La Fiscalía Adjunta de Deli­tos Económicos había anunciado la apertura de una investiga­ción por supuesto enriqueci­miento ilícito contra el dipu­tado colorado Miguel Cuevas (Colorado Añetete), actual presidente de la Cámara Baja.

La denun­cia que involucra al actual pre­sidente de la Cámara de Dipu­tados guarda relación con su época de gobernador de Para­guarí, entre los años 2013 al 2017, cargo al cual renunció para candidatarse a diputado por el movimiento Colorado Añetete.

La denuncia fue planteada por el concejal de Ybycuí Eze­quiel Cáceres, quien plantea en su escrito ante el Ministe­rio Público un faltante de al menos 40 mil millones en el presupuesto 2016 de la gober­nación, dinero que tenía que haberse usado, entre otros rubros, a una mejor distribu­ción de la merienda escolar en el departamento de Para­guarí.

LAS PUBLICACIONES

El 9 de agosto pasado, el equipo periodístico de GEN y La Nación publicó la pri­mera nota sobre Miguel Cue­vas y lo que sería el esquema de engaño que fue montado en la Gobernación de Paraguarí, mediante el cual engañaron a decenas de familias con la pro­mesa de entregar pozos arte­sianos u otros trabajos comu­nitarios.

En efecto, la publicación reco­gió lo ocurrido con el Comité de Mujeres Kuña Aty, de Cerro Ko’ê, de Paraguarí. A esta agrupación la adminis­tración de Cuevas le prome­tió crear una huerta familiar que beneficiaría a 12 familias que conforman dicho comité. Para el efecto, la gobernación le compraría los insumos y lo principal, el pozo artesiano para tener agua.

Sin embargo, el pozo nunca se terminó y las facturas que le entregaron a esta organiza­ción habrían sido “clonadas”. La gobernación supuesta­mente compró para el comité Kuña Aty un total de 40 bolsas de fertilizantes por valor de G. 10 millones, según factura N° 2.147, timbrado 11778423, sin fecha, pero de mayo del 2017. La compra se hizo, supuesta­mente, del Comercial Báez de Caazapá. El local está a 136 kilómetros de Paraguarí.

El equipo de GEN y La Nación llegó hasta el Comercial Báez en Caazapá y comprobó que en este local jamás vendieron fer­tilizantes y que nunca fueron proveedores de la Gobernación de Paraguarí. Según la factura original N° 2.147, timbrado 11778423, que consta en sus estados contables de Comer­cial Báez. La firma vendió sal mineral y dos desmamantes por valor de G. 1.760.000 el 22 de mayo del 2017. Además de esta situación, la gobernación hizo figurar que la construc­ción del pozo artesiano para el Comité Kuña Aty costó G. 40 millones a la institución. Sin embargo, la propia empresa que hizo el pozo que figura en los documentos tasó ese mismo trabajo en un total de G. 20 millones.

Lea aquí la historia completa: El esquema de engaño

Estos ejemplos son apenas una muestra de todo el esquema. A esto se suman varias otras denuncias similares, tanto de pozos como de construcciones de escuelas que nunca se ter­minaron o que se hicieron con materiales de mala calidad.

MERIENDA Y NEGOCIO

La merienda escolar en Para­guarí durante los años 2015 y 2016 fue un gran punto para hacer negocios para Cuevas. Como primera medida nom­bró como coordinador de dicho programa a su propio hijo, Enzo Cuevas, quien se encargó de desarrollar el pro­yecto. Como si esto no fuera suficiente, el titular de Diputa­dos le otorgó millonarios con­tratos a la empresa de su nuera y consuegra.

Se trata de la empresa Albicar SRL, que tiene como represen­tante legal a Marina Cañete de Montiel, mamá de Alba Montiel Cañete, esposa de Enzo Miguel Cuevas, el hijo del actual presidente de Dipu­tados. La firma Albicar SRL tiene apenas tres adjudicacio­nes con el Estado desde que empezó a operar en el 2013. De las tres operaciones, dos se hicieron con la Goberna­ción de Paraguarí durante la gestión de Miguel Cuevas en el año 2016 por un monto total de G. 283 millones para pro­veer alimentos para la Escuela Agrícola de Ybycuí –dentro del programa de merienda esco­lar– y también de balanceado para esta misma institución.

Según denuncias, el reparto de la merienda escolar fue pésima durante la adminis­tración del actual presidente de la Cámara de Diputados.

LOS NOMBRAMIENTOS

Desde que llegó a la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas realizó varios nombramien­tos. Toda la gente que ubicó en la Cámara Baja no hizo con­curso público para acceder a los cargos. Además, Cuevas hizo algunos nombramientos llamativos. Nombró con cargo de directores al esposo de la ayu­dante fiscal que investigó una denuncia en su contra y a un secretario del juez que deses­timó el caso. La investigación contra Cuevas se basó en un supuesto faltante de G. 40 mil millones durante su gestión como gobernador de Paraguarí, que terminó desestimada.

Los nombrados fueron Alex Damián Aguirre, quien hasta mediados del año pasado fue funcionario del Poder Judicial, específicamente de la circuns­cripción de Paraguarí, bajo las órdenes del juez Juan Fran­cisco Cabriza, justamente el magistrado que aceptó deses­timar la primera denuncia en contra de Cuevas. Aguirre llegó con el cargo de “director de Asuntos Legislativos”. Otro funcionario que tuvo igual suerte fue Juan Gabriel Espí­nola Vega, esposo de María Liz Alcaraz, asistente de la fiscala Sonia Pereira, de Paraguarí, la agente que lleva adelante la investigación en el caso Cue­vas. De hecho, la firma de Alca­raz aparece en las primeras pesquisas que hizo el Minis­terio Público en la causa.

Unos días después de la publi­cación de La Nación, desde la Cámara Baja confirmaron que Alex Aguirre finalmente no continuó con el cargo y que solamente cobró el mes de agosto como funcionario.

LOS TRACTORES MÁGICOS

Durante el período de Miguel Cuevas como gobernador de Paraguarí se cargaron com­bustibles a móviles sin moto­res y otros que estaban ya totalmente destartalados. Eso es lo que confirmó el equipo de GEN y La Nación cuando revisó las órdenes de trabajo que se emitieron en el 2016 para trabajos de campo por parte de la Gobernación de Paraguarí y que en total suman G. 1.231 millones. En efecto, la propia Contralo­ría General de la República había objetado este hecho. Según las documentaciones a las que accedió La Nación, gra­cias al pedido de información pública, se utilizaron al menos 8 vehículos (entre tractores y camionetas) que no tenían motor para justificar la com­pra de combustibles.

ESPOSA INVESTIGADA

El trabajo periodístico de GEN y La Nación confirmó además que Nancy Florentín de Cue­vas, esposa de Miguel Cuevas, no asistía a la escuela Inglaterra de Sapucai, en donde figura en la planilla, pero igual cobraba regularmente su sueldo, supe­rior a los G. 5 millones.

La profesora Nancy aparece en los registros oficiales de dicha institución académica como “bibliotecaria” y “técnica administrativa”. Después de las averiguaciones del equipo periodístico, se presentó una extraña resolución mediante la cual la “profe” Nancy supuestamente estaba bene­ficiada con un permiso espe­cial para ausentarse a trabajar.

Tras todas las pruebas arri­madas, desde el Ministerio de Educación no tuvieron otra que reconocer la situa­ción irregular de la profesora Nancy y el propio ministro, Eduardo Petta, reconoció ante los medios que la esposa del presidente de la Cámara de Diputados figuraba en la lista de docentes investigadas por presunto planillerismo.

FUEROS

Miguel Cuevas aseguró en su momento que no tendría problema en solicitar que le quiten los fueros para que sea investi­gado. Dijo, además que vive en una casa “común y corriente”. Reiteró que está a dis­posición de la Justicia y que no tiene nada que ocultar. De nuevo aseguró que todo lo que se publica en su contra se debe a una persecución política.

Por Cinthia Mora, periodista.

La campaña de perse­cución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alca­raz, con el objetivo de invo­lucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se inves­tiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.

En agosto de 2023, al asu­mir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las reco­mendaciones del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los gra­ves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la apli­cación de protocolos para evi­tar tales situaciones y corre­gir los malos manejos.

Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funciona­rios asignados a la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico y la apli­cación de los protocolos reco­mendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministe­rio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Can­tero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.

Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministe­rio Público aportaron infor­mación relevante que permi­tieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.

El documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández fue descubierto gracias a la colaboración de la actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz (Crédito: Acta de imputación)

EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS

Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos infor­mes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inte­ligencia Financiera.

La respuesta de la Sepre­lad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brú­jula” de la investigación fis­cal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este docu­mento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección Gene­ral de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.

El documento secreto fue uti­lizado como base para la ela­boración del informe de inte­ligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministe­rio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “informa­ción espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institu­ción. En el borrador se intro­dujo información falsa y ter­giversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.

Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución polí­tica ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.

El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electróni­cos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcio­narios de la Unidad de Inteli­gencia Financiera de la Sepre­lad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.

En estos correos se detalla la manera en que fue incorpo­rado el documento secreto, redactado por Farías y Fer­nández, al circuito institucio­nal de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos tam­bién se ordenaba incorporar al documento oficial infor­mación tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.

DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC

Publicaciones de tinte mali­cioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sis­tema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.

La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencio­nado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.

Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extran­jero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercam­biar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de con­tacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el minis­tro de Seprelad Carlos Arre­gui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

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