Luis Calderón, de la organización Socorro, indicó al canal GEN / Nación Media que existen males estructurales y sistémicos que deben ser corregidos para poner fin a la creciente ola de inseguridad. Actualmente la estadística habla de ocho asaltos violentos a diario en la ciudad de Asunción, sin embargo, Calderón resaltó que el subregistro es altísimo.

De lo que va de este año, la Policía detuvo a 2.200 delincuentes, de los cuales 30 a 50 están en el sistema penitenciario. “Se los libera inmediatamente”, cuestionó en entrevistado y agregó que el 100% de los motochorros son reincidentes en sus delitos.

“El sistema penitenciario hace años que se encuentra en terapia intensiva y va creciendo en el descontrol. Las cárceles hoy son centros de capacitación de perfeccionamiento de delincuentes, que entran como principiantes y salen formando parte de grandes estructuras criminales”, dijo.

Al parecer de Calderón, las autoridades nacionales deben abordar con suma seriedad la problemática de la inseguridad en nuestro país. “Los delitos urbanos crecieron de manera exponencial y en la zona rural tenemos los delitos transnacionales, los abigeos y las invasiones. Hay muchísimas cosas que hacer y vemos que las autoridades están en el vyrorei total. Estos temas que son fundamentales están lejos de nuestras autoridades”, refirió.

El experto en seguridad indicó que falta voluntad política y una verdadera política de Estado para abordar de manera seria la criminalidad reinante y atacar el verdadero origen del problema: las drogas. Detalló que actualmente hay 500 mil menores consumidores, representando entre el 10 y 20% de esa franja etaria.

#SDN ☀

Luis Calderón, de la organización #Socorro, nos informa sobre el preocupante aumento de casos de inseguridad a nivel país 🇵🇾👊😞

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— GEN (@SomosGENAhora) June 30, 2022

Esta sospecha policial se suma a un juicio en curso al exmandatario ante la corte suprema, acusado de liderar una trama golpista en 2022, y a su inhabilitación electoral hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación.

La policía cree que hay indicios suficientes para inculpar a Bolsonaro en el caso conocido como “Abin paralela”, que investiga si la agencia brasileña de inteligencia (Abin) fue usada para espiar a objetivos definidos por el gobierno bolsonarista (2019-2022).

“La Policía Federal concluyó su investigación sobre la existencia de una organización criminal que vigilaba ilegalmente a las autoridades públicas y producía noticias falsas”, indicó el organismo en un comunicado.

“El informe final fue remitido al Supremo Tribunal Federal” mientras el trámite sigue “bajo reserva”, agregó.

“Jair Bolsonaro nunca fue siquiera oído en este proceso (...) e incluso así fue indiciado”, se quejó uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, en su cuenta de la red social X.

También confirmó que su hermano, el concejal Carlos Bolsonaro, está entre los apuntados por la policía.

Según la prensa brasileña, entre los espiados a través de sus computadoras y celulares había periodistas y autoridades de los tres poderes públicos, como el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a quien Bolsonaro ha llamado “dictador” en el pasado.

ESPIONAJE A PARAGUAY

La Agencia de Inteligencia del Brasil ejecutó una operación de espionaje contra nuestro país acerca de las estrategias barajadas para la negociación de la tarifa de Itaipú y del Anexo C.

La ABIN habría recurrido a herramientas especializadas y estrategias de inteligenciapara la obtención decontraseñas e informaciones sensiblesde sus objetivos.

Desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva negaron haber ordenado dicha infiltración, acusando directamente al expresidente Jair Bolsonaro por el supuesto espionaje a Paraguay.

Bolsonaro, de 70 años, enfrenta actualmente un juicio ante la corte por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, señalado de haber liderado sin éxito un plan para impedir la asunción de Lula, luego de que lo derrotara en las elecciones de ese año.

El expresidente está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de urnas electrónicas, pero insiste en que quiere ser candidato en 2026.

Según fundamentaciones, las modificaciones introducidas por el Senado son solo de forma y no de fondo, por lo que corresponde aceptar la versión de la cámara revisora.

Las comisiones de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y de Legislación y Codificación de Diputados, recomendaron la aprobación con las modificaciones propuestas.

Esta iniciativa, según la exposición de motivos, surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país, especialmente, en el departamento de Alto Paraná, donde se ha constatado su utilización en diversos hechos delictivos como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales.

El proyecto, presentado busca establecer además un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.

También propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.

Otra medida propuesta es la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.

Entre los cambios, se agregó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador del ámbito técnico de reglamentación y control específico. También se incluyó al Ministerio del Interior en el ámbito administrativo de control.

El Prof. Dr. Walter Delgado, director de Admisión de la UNA, explicó que el cursillo probatorio de ingreso era obligatorio para quienes anhelaban ingresar a la carrera de Medicina, pero detectaron varios problemas que motivaron a realizar un ajuste.

Uno de los motivos es la igualdad de oportunidades para todos los postulantes, porque implicaba una alta carga horaria durante el año lectivo que era imposible cumplir, principalmente, para aquellos que residen lejos de la casa de estudios ubicada en Sajonia.

“Es muy complicado ir y venir, entonces notamos que eso generaba una deserción importante entre los postulantes, ahora queremos disminuir esas variables y darle oportunidad a la gente que termina el colegio para que pueda aplicar”, expresó Delgado al canal GEN/Nación Media.

Esta nueva disposición comenzará a regir desde el próximo año, y no significa que se elimina el examen de ingreso, solo la obligatoriedad del cursillo de ingreso.

Las fechas de inscripción se extenderán desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y los exámenes de ingreso se realizarán del 6 al 13 de febrero de 2026.