El juez penal de Garantías Humberto Otazú, se vio obligado a posponer la diligencia que estaba marcada para hoy cuando fue informado que Eduardo Domínguez, hombre de confianza de Friedmann cuando éste era gobernador, presentó excepción de incompetencia territorial, con lo que solicita es que sea juzgado en los tribunales del Guairá y no en Asunción.

El magistrado señaló que correrá traslado a la fiscalía de este incidente y luego lo resolverá, mientras tanto no se puede realizar diligencia alguna ya que está en discusión la competencia del juzgador.

La jugada una vez más es perfecta para frenar la marcha del proceso, la semana pasada también una serie de chicanas que habían planteado los otros procesados fueron resueltas en la Cámara de Apelación y se devolvió el expediente al juzgado después de un mes, cuando se iba a dar continuidad al caso, se vuelve a plantear otra chicana, que da inicio a un vía crucis judicial por el juzgado y la Cámara que llevará cómo mínimo un mes de trámite.

Cuando el expediente baje al juzgado se tiene que estudiar la reposición que presentó el abogado Guillermo Duarte Cacavelos a favor de Rodolfo Friedmann, pero el recurso fue planteado con apelación, por lo que indefectiblemente el incidente debe ir a la Cámara de Apelación. De esta manera el caso que investiga el vinculo que tiene Friedmann con la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) que ganaba todas las licitaciones cuando el parlamentario era gobernador del Guairá quedará nuevamente parado por otro largo tiempo.

Con total impunidad los abogados de los imputados se están turnando para presentar chicanas para ir frenando la marcha del proceso. El 31 de agosto se imputó a Rodolfo Friedmann, Marly Figueredo, el diputado Ever Noguera, Silvio Alvaro Alfaro, Lourdes González y Eduardo Domínguez, pero hasta ahora no se pudo realizar una sola diligencia en el expediente debido a las reiteradas chicanas.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.