Los diputados Sebastián Villarejo (PQ), Sebastián García (PQ), Kattya González (PEN), Norma Camacho (PEN), Rocío Vallejo (PQ), Celeste Amarilla (PLRA), Tito Ibarrola (Hagamos) y Carlos Rejala anunciaron la presentación de una nota dirigida a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez.

El documento consiste en un urgimiento a la Fiscalía respecto a la investigación iniciada en el marco de la licitación del Ministerio de Salud para la compra de insumos médicos y equipos de bioseguridad de las empresas Imedic y Eurotec.

Los parlamentarios piden “como ciudadanos y representantes de la ciudadanía” todo el empeño de la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos que motivaron la presentación de sendas denuncias de corrupción pública.

La nota expresa el pedido que realizan de un informe que contenga la individualización de las causas penales incluyendo el n´mero, fiscales asignados y lugar donde radica el expediente; los avances de la investigación (diligencias peticionadas, si existen o no imputados, medidas otorgadas en el caso); y el motivo por el cual no se han formulado aún imputaciones.

Los diputados sostienen que los hechos de corrupción denunciados ante el Ministerio Público “son de interés nacional” y por ello exigen que la institución pueda entablar “canales de comunicación con los denunciantes, de manera a motorizar el principio de rendición de cuentas públicas”.

En su cuenta de Twitter, la diputada Kattya González compartió este documento junto con el siguiente mensaje: “Hay un mensaje peligroso que quiere instalarse desde el Ejecutivo que ‘no hubo daño patrimonial’ en las compras fallidas de insumos en pandemia”.

Cabe recordar que la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19, encabezada por el ministro Arnaldo Giuzzio, determinó que la licitación del MSPBS para la compra de insumos no implicó “pérdidas económicas y perjuicios patrimoniales”.

Hay un mensaje peligroso que quiere instalarse desde el Ejecutivo que “no hubo daño patrimonial” en las compras fallidas de insumos en pandemia. Mañana los Diputados que hicimos las denuncias presentamos un urgimiento al @MinPublicoPy y pedimos un relevamiento sobre los avances pic.twitter.com/52Td3V8Jhn

— Kattya Gonzalez (@KattyaGonzalez9) July 6, 2020

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.