Ambos negocios (salones de belleza y gimnasios) tuvieron gastos extras para poner en condiciones sus locales y así volver a recibir clientes, bajo estrictas medidas sanitarias y evitar la propagación del covid-19, por disposición del Ministerio de Salud.

Sin embargo, dichos gastos son un “plus” adicional que se suma al precio del servicio.

Sobre ese punto, el director de la Sedeco explicó que los dueños deben notificar previamente a todos los clientes el sobrecargo ligado al servicio.

“Ellos (por los propietarios) deben informar a los clientes sobre el pago aparte del servicio. Está lo que se denomina el ‘servicio a la información’ y deben colocar en un cartel dicho cobro”, expresó en contacto con HOY.

Estigarribia manifestó que, en caso de que la persona no tenga conocimiento del pago extra, puede presentar sus quejas en la página web de Sedeco, llenando el formulario de reclamos, o vía email a reclamos@sedeco.gov.py, adjuntando la factura, con un breve relato del hecho.

Depende de cada dueño

Patricia González, miembro de la Federación de Empresarios de la Belleza (FEB), declaró que el nuevo cobro se realiza bajo el concepto de “bioseguridad” y que es opcional, es decir, depende de cada dueño del salón si quiere tarifarlo o no.

“Nosotros informamos previamente a nuestros clientes sobre dicho cobro porque nos parece más justo y honesto. En caso de que el cliente acepte, nosotros lo atendemos”, expresó en contacto con HOY.

Agregó que el protocolo sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud es que todos los clientes deben lavarse el pelo. “Algo que la mayoría no quiere pero acepta, ya que a nosotros nos exige el Ministerio”, aclaró.

González explicó que dichos gastos extras que asumen para poner en condiciones sanitarias los salones, son de un cobro de G. 15.0000 o G. 20.000. Asimismo, manifestó que todo es debidamente notificado a los clientes como política de la FEB.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.