Corrupción en pandemia: baja condena para empresario del clan Ferreira
El empresario Justo Ferreira fue encontrado culpable por contrabando en el caso Insumos Médicos (Imedic) y recibió una leve condena de solo tres años de cárcel. Este fue el más escandaloso caso de corrupción en pandemia durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez.
El periodista Aldo Ynsfrán, de Nación Media, informó que el tribunal de sentencia, integrado por Elsa Garcia, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, condenó a tres años de cárcel a Justo Ferreira, encontrado culpable por contrabando en el caso Imedic S.A.
Mientras que su hija Patricia Ferreria, el despachante aduanero Carlos Gamarra, Guillermo Molinas y Gustavo Acosta fueron absueltos de culpa y pena. Los delitos absueltos son uso de documentos no auténticos, contrabando y asociación criminal.
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Los fiscales anticorrupción Jorge Arce y Osmar Legal habían pedido una pena de 6 años de cárcel para Justo y Patricia Ferreira, por el ingreso al país de 50 camas hospitalarias de alta gama sin autorización durante la pandemia del Covid-19.
La Fiscalía sostuvo que el 18 de abril de 2020 ingresaron al país no solo las 400 camas solicitadas, sino 450 y el excedente eran camas eléctricas de alta gama, que no estaban previstas en los papeles, pero aún así ingresaron a territorio paraguayo.
LA DENUNCIA
El Congreso de Paraguay promulgó en abril de este año la ley N° 6524/2020 que declaró Estado de Emergencia en todo el territorio ante la pandemia por el Covid-19. Con esta normativa se autorizó la contratación de un préstamo internacional por valor de US$ 1.600 millones para fortalecer el sistema de salud y los programas sociales necesarios para asistir a la población.
A un mes del inicio de la cuarentena y mientras miles de familias paraguayas fueron obligados a permanecer encerradas en sus casas, el Ministerio de Salud procedió a adjudicar los primeros contratos para la compra de insumos de emergencia con el objetivo de combatir el avance del Covid-19 en nuestro país. Se gastaron 13,5 millones de dólares en una sola contratación y se benefició a empresas de dudosos antecedentes.
La investigación del caso arrancó el martes 14 de abril en el programa La Caja Negra. El trabajo consistió en observar y contrastar los datos abiertos publicados en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas. Los primeras pistas del caso revelaban que la millonaria contratación se había hecho vía excepción alegando “urgencia impostergable”, es decir no hubo concurso de precio y el proceso arrancó plagado de irregularidades.
Las empresas beneficiadas por el ministerio de Salud fueron: Insumos Médicos SA (Imedic) cuya representante es Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, por un monto total de G. 47.952.500.000 y Eurotec SA, cuyo representante legal según los datos de del portal de Contrataciones Públicas es Marcelo Rubén Ferreira Pascottini, favorecida con un contrato de G. 37.268.000.000. La compra directa vía excepción benefició así a empresas pertenecientes a un mismo clan familiar.
Las empresas del clan Ferreira beneficiadas con los contratos se comprometieron a proveer al Ministerio de Salud 40 mil protectores faciales, 30 mil protectores oculares, 6 millones de máscaras quirúrgicas, 80 mil trajes de protección para riesgos biológicos, 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos y 50 camas manuales para pacientes con Covid-19.
Las empresas beneficiadas con los contratos finalmente no cumplieron con lo pactado, la carga de insumos llegó incompleta y no correspondían a lo pactado en el contrato. El ministerio de salud tuvo que rescindir los contratos y solicitar la devolución del anticipo pagado.
La compra fallida y el intento de negociado tuvo terribles consecuencias para el sistema de salud, dejando desprotegidos por meses al personal de blanco y administrativo de los hospitales, así como a los pacientes que concurrían a ellos.
La investigación demostró la colusión (empresas vinculadas a un mismo clan familiar), el pago irregular de un anticipo de 17 mil millones a favor de ambas firmas, la falta de transparencia en el proceso de contratación y la tentativa de estafa contra el Estado paraguayo.
Madre muere ahogada al intentar salvar a sus hijas: una niña sigue desaparecida
Una madre perdió la vida al ahogarse en el río Paraná, en un loteamiento privado en el barrio Santa Rosa del Guaviju, del distrito San Juan del Paraná, departamento de Itapúa. Su hija de 8 años está desaparecida. Una niña de 9 años logró salvarse tras la acción de su madre.
Según el reporte brindado por el policía Arnaldo Núñez al canal GEN, la mujer, identificada como Mirian Graciela Vera (48) , se encontraba en la zona junto a sus dos hijas cuando ambas menores fueron arrastradas por la corriente. En un intento desesperado por rescatarlas, la madre logró salvar a una de ellas (una niña de 9 años), pero terminó perdiendo la vida en el intento de rescatar a la otra menor, de 8 años, que todavía permanece desaparecida. Se aguarda la llegada de la Armada Naval para continuar con la búsqueda.
El lamentable hecho ocurrió en un sector de un loteamiento privado que fue acondicionado con parrillas, sombrillas y espacios recreativos, pero que no cuenta con habilitación para bañistas ni presencia de guardavidas. Si bien existe un cartel de advertencia en la entrada del predio indicando la prohibición de ingresar al agua, este se encuentra alejado de la playa, lo que podría contribuir a que los visitantes ignoren el peligro.
La zona presenta una caída profunda del agua apenas unos metros después de la orilla, lo que representa un alto riesgo para quienes ingresan sin conocer las condiciones del lugar.
Las autoridades locales, incluyendo personal policial, la fiscal de turno y el médico forense, ya se encuentran en el lugar para llevar a cabo los procedimientos de rigor.
Arrancan cirugías reconstructivas gratuitas en Hospital de Concepción
Este miércoles se llevaron a cabo las primeras cirugías reconstructivas gratuitas, como parte del programa “Ñemyatyro”, en el Hospital Regional de Concepción. Unos 120 pacientes serán beneficiados.
El Hospital Regional de Concepción es partícipe de un importante programa impulsado por el Ministerio de Salud Pública, en beneficio de personas de escasos recursos.
Se trata de “Ñemyatyro”, destinado a ofrecer cirugías reconstructivas de forma gratuita y que ayer tuvo su primera jornada de actividades.
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Más de 40 profesionales de la salud participan de esta iniciativa, que logrará beneficiar a cerca de 120 personas, las cuales serán sometidas a diversos tipos de intervenciones.
Los beneficiarios son personas afectadas por problemas congénitos, secuelas de accidentes, labio leporino, quemaduras, por citar algunos ejemplos.
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El Dr. Bruno Balmelli, médico cirujano, destacó la descentralización de cirugías de difícil acceso, llevándolas fuera de la capital del país, y principalmente la posibilidad de ayudar a la reinserción social y laboral de los pacientes.
Las cirugías reconstructivas proseguirán este jueves, extendiéndose hasta mañana viernes, cuando se prevé también una jornada de capacitación, informó el periodista de Nación Media, Ángel Flecha.
Fiscalía aún no accede a chats de Lalo y cuestiona filtraciones
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, expresó su preocupación por la filtración de los chats del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y señaló que el Ministerio Público aún no accedió oficialmente a la pericia del celular. Además resaltó que la Fiscalía actuó de forma inmediata al divulgarse estas conversaciones, con la apertura de una causa, la remisión de antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el traslado de los agentes vinculados.
“Es realmente preocupante (la filtración), tenemos que acceder a la información. Nosotros no tenemos fuerza propia, dependemos de la información que nos brindan para crear evidencias”, manifestó Emiliano Rolón en charla con la prensa.
El fiscal general indicó que la filtración de los mensajes ocurrió sin la participación de la Fiscalía. Además, señaló que el juez Osmar Legal “se apropió de las evidencias esenciales y las distribuyó para su desgrabación”.
Rolón destacó que el Ministerio Público fue la única institución que reaccionó de inmediato, abriendo una causa, trasladando agentes involucrados y remitiendo antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Sin embargo, enfatizó que sin acceso completo a la información, no se pueden tomar decisiones definitivas.
“El Ministerio Público es el que forma el caso, pero aún no tenemos todos los elementos. Desde el viernes dimos tres respuestas rápidas, sin hacer juicios de valor, porque la exclusión de un fiscal solo la puede determinar el Jurado”, explicó.
Consultado sobre la posibilidad de abrir una carpeta fiscal contra los medios que divulgaron los chats, Rolón evitó pronunciarse con contundencia, pero subrayó que “nadie está exento de ser investigado” y, a la vez, recordó que existen garantías constitucionales que protegen esta labor investigativa de la prensa. “No quiero apresurarme a nada, solo pido prudencia. Debemos trabajar con las reglas del derecho y garantizar tanto la investigación como las garantías constitucionales”, añadió.