¿Por qué si el consorcio Cedicor está tan seguro de que el proceso licitatorio vía Alianza Público Privada (APP) para la modernización y ampliación del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi está fraguado no actuó como establece el pliego de bases y condiciones con respecto a las impugnaciones?

Los representantes del consorcio recurrieron a la prensa y se reunieron con un grupo de senadores y diputados de la oposición para que les acompañen en su denuncia de supuestos manejos irregulares en el proceso. Sin embargo, en la Sección V, del pliego de bases y condiciones de la referida licitación, en el artículo 32 de las Impugnaciones, se establece el mecanismo que las empresas deben seguir para hacer sus reclamos y denuncias.

“Podrá interponerse Recursos de Reconsideración contra las decisiones de calificación o adjudicación ante la Administración Contratante en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación respectiva. El recurso deberá estar fundado e ir acompañado de toda la documentación correspondiente al acto impugnado, al igual que la garantía de impugnación exigida en el PBC. Dicha garantía será ejecutable si la impugnación fuere rechazada”, dice el inciso 1 del artículo 32 del pliego.

Además, en el punto 2 señala: “Como condición de admisibilidad para cada impugnación que el recurrente pueda interponer, éste deberá presentar una garantía de impugnación por valor de un monto equivalente a US$ 1.486.000 (un millón cuatrocientos ochenta y seis mil dólares) al tipo de cambio del Banco Central del Paraguay a la fecha de interposición del recurso…”.

Cedicor no activó esta garantía para efectuar su impugnación. A juzgar por las publicaciones periodísticas en otros países donde el Grupo Eurnekián participa en licitaciones públicas, se lee que utilizan el mismo modus operandi: instalan la discusión en la prensa y en sectores políticos, pero nunca realizan una denuncia formal en las instancias que corresponden y establece el pliego.

Este modo de actuar le sirvió en el Uruguay, donde el grupo argentino se quedó finalmente con la concesión de aeropuertos. Fue tan fuerte la campaña mediática que realizaron, acompañada por grupos políticos, que finalmente el gobierno de turno optó por la cancelación del proceso.

Con esto logran espantar a las empresas que pugnan, ya que evidencia que el gobierno de turno cede a las presiones mediáticas y políticas, y finalmente, el grupo termina compitiendo solo en el proceso, quedándose con la adjudicación. Esto mismo quieren que suceda en Paraguay. De hecho, los representantes de Cedicor sostienen que el llamado debe declararse desierto, por las supuestas irregularidades que computan al consorcio que está en competencia, que es Sacyr Concesiones.

FACSÍMIL: En el pliego de bases y condiciones de la licitación para la modernización del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi se establece claramente cuál es el procedimiento a seguir con respecto a las protestas e impugnaciones por parte de los oferentes.

“Tenemos la capacidad técnica y moral”

La ingeniera Claudia Centurión, directora de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones(MOPC), manifestó que el equipo encargado de llevar adelante el proceso de licitación para la modernización y ampliación del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi tiene la capacidad técnica y moral para encarar un proceso, al que calificó como absolutamente transparente.

“Es un proceso transparente. Un proceso honesto que se ha llevado de una manera de que todos los paraguayos debemos sentirnos orgullosos. Así ha sido no solo el proceso de adjudicación del aeropuerto, sino de todos los procesos. Estamos trabajando en proyectos que son transformadores para el país”, indicó. A su criterio, todavía en algunos sectores no se genera la misma ansiedad de tener un Paraguay moderno.

“Todos debemos sentirnos orgullosos del proceso. Este fue participativo desde el día uno. Están todos los documentos publicados en el portal de la SecretaríaTécnica de Planificación, lo mismo en el portal de la DirecciónNacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Nosotros guardamos con celo los aspectos de conveniencia para el país”, destacó la ingeniera.

Acerca de los reclamos y dudas generadas en este proceso,Centurión dijo que el MOPC respondió a todas las consultas generadas por la Contraloría General de la República,como también por la Comisión Permanente del Congreso.

“Estamos disponibles con los documentos en mano para demostrar que fue un proceso igualitario. Todos los oferentes han tenido la misma calidad ante los ojos del Estado.Trabajamos de manera interinstitucional con equipos de nivel. Acá nadie tiene nombre ni apellido, ganará siempre la mejor oferta y lo más conveniente para los intereses del Estado. Hicimos un trabajo serio y comprometido con el país”, destacó la profesional.

Finalmente, sobre las denuncias de la firma descalificada del proceso y la intención de que se declare desierto el llamado, Centurión manifestó que seguirán trabajando. “Es un proceso activo y creemos que la gran mayoría de los paraguayos se merecen y necesitan un proyecto moderno para el país”, concluyó.

Reconoce temor

Raúl Silva, abogado del consorcio Cedicor, sostiene que presentó un escrito de impugnación en la licitación para la modernización del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, pero reconoce que no lo hicieron formalmente. “El pliego establece que habría que depositar US$ 1,5 millones para poder hacer la impugnación, no presentar una póliza de impugnación por ese valor, una póliza que tenía que ser abonada al solo requerimiento de la convocante. Para nosotros no tenía ningún sentido hacer la impugnación y depositar el dinero cuando el organismo que iba a juzgar la impugnación era el mismo que nos eliminó”, explica el representante legal del consorcio que quedó descalificado del proceso.

Agrega que ante la descalificación ya se imaginaban la respuesta y con eso se perdía el dinero de la caución.“Porque si perdíamos la protesta,el MOPC se quedaba con ese dinero o ejecutaba la póliza. Si es que perdíamos,entonces, no tenía ningún sentido, por lo que no nos quedó más opción que formular las denuncias de irregularidades que nosotros considerábamos ante la Comisión Permanente del Congreso, porque el Congreso ya estaba en receso”, puntualizó Silva.

Alegó que la denuncia ante el Legislativo la hicieron en virtud de lo establecido en el Artículo 3° de la Constitución Nacional, que dice que los poderes públicos están representados por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en un sistema de coordinación, equilibrio y recíproco control.

“De ese recíproco control lo que nosotros nos valimos para que el Congreso controle este proceso, porque o si no íbamos a perder esos US$ 1,5 millones”, explicó el abogado de Cedicor.

Reglas del juego

Consultado acerca de que el depósito de los US$ 1,5 millones para plantear la impugnación formaba parte de la regla del juego del proceso, Raúl Silva reconoció tal cosa, pero se preguntó por qué esa regla la tenían que cumplir solo ellos y no la convocante.

“Es correcto que esa era la regla del juego, pero por qué esa regla la teníamos que cumplir nosotros y no la propia entidad que elaboró las reglas del juego. Esto por las dos irregularidades, primero, le meten a Vinci (firma oferente) por la ventana, modificando el pliego.Esa modificación sustancial se tenía que hacer por adenda, sin embargo, ellos (MOPC) hacen la modificación para que pueda entrar Vinci con la respuesta de una consulta que realiza y con eso le habilitan. Ellos rompen primero las reglas del juego. Segundo, mantienen a Sacyr en competencia debiendo descalificarle por la demanda de incumplimiento,alegando que se trata de otra sociedad.Entonces, las reglas tenemos que cumplirlas y respetarlas nosotros que fuimos descalificados, pero ellos no. De eso nos agarramos y dijimos que no íbamos a cumplir la regla si sabíamos que perderíamos los US$ 1,5 millones”,concluyó.

FUENTE: La Nación

Con el primer equipo de Ondas de Choque Radial en el Hospital de Trauma, se introduce una innovadora terapia en Salud Pública para combatir dolores articulares con un tratamiento no invasivo que produce alteraciones en la permeabilidad celular, generando un efecto analgésico y metabólico.

Las ondas acústicas generadas por esta terapia activan efectos biológicos que conducen a la curación más rápida y regeneración de los tejidos a largo plazo cuando están lesionados, logrando así disminuir la inflamación y, por consiguiente, el dolor articular, informó el Ministerio de Salud.

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Este tratamiento ayuda a acelerar el alivio del dolor y restablecer la movilidad de la zona afectada con altos niveles de éxito, sin el uso de medicamentos ni sedación y sin efectos secundarios.

La terapia de ondas de choque cubre una amplia gama de indicaciones: bursitis de hombro, codo, cadera y rodillas, epicondilitis lateral y medial, diversas tendinitis (bicipital, rotuliana, aquiliana, entre otras), fascitis plantar y espolones calcáneos. Cada sesión dura entre 20 y 30 minutos, y se necesitan entre 4 y 5 sesiones, una vez por semana, para lograr el porcentaje del éxito esperado.

En promedio, 2.900 pacientes son atendidos al mes en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación.

De acuerdo al protocolo de atención, el paciente puede acercarse con cualquier orden proveniente de servicios dependientes del Ministerio de Salud, no solamente del hospital de Trauma.

Al paciente que se acerca con su orden de onda de choque se le requerirá evaluación del kinesiólogo certificado. Todos los pacientes indicados deberán estar munidos de sus estudios por imágenes, como ecografía de partes blandas.

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El agente fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Zonal de Luque, interviene en el Anticipo Jurisdiccional de Prueba de pericia en obras, para determinar el sistema de seguridad civil y vial del tránsito. Es en el marco de la investigación por la muerte de Sara Nilde Benítez (48) y Nilda Luján Barrios Benítez (21), quienes fueron arrastradas el miércoles por el caudaloso raudal al cauce hídrico en cercanías del club Balderrama.

Participaron de la diligencia, la perito Olga Fleitas del Laboratorio Forense del Ministerio Público y la defensora pública en lo Penal de Luque, Zulma Sánchez. La profesional perito deberá establecer como puntos de pericia: la verificación de las obras o construcciones técnicas y si las mismas poseían las caracteristicas de seguridad para el tránsito de peatones y vehículos.

El fiscal Romero solicitó como urgente este procedimiento teniendo en cuenta que la zona es de alto tráfico de vehículos y personas, y se debe precautelar la escena para que no sea modificada, ocultada o destruida.

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El juez laboral Rubén Darío López hizo lugar al amparo de la abogada Alejandra Peralta Merlo y ordenó a la senadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, que la desbloquee en la red social “X”, permitiendo” el acceso inmediato a la información de índole pública que transmita en la misma”.

Además de realizar dicho desbloqueo, la congresista se debe hacer cargo de las costas del juicio, de acuerdo con el fallo del magistrado.

Según el fallo, la lesión se configura por el hecho mismo de la privación de la libertad a la libre expresión, de pensamiento y de opinión, y el de difundir información. Con el bloqueo la demandada restringe la toma de conocimiento de las actuaciones realizadas como autoridad pública en su gestión, también pública, como así también la posibilidad de formarse una opinión libre de prejuicios o errores, de trascendental importancia para la futura elección de sus representantes, de acuerdo con la apreciación del juez.