Corrupción en pandemia: baja condena para empresario del clan Ferreira
Justo y Patricia Ferreira enfrentan un juicio por el caso Imedic. Foto: archivo.
El empresario Justo Ferreira fue encontrado culpable por contrabando en el caso Insumos Médicos (Imedic) y recibió una leve condena de solo tres años de cárcel. Este fue el más escandaloso caso de corrupción en pandemia durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez.
El periodista Aldo Ynsfrán, de Nación Media, informó que el tribunal de sentencia, integrado por Elsa Garcia, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, condenó a tres años de cárcel a Justo Ferreira, encontrado culpable por contrabando en el caso Imedic S.A.
Mientras que su hija Patricia Ferreria, el despachante aduanero Carlos Gamarra, Guillermo Molinas y Gustavo Acosta fueron absueltos de culpa y pena. Los delitos absueltos son uso de documentos no auténticos, contrabando y asociación criminal.
Nota relacionada: Caso Imedic: Fiscalía pide 6 años de cárcel para el clan Ferreira
Los fiscales anticorrupción Jorge Arce y Osmar Legal habían pedido una pena de 6 años de cárcel para Justo y Patricia Ferreira, por el ingreso al país de 50 camas hospitalarias de alta gama sin autorización durante la pandemia del Covid-19.
La Fiscalía sostuvo que el 18 de abril de 2020 ingresaron al país no solo las 400 camas solicitadas, sino 450 y el excedente eran camas eléctricas de alta gama, que no estaban previstas en los papeles, pero aún así ingresaron a territorio paraguayo.
LA DENUNCIA
El Congreso de Paraguay promulgó en abril de este año la ley N° 6524/2020 que declaró Estado de Emergencia en todo el territorio ante la pandemia por el Covid-19. Con esta normativa se autorizó la contratación de un préstamo internacional por valor de US$ 1.600 millones para fortalecer el sistema de salud y los programas sociales necesarios para asistir a la población.
A un mes del inicio de la cuarentena y mientras miles de familias paraguayas fueron obligados a permanecer encerradas en sus casas, el Ministerio de Salud procedió a adjudicar los primeros contratos para la compra de insumos de emergencia con el objetivo de combatir el avance del Covid-19 en nuestro país. Se gastaron 13,5 millones de dólares en una sola contratación y se benefició a empresas de dudosos antecedentes.
La investigación del caso arrancó el martes 14 de abril en el programa La Caja Negra. El trabajo consistió en observar y contrastar los datos abiertos publicados en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas. Los primeras pistas del caso revelaban que la millonaria contratación se había hecho vía excepción alegando “urgencia impostergable”, es decir no hubo concurso de precio y el proceso arrancó plagado de irregularidades.
Las empresas beneficiadas por el ministerio de Salud fueron: Insumos Médicos SA (Imedic) cuya representante es Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, por un monto total de G. 47.952.500.000 y Eurotec SA, cuyo representante legal según los datos de del portal de Contrataciones Públicas es Marcelo Rubén Ferreira Pascottini, favorecida con un contrato de G. 37.268.000.000. La compra directa vía excepción benefició así a empresas pertenecientes a un mismo clan familiar.
Las empresas del clan Ferreira beneficiadas con los contratos se comprometieron a proveer al Ministerio de Salud 40 mil protectores faciales, 30 mil protectores oculares, 6 millones de máscaras quirúrgicas, 80 mil trajes de protección para riesgos biológicos, 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos y 50 camas manuales para pacientes con Covid-19.
Las empresas beneficiadas con los contratos finalmente no cumplieron con lo pactado, la carga de insumos llegó incompleta y no correspondían a lo pactado en el contrato. El ministerio de salud tuvo que rescindir los contratos y solicitar la devolución del anticipo pagado.
La compra fallida y el intento de negociado tuvo terribles consecuencias para el sistema de salud, dejando desprotegidos por meses al personal de blanco y administrativo de los hospitales, así como a los pacientes que concurrían a ellos.
La investigación demostró la colusión (empresas vinculadas a un mismo clan familiar), el pago irregular de un anticipo de 17 mil millones a favor de ambas firmas, la falta de transparencia en el proceso de contratación y la tentativa de estafa contra el Estado paraguayo.
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Prisión para joven acusado de agredir brutalmente a su hijastra con TEA en PJC
La pequeña fue derivada al hospital por su madre. Foto: Gentileza.
Una pequeña de seis años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) se encuentra bajo observación médica Pedro Juan Caballero a raíz de múltiples contusiones corporales, hecho por el cual su padrastro de 23 años fue imputado y puesto tras las rejas.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por la madre de la pequeña, la menor había quedado bajo cuidado de su pareja mientras ella cumplía su jornada laboral en una peluquería de la zona.
La mujer fue alertada por los propios familiares del acusado sobre la situación por la que estaba atravesando su hija, y al retornar al hogar, la misma niña en medio de su inocencia, manifestó que el joven de 23 años la había maltratado físicamente a lo largo de todo el día.
De inmediato, la mujer llevó al área de Urgencia Pediátrica del Hospital Regional, donde la profesional médica a cargo en la guardia detectó diversos traumatismos en la paciente
La doctora puso en marcha los mecanismos de resguardo a la infancia e informó de la situación a la Policía Nacional, al igual que a los representantes del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.
El diagnóstico elaborado por el perito forense Marco Prieto corroboró la presencia de marcas por golpes y laceraciones distribuidas en el tórax, la extremidad superior derecha y ambos miembros inferiores.
La agente fiscal María Mirtha Martínez formuló la imputación correspondiente y requirió al juzgado la medida cautelar de prisión preventiva para el sospechoso.
Asunción: intendente acompaña el proceso de revisión en Vialidad tras denuncias
Asunción: intendente acompaña el proceso de revisión en Vialidad tras denuncias
El intendente de Asunción, Luis Bello, se presentó en la Dirección de Vialidad Municipal para acompañar de cerca el proceso de revisión iniciado tras las denuncias sobre un presunto uso irregular de recursos de la institución.
La presencia del jefe comunal se dio durante las primeras acciones desarrolladas en la dependencia, donde se busca avanzar en el relevamiento de la situación interna y en la recopilación de información sobre los hechos denunciados.
Desde la Municipalidad señalaron que Bello seguirá de cerca el desarrollo del proceso, con el objetivo de que se esclarezcan las circunstancias denunciadas y se determinen eventuales responsabilidades, en caso de que correspondan.
La Dirección de Vialidad quedó bajo un proceso de intervención dispuesto por la Intendencia de Asunción, luego de que surgieran cuestionamientos relacionados al supuesto uso de recursos municipales para fines particulares.
Para encabezar esta etapa fue designado el abogado Óscar Pérez, quien tendrá a su cargo la investigación administrativa dentro de la dependencia y la conducción del área mientras dure el proceso de revisión.
La intervención contempla además un análisis del funcionamiento interno de la dirección, así como de los procedimientos administrativos aplicados en la gestión de recursos y servicios.
Con su presencia en el lugar, Bello buscó transmitir un acompañamiento directo al proceso iniciado y ratificar la intención de avanzar con una revisión de la dependencia municipal.
Buscan que la toma de presión y el control de peso sean gratuitos en las farmacias
La propuesta contempla que las farmacias realicen gratis toma de presión arterial, pesaje corporal, control de glucemia y orientación sobre hábitos saludables. Foto: Ilustrativa
Un proyecto de ley impulsado en la Cámara de Diputados propone que las farmacias habilitadas del país brinden mediciones gratuitas de presión arterial, glucosa y peso como parte de su responsabilidad social. La iniciativa apunta a detectar a tiempo patologías silenciosas como la diabetes y la hipertensión, facilitando el acceso a la prevención en comunidades con atención médica limitada.
La propuesta surge como respuesta al avance de patologías consideradas entre los mayores desafíos de la salud pública en Paraguay. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social citados en el proyecto, un porcentaje significativo de la población padece estas afecciones sin saberlo debido a la falta de chequeos periódicos, lo que deriva en diagnósticos tardíos y complicaciones severas.
Bajo el marco de la responsabilidad social empresarial, la iniciativa, presentada por el diputado Édgar Olmedo, contempla que las farmacias realicen pruebas de baja complejidad que incluyan la toma de presión arterial, pesaje corporal, control de glucemia y orientación sobre hábitos saludables.
Según se especifica en el documento, estas acciones no pretenden reemplazar la consulta médica profesional, sino actuar como un filtro de alerta temprana para derivar oportunamente a los pacientes al sistema de salud.
La normativa proyecta además un esquema de articulación público-privada que permita reducir el gasto público sanitario a largo plazo, ya que la prevención y el tratamiento precoz representan un costo sustancialmente menor que la atención de infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal.
De lograr aprobación parlamentaria, el Ministerio de Salud se encargará de la supervisión técnica, la capacitación del personal y el resguardo de la confidencialidad de los datos, mientras se prevén incentivos para las farmacias con programas destacados de promoción de la salud.
