Parte del informe de la auditoría médica realizada por la Superintendencia de Salud al sanatorio Migone señala que se visualiza, a través de las imágenes de circuito cerrado, “una falta de liderazgo en un área donde debe primar órdenes claras y sistemáticas con un nivel de respuesta inmediata. Ya que para la activación del código rojo desde el primer aviso de urgencia pediatrica pasaron varios minutos para ser activado por profesional que se encontraba de manera circunstancial en el lugar, existiendo otros profesionales de guardia presenten en ese momento”.

Destaca que los profesionales de salud presentes en el box del área de urgencia “no se ajustaron al compromiso de poner en práctica los principios y fundamentos éticos, respetando la dignidad humana y solidaridad”.

Señala que los profesionales que se encontraban en el box de médicos, al momento de la solicitud de ayuda realizada por al madre de Renato “no han actuado de forma empática que obliga a todo profesional de salud a realizar mínimamente los cuidados ante el reclamo y solicitud de ayuda. Se observa la falta de compromiso asumido al inicio de la carrera médica con el Juramento Hipocrático, debiendo todo profesional médico prestar ayuda ante cualquier llamado o solicitud de pedido de auxilio”.

El informe firmado por la doctora Estela Quiñónez Meza, jefa del Departamento de Auditoría Médica fue entregado ayer en la Unidad Penal Nº 14 del Ministerio Público.

La conclusión se basa en el análisis del expediente clínico, verificaciones in situ, estudios realizados, descargo de profesionales involucrados en al atención directa y video arrimado al expediente ya que en el vídeo no enfoca el área donde se realiza la atención personalizada del paciente.

En cuanto al área de urgencia del Sanatorio Migone se concluye que la institución cuenta con protocolo de RAC – TRIAJE, implementado para clasificación de pacientes y que se ajustó a las normas con la clasificación de riesgo de paciente, RAC realizado al niño a su ingreso con clasificación tres – amarillo.

El informe concluye que al momento de la verificación el centro asistencial contaba con Carro de Paro con precinta de seguridad para garantizar la custodia de elementos allí contenidos, tienen anexo listado de insumos y medicamentos con registro diario, protocolo para manejo de reposición de los mismos, utilizados en caso de urgencias o emergencias.

El área de urgencias es compartida por niños y adultos, cuentan con un box referido como sala de aislado pediátrico y reposición donde fue internado.

“Al momento de la verificación por parte de la auditoría médica del lugar de Urgencias en fecha 5 de setiembre de 2019 contaban con los insumos necesarios y equipos, incluyendo sistemas o paneles de gases medicinales y vacíos funcionando”, indica el informe.

Entre las recomendaciones al sanatorio se menciona que este realice la readecuación del área de Urgencias, la designación de un Coordinador Médico responsable del Área de Urgencias y la implementación del protocolo para prescripción médica, escrita, legible y autorizada.

Además, el informe sugiere a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependencia del MSP que realice una pericia sobre eventuales efectos adversos de los medicamentos utilizados en el tratamiento del niño Renato con ondansetron y ceftriazona.

Desde la familia, afirman que el informe no es conclusivo y no están conformes debido a que no incluye sanciones ni condenas sino solo realiza recomendaciones además de inconsistencias en las declaraciones de la Doctora Laura Sena, pediatra que atendió a Renato quien afirma que el Doctor Antonio Arbo fue quien dio indicación de aplicar el ondansetron, vía telefónica, siendo que él solo indicó la aplicación de antibiótico.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.