Corrupción en pandemia: baja condena para empresario del clan Ferreira

El empresario Justo Ferreira fue encontrado culpable por contrabando en el caso Insumos Médicos (Imedic) y recibió una leve condena de solo tres años de cárcel. Este fue el más escandaloso caso de corrupción en pandemia durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez.

El periodista Aldo Ynsfrán, de Nación Media, informó que el tribunal de sentencia, integrado por Elsa Garcia, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, condenó a tres años de cárcel a Justo Ferreira, encontrado culpable por contrabando en el caso Imedic S.A.

Mientras que su hija Patricia Ferreria, el despachante aduanero Carlos Gamarra, Guillermo Molinas y Gustavo Acosta fueron absueltos de culpa y pena. Los delitos absueltos son uso de documentos no auténticos, contrabando y asociación criminal.

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Los fiscales anticorrupción Jorge Arce y Osmar Legal habían pedido una pena de 6 años de cárcel para Justo y Patricia Ferreira, por el ingreso al país de 50 camas hospitalarias de alta gama sin autorización durante la pandemia del Covid-19.

La Fiscalía sostuvo que el 18 de abril de 2020 ingresaron al país no solo las 400 camas solicitadas, sino 450 y el excedente eran camas eléctricas de alta gama, que no estaban previstas en los papeles, pero aún así ingresaron a territorio paraguayo.

LA DENUNCIA

El Congreso de Paraguay promulgó en abril de este año la ley N° 6524/2020 que declaró Estado de Emergencia en todo el territorio ante la pandemia por el Covid-19. Con esta normativa se autorizó la contratación de un préstamo internacional por valor de US$ 1.600 millones para fortalecer el sistema de salud y los programas sociales necesarios para asistir a la población.

A un mes del inicio de la cuarentena y mientras miles de familias paraguayas fueron obligados a permanecer encerradas en sus casas, el Ministerio de Salud procedió a adjudicar los primeros contratos para la compra de insumos de emergencia con el objetivo de combatir el avance del Covid-19 en nuestro país. Se gastaron 13,5 millones de dólares en una sola contratación y se benefició a empresas de dudosos antecedentes.

La investigación del caso arrancó el martes 14 de abril en el programa La Caja Negra. El trabajo consistió en observar y contrastar los datos abiertos publicados en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas. Los primeras pistas del caso revelaban que la millonaria contratación se había hecho vía excepción alegando “urgencia impostergable”, es decir no hubo concurso de precio y el proceso arrancó plagado de irregularidades.

Las empresas beneficiadas por el ministerio de Salud fueron: Insumos Médicos SA (Imedic) cuya representante es Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, por un monto total de G. 47.952.500.000 y Eurotec SA, cuyo representante legal según los datos de del portal de Contrataciones Públicas es Marcelo Rubén Ferreira Pascottini, favorecida con un contrato de G. 37.268.000.000. La compra directa vía excepción benefició así a empresas pertenecientes a un mismo clan familiar.

Las empresas del clan Ferreira beneficiadas con los contratos se comprometieron a proveer al Ministerio de Salud 40 mil protectores faciales, 30 mil protectores oculares, 6 millones de máscaras quirúrgicas, 80 mil trajes de protección para riesgos biológicos, 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos y 50 camas manuales para pacientes con Covid-19.

Las empresas beneficiadas con los contratos finalmente no cumplieron con lo pactado, la carga de insumos llegó incompleta y no correspondían a lo pactado en el contrato. El ministerio de salud tuvo que rescindir los contratos y solicitar la devolución del anticipo pagado.

La compra fallida y el intento de negociado tuvo terribles consecuencias para el sistema de salud, dejando desprotegidos por meses al personal de blanco y administrativo de los hospitales, así como a los pacientes que concurrían a ellos.

La investigación demostró la colusión (empresas vinculadas a un mismo clan familiar), el pago irregular de un anticipo de 17 mil millones a favor de ambas firmas, la falta de transparencia en el proceso de contratación y la tentativa de estafa contra el Estado paraguayo.

Mayoristas inician campaña de descuentos en 970 productos

Hasta el 30 % de descuento aplicarán los supermercados mayoristas adheridos a la Comampar. La campaña Ahorrá Py incluirá unos 970 productos esenciales y 52 marcas.

Yerba mate, aceite, arroz, fideos, gaseosas, embutidos, artículos de higiene personal limpieza son algunos de los productos que tendrán hasta el 30 % de descuento desde hoy 5 de diciembre hasta el 19 de este mes.

Las mercaderías estarán debidamente identificadas con la señalética oficial de la campaña Ahorrá Py.

En esta edición se suman unos 52 proveedores con más de 970 productos.

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Los negocios participantes: Comercial San Cayetano, Comercial Rubencito, Comercial Virgen del Rosario, Casa Grütter, Comercial Deisy, Comercial Baby, Mercado SUPERMAS, Comercial El Cacique. Supermercado Guaraní, Supermercado Irene, La Economia Comercial, Supermercado Ña Vero, Comercial Torito II, Total Abasto, Comercial La Economia, FORTIS Mayorista, El Ahorrazo, BOX Mayorista, Comercial La Candelaria y Supermercado Colón.

La Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (COMAMPAR) realiza la campaña con el apoyo de el Viceministerio Comercio y Servicios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC),

Ejecutivo propone prohibir uso de teléfonos en las aulas: objetivos y excepciones

El presidente Santiago Peña anunció un proyecto de ley para regular el uso de celulares en los colegios. Se establecen prohibiciones durante casi todo el tiempo, incluso en los recreos, pero también excepciones y objetivos a largo plazo.

A partir de un análisis técnico y científico que supuestamente muestra un impacto negativo en la salud mental ante el uso irrestricto de los dispositivos en las aulas, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley que regula el uso de celulares y dispositivos electrónicos en instituciones educativas públicas y privadas.

La propuesta establece la prohibición general del uso de celulares durante la jornada escolar, incluyendo recreos, salvo excepciones.

No obstante, permite el uso con fines pedagógicos, pero bajo supervisión docente

Se estipulan excepciones por motivos de accesibilidad, inclusión o salud

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El proyecto obligará a la adecuación de reglamentos escolares en un plazo de seis meses.

Como autoridad de aplicación se designa al Ministerio de Educación y Ciencias, que se ocupará de la reglamentación, fiscalización y campañas.

La implementación de esta propuesta tendrá un impacto en 10 y 20 años en la salud mental, actualmente afectada por la exagerada exposición a las redes sociales, el consumo digital adictivo y el ciberacoso.

Además, contribuirá al aprendizaje en las aulas, que hoy se ve afectado por la distracción permanente y la disminución de la capacidad de concentración.

Luis Ramírez, ministro de Educación, dijo que la tecnología es buena, pero con sentido pedagógico y con guía del docente.

Por su parte, el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, señaló que los celulares han generado aislamiento, pérdida de habilidades sociales y exposición a contenidos dañinos. “Tenemos que preguntarnos qué tipo de niño y adolescente estamos formando. Esta regulación es una oportunidad para educar mejor y protegerlos mejor”, destacó.

Según el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, aseguró que este proyecto se basa en evidencia nacional e internacional que muestra las consecuencias negativas del uso desregulado del teléfono.

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Matan a puñaladas a un venezolano en la Chacarita

Un homicidio doloso ocurrió ayer por la tarde en el barrio Ricardo Brugada, donde resultó víctima un hombre de nacionalidad venezolana.

Efectivos policiales reportaron un asesinato sobre las calles Estados Unidos y Capitán Leguizamón, en la Chacarita.

Un hombre de nacionalidad venezolana recibió múltiples heridas de arma blanca y falleció en el lugar, donde perdió mucha sangre. Se convocó a personal del Dpto. de Criminalística y Médico Forense.

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Los investigadores identificaron a Renso Javier Esquivel Burgos (35) como supuesto autor del hecho. El hombre cuenta con antecedentes penales y de momento se encuentra prófugo.

El operativo estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Hechos Punibles – Regional Central, en coordinación con la comisaría jurisdiccional.

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