Los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Marcelo Pecci, Luis Piñánez y Juan Manuel Ledesma, llegaron hasta la Contraloría para acceder al informe dado a conocer por el contralor Camilo Benítez que consistía en una auditoria hecha a la Entidad Itaipú Binacional y que mediante ese trabajo se encontró una deuda ilegal que tiene Paraguay en Itaipú por más de 4.000 millones de dólares por la aplicación de tarifa más baja de lo establecido en el acuerdo.

Esa auditoria será analizada en el Ministerio Público, para verificar si efectivamente existe algún delito a ser investigado y llegar al o a los responsables del mismo.

El informe de la Contraloría decía que las medidas adoptadas por los miembros del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Itaipú, al determinar la aplicación de tarifas por debajo del costo del servicio de electricidad, durante los años 1985 a 1997, a excepción del año 1991, en clara transgresión del artículo IV.1 y del ítem III del Anexo C del Tratado, incidieron sustancialmente a nivel económico y financiero en Itaipú, ocasionando el aumento indebido e ilegal del saldo de su deuda que, a diciembre de 2020 asciende a US$ 3.856.790.000, saldo del cual US$ 3.629.057.000 corresponde a la deuda con Eletrobras (incluida la cesión al tesoro nacional brasileño), equivalente al 94% de la deuda total de Itaipú.

Según la Contraloría, en los años citados anteriormente, Itaipú aplicó tarifas inferiores al costo del servicio de electricidad, a pedido de los representantes brasileños, alegando dificultades económicas y con la complacencia de los representantes paraguayos, dejando de percibir así el importe de US$ 1.757.128.833,22, y generando una deuda ilegal de US$ 4.193.500.000 en contra de sus propios intereses y a favor de Eletrobras.

Finalmente concluye que las irregularidades detectadas demuestran claramente que todas ellas fueron en beneficio de Eletrobras y el Estado brasileño, y en perjuicio de la ANDE y el Estado paraguayo, a pesar de ser la entidad binacional Itaipú es propiedad del Estado paraguayo y del Estado brasileño en partes iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones.

Morales refirió que no están en contra de competir con estas plataformas, pero exigen igualdad de condiciones para la competencia sea justa.

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En conversación con la radio 1020 AM, aseguró que ellos abonan impuestos a la Municipalidad para el traslado de personas, pero Bolt y Uber no y compiten en la misma situación.

“Es evidente el favoritismo. Hay normativas que les favorecen. Son fáciles de desmontar las argumentaciones de las aplicaciones. Nosotros solo exigimos igualdad de condiciones para poder competir y en quién confía más la ciudadanía”, expresó el presidente de la APTA.

Marcos Morales aseguró que van a exigir a las autoridades municipales el respeto a sus derechos y que cobren el impuesto a las plataformas para que se adhieran a las leyes y dejen de trabajar de forma informal.

“A estas aplicaciones les metés las mismas aplicaciones tributarias y no van a aguantar, como las dos inspecciones técnicas vehiculares al año. La tasa de inspección, el registro profesional, etc. Está a flor de piel la diferencia”, sostuvo.

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Representantes de la Dirección de Planificación de la ANDE, recibieron la visita de una comitiva de autoridades y empresarios de la República de China (Taiwán), para conocer los Planes Maestros de inversión de la ANDE para Generación y Transmisión a corto, mediano y largo plazo.

La comitiva fue recibida en la sala de Consejo de la Institución por el Ing. Guido Chávez, asesor de la Dirección de Planificación, junto al Ing. Gabriel Baum y el Ing. Blas Díaz, del Departamento de Estudios de Transmisión, quienes los recibieron en representación del Presidente y del Director de Planificación.

Durante el encuentro, se presentaron los Planes Maestros de inversión de la ANDE para Generación y Transmisión, destacando la relevancia estratégica de esta visita en el fortalecimiento de posibles inversiones provenientes de Taiwán en Paraguay.

En los últimos años, organizaciones criminales fueron ingresando para el establecimiento de bases de producción de marihuana, generando a su paso un grave perjuicio ambiental.

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La tarea coordinada entre la SENAD y el MADES permitió dar inicio a una fuerte ofensiva contra estas estructuras que deforestan, principalmente, los bosques del Parque Nacional Caazapá para la producción ilícita de marihuana.

En el primer día de incursión, el grupo operativo detectó y destruyó 12 campamentos narcos, donde fueron localizados 45 mil kilos de marihuana picada. Así también, procedieron a la erradicación de 21 hectáreas de plantaciones de cannabis.

En base a la superficie de cultivo eliminada y la droga lista encontrada, se estima que fueron sacadas de circulación al menos 108 mil kilos de marihuana, que representan un lucro cesante al crimen organizado de aproximadamente 3 millones 240 mil dólares americanos.

La operación seguirá por varios días más en la zona. Las tareas estuvieron coordinadas con el Agente Fiscal Abg. César Martínez Chamorro.