La diferencia entre la ley anterior y la que ahora está vigente y fue promulgada por el Ejecutivo es que se establecen plazos en los distintos momentos del proceso para emitir un providencia, para dictaminar, en cuánto tiempo remitir informes y prevé una sanción si no se cumplen estos tiempos para los operadores, punto que tampoco contemplaba la normativa anterior.

La Ley 6486 “De promoción y protección del derecho del niño, niña y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopcióN” consta de 124 artículos y reemplaza a la ley de adopciones y modifica también varios artículos de la Ley 1680/2001 Código de la Niñez y la Adolescencia.

Dora Verón, directora del Centro de Adopciones explicó que la institución tiene la obligación de liquidar la situación con la familia biológica del niño, niña o adolescente porque no debe quedar nada pendiente para cerrar las etapas de la adopción.

Según los registros, se tiene que se tarda entre tres y cuatro años para concluir un proceso de adopción y es uno de los problemas identificados, se revisó el marco normativo y buscar soluciones es a lo que se apunta con la nueva ley, indicó.

Entre los pasos que hay que seguir para iniciar un proceso de adopción, Verón explicó que la persona interesada debe presentarse en el Centro de Adopciones para llenar un formulario donde queda constancia de datos y se le entrega una lista de documentos que debe acompañar esa solicitud como certificado médico, antecedente policial, certificado de trabajo o de ingreso que acredite que la persona tiene la posibilidad de mantener a un niño.

Una vez entregados los documentos junto al formulario este se recibe y se inicia el proceso de evaluación que consiste en varias entrevistas primero con un abogado que explica todo el aspecto legal del proceso, luego la psicóloga que realiza la evaluación y el perfil del candidato y se cierra con la trabajadora social que visita la casa del solicitante.

“Todo ese proceso dura al menos dos meses y luego viene una resolución de acreditación del consejo como familia postulante para adopción que pasa a integrar la lista en la que tenemos más de 100 familias y se establece un orden cronológico por el que fueron acreditados, no es rígido el orden porque en las evaluaciones surge el perfil del niño que esa familia está dispuesta a aceptar”, explicó en contacto con La Unión.

Ya cuando el niño es declarado en estado de adopción y tiene una familia propuesta se comunica al Juzgado de la Niñez y el juez inicia el proceso de adopción y se comunica la postulación a la familia para que esta se presente a ratificar su pretensión se le traslada a las partes el proceso que son el Defensor del Niño y el Fiscal de la Niñez.

Verón puntualizó que los nuevos procesos de adopción que se inician ya están sometidos a la nueva ley y en lo posible todo debe concluir en un plazo de seis meses.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.