El agente fiscal Jorge Arce sostuvo que la declaración de la directora de DINAVISA, María Antonieta Gamarra, es muy importante debido a que confirma los elementos colectados en la etapa investigativa. 

La testigo declaró que las 50 camas eléctricas, ingresadas al país durante la pandemia, no contaban con registro sanitario. Gamarra dijo además que los insumos médicos debían contar con registro sanitario para su importación, circunstancia que debió ser tenida en cuenta para la salida de las camas de los depósitos de Aduanas.

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También declararon en el juicio, el entonces administrador de Aduanas del aeropuerto, Enrique Paredes, además de Juan Ricardo Valdez, igualmente funcionario de Aduanas en el aeropuerto. Otro testigo que declaró fue Manuel Fernández, quien intervino en el procedimiento sumarial en Aduanas, y la despachante Cristhian Carvallo, quienes aportaron datos relevantes acerca del procedimiento realizado por los acusados en el marco de la importación de los insumos médicos.

Para el Ministerio Público, estas declaraciones serían importantes pues demostrarían que los acusados pidieron a DINAVISA el registro sanitario de los productos solamente luego de que se descubrió el ingreso de los mismos al país.

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La Fiscalía sostiene que Justo Ferreira y su hija Patricia, dirigían una estructura delictiva para el ingreso al país, sin autorización, de mercaderías durante la pandemia del covid-19.

Un automóvil tuvo problemas de movilidad sobre la ruta PY 01, poco después del semáforo para el desvío a la Avda. Cadete Boquerón. El vehículo quedó paralizado sobre un carril y los ocupantes activaron la luz de stop, pese a lo cual, una motocicleta chocó contra la parte trasera del rodado.

De los dos ocupantes de la moto, uno sufrió una fractura de fémur y otro tuvo excoriaciones. Ambos fueron trasladados conscientes y estables a un centro asistencial, según explicó a los medios el capitán de bomberos, Santiago Martínez.

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La mujer que iba en el auto con su familia relató que al salir a la ex avenida Acceso Sur tuvieron problemas mecánicos y prendieron la luz de stop. Negó que no hayan activado este mecanismo y pidió conseguir imágenes para demostrarlo.

Por su parte, el motociclista, en evidente estado de ebriedad, aseguró que el auto no tenía ninguna luz encendida, cayó en algunas incoherencias y finalmente dijo que no sabe qué pasó.

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A las 17:45 de ayer viernes, feriado patrio y Día de la Madre, fue aprehendida Élida López de 42 años, luego de una denuncia de violencia que recibió el sistema 911 y derivó a la jurisdicción policial correspondiente.

“Se encontraba en estado etílico, golpeó a su marido, luego a los menores, amenazando con quemar la casa y matar a los niños. Y también amenazó con suicidarse, incluso llegó a poner una soga al cuello”, explicó a los medios el subcomisario Mario Gamarra, subjefe de la Comisaría 23 de Ypané.

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Los intervinientes le practicaron el alcotest que dio como resultado 0,629 mg/L. Posteriormente la llevaron a la comisaría, donde pasó la noche a la espera de lo que disponga el Ministerio Público.

El resultado del alcotest.

Según el marido, la mujer es adicta al alcohol y cada vez que lo consume se vuelve agresiva y pone en peligro a su familia, aunque nunca había llegado a este extremo en el que estuvo cerca de acabar con todos.

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Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú emitieron un comunicado conjunto para sentar posición acerca de lo que acontece en Bolivia.

“Manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, expresa el pronunciamiento.

Señalan que rechazan toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático, y alterar la institucionalidad del Gobierno elegido democráticamente en los comicios del 2025.

“Reiteramos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos y exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”, concluyen.

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El Gobierno de Bolivia llegó anoche a un acuerdo con miles de mineros que exigían la renuncia de Rodrigo Paz por considerar que no atiende sus reclamos.

“Hemos tenido una larguísima reunión, casi 12 horas conversando, hemos logrado varios acuerdos”, dijo a la prensa José Gabriel Espinoza, ministro de Economía”, sin dar detalles al respecto.

Sin embargo, otros sectores mantienen bloqueados los accesos a la ciudad, sede del Ejecutivo y el Congreso.

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