La última fase del con­curso para contrata­ción de personal en Itaipú Binacional está en marcha y se prevé que las entrevistas culminen en 15 días más, esto en medio de incesantes denuncias, críti­cas por la serie de irregula­ridades que realiza la ciuda­danía.

El rango etario exigido para sus participantes que no supera los 35 años, la fle­xibilización selectiva de las reglas del concurso, la extensión de fechas límite para completar documen­tos y la presencia de al menos una treintena de aspirantes “favoritos” detectados, fun­cionarios ya acomodados dentro de la binacional vie­nen siendo muy cuestionados por los aspirantes y la socie­dad en general.

Otros cuestionamientos del concurso son los requisitos que fueron ajustados, ya que parecían estar preparados prácticamente a la medida de participantes allegados a los jefes de la binacional, como se vio, por ejemplo, en el cargo para “gestor de turismo-ar­quitecto” en el que se requería que los postulantes además del título de arquitecto, cuen­ten con diplomado en gestión de proyectos turísticos sus­tentables.

Coincidentemente, quien cumplía con todas las exigen­cias para el cargo y ahora está entre los finalistas del con­curso es Liz Tatiana Aquino, aspirante al referido puesto que ya se encuentra trabajando en la binacional a cargo del superintendente de Turismo, Juan Manuel Azuaga. Un dato no menor es que a su vez Azuaga es presidente del Ins­tituto Fundación Ambiental, donde se dicta el referido diplo­mado exigido para el cargo que busca Aquino.

Nuestro medio identificó a familiares de los jefes de la binacional en la lista de los miles de participantes que se anotaron para concursar por uno de los 220 cargos vacantes promocionados por la Itaipú. Uno de ellos es Mauricio Andrés Leguiza­món, aspirante finalista del concurso e hijo del jefe del Departamento de Ingenie­ría de Seguridad y Medicina del Trabajo, Ángel Andrés Leguizamón. Además de Mauricio, fueron identifi­cados otros 34 finalistas muy bien conectados que están a un paso de conse­guir uno de los puestos que inicialmente estaban dirigi­dos para “nuevos trabajado­res”. (Ver infografía)

Otra queja es sobre la supuesta flexibilización selectiva de las reglas del concurso, como la admisión de finalistas sin los títulos requeridos en las exi­gencias de vacantes. Un ejem­plo de esto es el caso de Bianca Araceli Sosa, finalista para el cargo de “gestor de contratos” que fue denunciada ante la Superintendencia de Recur­sos Humanos de la entidad, por supuestamente no con­tar con el título exigido para el puesto.

Según el reglamento publi­cado por la binacional, los 660 finalistas seleccionados luego de los exámenes escri­tos debían presentar en las ofi­cinas de la entidad sus docu­mentos de forma física hasta el pasado 23 de junio, fecha límite que fue postergada en detrimento de las normas del concurso.

El amparo constitucional presentado por el gremio Auténticos Aboga­dos del Paraguay (AAP) para frenar el cuestionado proceso de selec­ción de personal de Itaipú fue rechazado por el juzgado por “no justifi­car la personería”.

“El juzgado mintió en su resolución al manifestar que los accionan­tes no tienen personería para promover el amparo”, sostuvo el abo­gado Juan Prieto, presidente del AAP.

El abogado sostiene haber incluido los documentos de la persone­ría jurídica de su gremio junto con el amparo mencionado y en la tarde de ayer presentó un recurso de apelación para rever la resolu­ción del juzgado.

La apelación quedó a espera de la aprobación del juez Martín Acosta Conde, quien debe dar trámite en el transcurso del día.

El Crio. Víctor Presentado, subjefe de la Comisaría 11 de Asunción, informó que, a las 3:30 de la madrugada recibieron el aviso del 011 sobre un asalto a mano armada en el local de Biggie situado sobre Denis Roa y Juan Manuel Frutos.

“Al llegar, nos recibieron con disparos e intentaron salir por la parte trasera, le tomaron como escudo a una empleada para huir, un hombre subió al auto, momento en que procedimos a su aprehensión e incautamos una pistola y una escopeta”, relató el comisario, en un contacto con Gen- Nación Media.

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El aprehendido fue identificado como Francisco Ramón Otazú Giménez, con antecedentes por homicidio doloso, robo agravado, reducción y otros hechos punibles.

Además, la Policía recuperó un vehículo de color negro que, según el chasis, presentaba denuncia de hurto en la Comisaría 15 de Barcequillo, San Lorenzo, por lo que, fue recuperado.

Los demás delincuentes huyeron a pie y se cambiaron de ropa por el camino para despistar a los policías y cada uno tomó una dirección diferente.

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El momento más esperado del año para todo trabajador es el del cobro del decimotercer salario, que equivale a la suma de todo lo percibido en el año, dividido entre 12. Se incluye horas extraordinarias, comisiones, etc.

Se excluye la bonificación familiar, reposo médico y el permiso por maternidad. Quienes necesiten un cálculo más exacto pueden utilizar la calculadora de aguinaldos, disponible en la página web del Ministerio del Trabajo.

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La fecha límite para pagar el aguinaldo es el 30 de diciembre del año en curso, según lo establece el Código del Trabajo. El empleador que pase esta fecha es pasible de una multa de hasta 10 jornales por cada trabajador, sanción que está a cargo del Ministerio.

Ante la falta de cobro, el trabajador puede hacer su denuncia a partir del 2 de enero del 2024 en forma presencial en la sede del Ministerio de Trabajo (Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí, Asunción) así como en las oficinas regionales del interior del país. Otras vías habilitadas son: denuncias online, o mediante llamada al 021- 729 0100, internos 551 y 552.

El aguinaldo es un derecho irrenunciable. Bajo ninguna circunstancia se puede negar el cobro de esta remuneración, incluso aunque el empleador acuse dificultades económicas o falta de utilidades. Ninguna carta ni documento puede acreditar la renuncia al aguinaldo. El aguinaldo es inembargable.

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El platal que se llevan de manera directa cier­tas organizaciones civiles, las famosas oene­gés, algunas que se jactan de anticorrupción mientras se alzan con miles de millo­nes en contratos entre las que aparece privilegiada una entidad satélite del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), sugiere un alto grado de mer­cadeo gracias a la corrupción que se denuncia, por cierto, de manera muy selectiva.

Es así que la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (Fedem), mane­jada por un grupo de escra­chadores “anticorrupción”, se adjudicó G. 800 millo­nes en setiembre de 2021, es decir, en plena pande­mia, gracias a un contrato que le otorgó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu­ridad Social (MTESS), con la administración de la exmi­nistra Carla Bacigalupo para la ejecución del proyecto “Formación y Capacitación Laboral para Comunidades de Escasos Recursos”.

Cabe remarcar que la Fedem funciona en una pequeña ofi­cina en la zona de Loma Pytã de la ciudad de Asunción, según constatamos con una visita de nuestro equipo. No se sabe de su estructura ni se ven mayores infraestructu­ras para la cantidad de cursos y especialidades que deman­daron los servicios contrata­dos consistentes en los cursos de cocina, albañilería, mecá­nica de motos y electricidad domiciliaria, que figuran en el contrato con el Ministerio de Trabajo. Además de este convenio hay otro de enero de 2021 firmado con el Sis­tema Nacional de Forma­ción y Capacitación Laboral (Sinafocal), también parte del MTESS para cursos de cocina, repostería, corte y confección, cajero en el marco del proyecto “Formación y Capacitación Laboral Online para Comunidades de Esca­sos Recursos”, cuyo monto no logramos identificar debido a que no se encuentra disponi­ble en el portal de rendiciones de cuentas de la Contraloría General de la República.

La Fedem es una de las orga­nizaciones que conforman la Coalición por la Legali­dad del proyecto Más Ciu­dadanía, menos corrupción impulsada por el Desarro­llo (CIRD) y que se dedican a talleres y protestas contra el nepotismo en el Estado, especialmente aquellos que involucran a sus corruptos favoritos. Así también entre las actividades de los antico­rrupción resaltan cuestiona­mientos a la falta de trans­parencia y la impunidad; sin embargo, no se inmu­taron ante la escandalosa repartija del dinero público entre el clan del presidente del CIRD, Agustín Carri­zosa Gubetich, ni la contra­tación de operadores políti­cos del movimiento político del expresidente Mario Abdo Benítez en las últimas cam­pañas electorales, a costa del sensible proyecto de Reacti­vación Económica Poscovid que costó G. 6.093 millones.

La hija de Carrizosa de nombre Paola Carrizosa Bradshaw; su pareja, María Berta Rojas Aveiro; su cuñada Marta María Rojas Aveiro; Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordina­dor del proyecto Más ciuda­danía, menos corrupción, Francisco Darío Alcaraz, inflaron sus bolsillos con proyecto poscovid.

El presidente de la Fedem Miguel Sanabria Irepa es un activo militante anticorrup­ción, se lo ve en redes sociales participando con aliados del CIRD como la oenegé Coor­dinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), la Con­traloría Ciudadana Luque y Somos Anticorrupción.

Otros miembros de la privi­legiada oenegé Fedem con jugosos contratos en MTESS son Hugo Gualberto Váz­quez, Rubén Darío Esco­bar, Mariano Bareiro Soria, todos combatientes contra la impunidad y defensores de la Secretaría Nacional Antico­rrupción cuya eficacia genera muchas dudas.

Desde Nación Media con­tactamos con el presidente Sanabria, quien confirmó los acuerdos mencionados, pero dijo no recordar los montos de las transferencias recibi­das, dónde se desarrollaron los cursos y quiénes fueron los profesionales contra­tados para la ejecución de estos. Al ser consultado sobre la estructura con la que dis­pone la ONG, ya no obtuvimos respuesta.