A solicitud de la Intendencia de Ciudad del Este, la Junta Municipal esteña aprobó a tambor batiente un préstamo del que poca información se tiene. Se opusieron los concejales colorados Ernesto Guerín y Jaime Méndez, pero los números no fueron suficientes.

En total son 10.000 millones de guaraníes con un banco de plaza a una tasa que no podrá ser superior al 12 %. El dinero sería utilizado para el pago de salarios y otros gastos corrientes.

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“Había sido no tenemos dinero, o sea que todo fue populismo, se le cae la careta al populismo a lo que es la administración de Miguel Prieto, por eso no trabajan las plantas asfálticas, por eso los buses son sobrefacturados y ni siquiera teníamos conocimiento de qué se iba a tratar”, expresó el concejal Guerín, en una entrevista con el corresponsal de Gen, Gustavo Galeano.

Indicó que ni siquiera se sabe a dónde irán los recursos del préstamo ni de qué manera serán utilizados y responsabilizó exclusivamente a los ediles del movimiento Yo Creo.

Señaló que la tasa de interés equivaldría a 1.200 millones, es decir, en total se endeudaría al contribuyente esteño por G. 1.200 millones.

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Las jornadas serán del 17 al 19 de marzo, de 08:00 a 15:00, en el salón auditorio del ministerio, ubicada en Asunción.

Los interesados podrán realizar el registro en REPSE y recibir orientación sobre los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La inscripción se realiza en cumplimiento al Artículo 11 de la Ley N.º 7613/2025, que establece la obligatoriedad de registro para los prestadores de servicios de belleza.

La normativa tiene como objetivo regular las relaciones entre los propietarios de salones de belleza y los profesionales que prestan servicios en el sector.

La convocatoria está dirigida a prestadores de servicios de belleza y actividades afines, incluidos tanto dueños de salones como profesionales independientes del rubro. No obstante, se aclaró que los trabajadores que se encuentren en situación de dependencia laboral quedan exentos de la inscripción en el REPSE.

Uno de los puntos principales del acuerdo es que Petropar garantiza la Zafra Alcoholera 2026 y la compra del 100% de la caña de azúcar de los productores censados.

Asimismo, el ente se comprometió a brindar asistencia técnica, insumos agrícolas y trabajo conjunto para avanzar hacia una futura planta de molienda.

“Este acuerdo fue posible gracias al trabajo del Gobierno del presidente Santiago Peña, apostando al diálogo y a la tranquilidad de las familias cañicultoras”, indicó Petropar.

Al respecto del acuerdo, el gobernador de Guairá, César Sosa, dijo al canal GEN que también se habló del compromiso de destrabar el problema judicial que impide el avance del proyecto del Tren de Molienda en la planta de Mauricio José Troche.

“Queremos que se solucione lo más rápido posible y se tenga una mejoría. Estamos muy esperanzados”, subrayó el gobernador.

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Cabe mencionar que el proyecto quedó paralizado debido a una presunta sobrefacturación gigantesca registrada durante la administración de Mario Abdo Benítez.

La denuncia de Petropar busca esclarecer los hechos para evitar que la situación genere más pérdidas para el Estado, ya que la obra, tal como está, no puede funcionar por problemas de diseño al no prever consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña, además de la correcta gestión del subproducto: la linaza.

Alfonso Jacobo, presidente del gremio, manifestó la preocupación del sector ante el plan que tendría el Ministerio de Economía para mejorar el gasto público y eliminar los innecesarios, porque la medida atenta directamente a los trabajadores.

La propuesta sería la de suspender todos los contratos con empresas de seguridad privadas en las instituciones del Estado, y dar a la Policía Nacional el trabajo de vigilancia, sin embargo, esta eventual medida podría dejar sin empleo a unos 50 mil guardias.

“Estamos preocupados como gremio porque vamos a ser muy perjudicados, muchas fuentes de trabajo en juego”, expresó Jacobo a la radio Universo 970/Nación Media.

Si bien aclaró que aún no existe una comunicación oficial sobre la intención, sostuvo que tienen información de fuentes cercanas al Gobierno.

Piden que no se excluya de las licitaciones el servicio de seguridad privada dentro de las instituciones, y que la Policía solo se encargue de los alrededores.

“El trabajo de la policía es cuidar a la ciudadanía, esa es su naturaleza, ahora ellos van a desviar poniendo a los uniformados en las instituciones”, agregó.