analizar perfiles de candidatos a la Corte

El abogado José Casañas Levi, director Anticorrupción del MEC y uno de los postulantes al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, cuestionó duramente la decisión del Consejo de la Magistratura de declarar secreta la sesión en la que se realizó la ponderación de los perfiles, dado que -a su criterio- resta credibilidad y transparencia al proceso.

En entrevista con ABC Cardinal, Casañas Levi dijo haberse sorprendido con la propuesta realizada por Cristian Kriskovich de declarar reservada la sesión extraordinaria del lunes, acogiéndose al Art. 7 de la Ley 6299/19 bajo el argumento de que se iban a evaluar las conductas y antecedentes personales de los postulantes.

“Creo que es una interpretación totalmente a contramano de la ley porque, si bien es cierto que es una excepción, está prevista para un aspecto de una sesión y no para la esencia de la sesión. Si la naturaleza de la sesión es valorar las etapas 2 y 3 del concurso, cómo es que nosotros vamos a controlar esa valoración”, expresó.

El abogado dijo sentirse perjudicado con esta determinación del Consejo de la Magistratura atendiendo a que, de estar segundo en la lista de puntuación para la parte de “Méritos”, pasó a otra posición inferior, siendo excluido inclusive de las primeras 10 posiciones.

Casañas Levi cuestionó que no pueda saber cuáles son los fundamentos que fueron tenidos en cuenta por los integrantes del Consejo a la hora de deliberar y hacer la ponderación de los postulantes, todo a raíz de que la sesión fue declarada reservada y, por ende, se cortó la transmisión online.

Asimismo, recordó que al momento de presentarse a este concurso para la Corte Suprema de Justicia les hicieron firmar un documento en el que aceptaban que sus datos sean revisados. Por lo tanto, considera que el planteamiento de Kriskovich “es una excusa”. “Uno se está presentando a un cargo donde tiene que ser examinado en todo, en su vida privada, su vida pública, en su trabajo, por lo tanto no puedo agraviarme por eso”, acotó.

El director Anticorrupción del MEC coincidió en que este tema se conversó previamente entre los miembros del Consejo de la Magistratura y por ello se tomó la decisión de esta manera.

Durante la entrevista radial, admitió que ya escuchó rumores sobre el aparente tinte político que estuvo detrás de la decisión de mantener secreta la sesión en la que se analizaron los perfiles de los postulantes.

Hasta el momento, ninguno de los integrantes del Consejo de la Magistratura salió a brindar declaraciones o aclarar lo tratado durante la sesión reservada del lunes.

 

Gremio de enfermería exige nivelación salarial y primer empleo para 4000

La equiparación salarial, empleo y cumplimiento de la jubilación forman parte de los reclamos de enfermeras que marchan por segunda vez en el año frente al Ministerio de Hacienda. Denuncian que existen casos en los que profesionales de Enfermería cobran como auxiliares o técnicos y otros no perciben ni el salario mínimo que corresponde.

Las enfermeras organizadas marcharon nuevamente hasta la sede del Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento de reinvindicaciones establecidas en la Ley de Enfermería. Esta es la segunda marcha nacional de los profesionales.

Entre los puntos de exigencia se encuentra la desprecarización laboral de al menos 3000 enfermeras y enfermeros contratados por los consejos locales de salud que no cobran siquiera el salario mínimo cada cuatro a cinco meses además el nombramiento de los que ya tienen más de 5 años a 10 años de contrato.

María Concepción Chávez, de la Asociación Paraguaya de Enfermería explicó que la nivelación salarial de los profesionales de enfermería se mantiene como auxiliares o técnicos y también solicitan la facilitación del primer empleo para más de 4000 enfermeros que se encuentran desempleados.

"Cobran montos menores a los establecidos a pesar de cumplir la función de enfermería y tener título de licenciados", afirmó la profesional.

Chávez afirmó que las exigencias también apuntan al respeto y cumplimiento de la carrera profesional así como al régimen jubilatorio de los licenciados y licenciadas.

 

Senatur a la Unesco: “El chipá es un ícono de la gastronomía paraguaya”

La Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (Senatur) también salió al paso de una publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que considera que la chipa proviene de Argentina.

Desde sus cuentas oficiales en las redes sociales, la Senatur reivindicó que “el chipá es un ícono de la gastronomía nacional. Es el alimento predilecto de todos los paraguayos desde hace más de 400 años y conmemora su día cada segundo viernes del mes de agosto”.

La institución nacional ratificó que este plato típico nacional forma parte de la lista enunciativa del Patrimonio Gastronómico y Culinario del Paraguay, y de la nómina indicativa del Patrimonio Nacional con miras al ingreso a la lista del Patrimonio Inmaterial de la Unesco.

Esta aclaratoria se da luego de que la propia Unesco haya indicado a través de las redes sociales que la chipa proviene de Argentina. “Chip, chip… ¡¡¡Chipa!!! Espera, ¿no sabes lo que es chipa? ¡Permítanos presentarle este delicioso pan de queso procedente del #Yaboti #BiosphereReserve en #Argentina!”. Esta fue la publicación que causó una avalancha de cuestionamientos de los internautas.



Vale recordar que con la polémica suscitada por la “choclotorta”, hace un año, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) comenzó a elaborar un listado de patrimonio gastronómico local para ejercer la protección de recetas típicas paraguayas.

El abogado Carlos Espínola señaló que desde 2018 la chipa y otros platos típicos son Patrimonio Gastronómico paraguayo, y se estableció su protección como conocimiento tradicional por la DINAPI y se declaró de Interés Nacional la lista del Patrimonio Gastronómico Culinario del Paraguay.

 

¿Extraños preguntan por sus hijos en la escuela?: MEC recuerda protocolo de seguridad

Ante la denuncia de una madre sobre un desconocido que fue a preguntar por su hija en la escuela, el MEC recordó que desde el 2016 rige un protocolo de seguridad al cual deben adecuarse las instituciones. El implicado habló ante la Fiscalía y dijo que se equivocó de colegio.

Una mujer denunció que un completo desconocido fue el lunes hasta el colegio privado Cristiano Sudamericano de Fernando de la Mora, preguntó por su hija y pidió hablar con ella para darle un recado, pero por fortuna ella se ausentó ese día, aunque aun así las autoridades permitieron pasar hasta un punto al extraño.

Los directivos le comunicaron esto a la madre, quien posteriormente pidió ver el video captado por las cámaras de la zona para tratar de identificar a la persona.

Tras la difusión de estas imágenes, la persona implicada se presentó ante la Fiscalía y dijo que se equivocó de colegio, pues tiene una sobrina con el mismo nombre, en el mismo curso y que también estudia en la misma zona.

“Uno de sus nombres es el mismo, pero yo di los dos apellidos, yo no sé por qué ellos me hubieran dado a otra niña, pero me dijeron que estaba ausente y ahí más que nunca creí que estaba en el colegio correcto”, explicó a Telefuturo, Andrés Escobar.

Según la resolución del MEC, todas las instituciones educativas tendrán que designar a un encargado semanal del control y registro de entrada y salida de los visitantes, además de remitir la nómina y número de contacto de dichos designados, a la Supervisión de Control y Apoyo Administrativo competente.

Los colegios además deberán exigir la presentación de la cédula de identidad como requisito básico para el ingreso de visitantes y establecer un solo acceso para los mismos.

También se estipula la prohibición de ingresar armas, bebidas alcohólicas o estupefacientes, así como disponer que la apertura y el cierre de la institución sea una hora antes y una después de las actividades escolares.

El protocolo también establece también informar de inmediato sobre la presunción de hechos punibles a los padres, encargados y a la Policía Nacional.

Este documento había sido firmado en el 2016, bajo la administración del entonces ministro Enrique Riera Escudero y la cartera estatal recordó la vigencia del mismo, ante una reciente denuncia formulada por la madre de una niña de nivel inicial.