Los ministros Alberto Martínez Simón y Antonio Fretes desde el año pasado se encuentran realizando una serie de diligencias en el marco del proyecto de implementación de la herramienta “Inteligencia Artificial” dentro del Poder Judicial.

En este caso, la propuesta apunta a aplicar un software especial dentro de la gestión de la Sala Constitucional de la Corte, primeramente en un módulo experimental.

Se trata de “Prometea”, un sistema de inteligencia artificial que combina detección inteligente, predicción, asistencia inteligente y automatización utilizado para “optimizar exponencialmente procesos burocráticos”, de acuerdo a la descripción en su página oficial.

Esta herramienta de origen argentino ya ha sido aplicada con éxito en diversos organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el Ministerio de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, la Fiscalía General en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Constitucional de Colombia, entre otros.

En entrevista con Universo 970 AM, Martínez Simón comentó que pretenden conseguir apoyo del exterior para poder financiar su adquisición y así no incurrir en gastos para el Estado. De no lograr dicho objetivo, se tendrían que utilizar necesariamente los recursos propios de la Corte.

La inteligencia artificial sería una ayuda para la resolución de cierto tipo de procesos que son muy repetitivos o predecibles, explicó. “Hay ciertas presentaciones que se hacen en gran cantidad, entonces lo que queremos desarrollar es un software que ante la presentación de solicitudes idénticas o similares prepare una respuesta estandarizada que le proponga el juez, entonces él hará la revisión del caso y si se adecua a lo que corresponde firma la resolución que ya está preparada por el sistema”.

La eventual implementación de “Prometea” contribuiría a reducir de forma considerable la mora judicial, además de beneficiar no solo al Poder Judicial sino a otras instituciones como el Ministerio Público o la Defensoría General de la República, afirmó el ministro de la CSJ.

Se espera que en el primer semestre de 2020 ya se cuente con una autorización y con el modelo de la herramienta que iniciará su fase de pruebas en la Sala Constitucional.

El Departamento de Prevención de Polución Sonora y Visual, dependiente de la citada dirección general, lleva adelante verificaciones en establecimientos, con el objetivo de evaluar las condiciones de infraestructura y el cumplimiento de la Ordenanza N° 162/24, que regula los ruidos molestos.

El jefe del Departamento de Prevención de Polución Sonora y Visual de la DGGA, Sergio Ariel Irala Bareiro, explicó que la labor municipal se centra principalmente en el ámbito administrativo y en el control del cumplimiento de la normativa local.

“Nosotros estamos trabajando arduamente desde la Dirección General de Gestión Ambiental, en relación a la ordenanza municipal que regula la polución sonora. Realizamos verificaciones en los locales para constatar si cuentan con las condiciones adecuadas, como sistemas de aislamiento acústico, que permitan evitar molestias a los vecinos”, señaló.

Indicó que los procedimientos incluyen inspecciones en los locales para verificar si las instalaciones cumplen con las exigencias establecidas para su funcionamiento, principalmente en lo referente a la adecuación estructural que permita contener el sonido.

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“Entramos al local, verificamos si está estructurado con algún tipo de aislamiento sonoro. El objetivo principal es que los establecimientos se adecuen para poder operar sin generar molestias a la ciudadanía”, recalcó.

En recientes intervenciones realizadas en distintos sectores de la ciudad, técnicos municipales efectuaron controles y labraron actas administrativas a establecimientos que no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa municipal.

Posteriormente, los antecedentes son remitidos a las instancias correspondientes, para el seguimiento de los procedimientos administrativos que pudieran derivar en sanciones, conforme a lo establecido en la reglamentación vigente.

Desde la Dirección General de Gestión Ambiental remarcaron que la participación ciudadana es fundamental para detectar y actuar ante situaciones de contaminación sonora.

En ese sentido, instaron a los vecinos a realizar sus denuncias a través del WhatsApp de Atención al Ciudadano de la Municipalidad de Asunción (0986 128 777), canal mediante el cual se reciben reportes que luego son derivados para su verificación.

Las jornadas serán del 17 al 19 de marzo, de 08:00 a 15:00, en el salón auditorio del ministerio, ubicada en Asunción.

Los interesados podrán realizar el registro en REPSE y recibir orientación sobre los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La inscripción se realiza en cumplimiento al Artículo 11 de la Ley N.º 7613/2025, que establece la obligatoriedad de registro para los prestadores de servicios de belleza.

La normativa tiene como objetivo regular las relaciones entre los propietarios de salones de belleza y los profesionales que prestan servicios en el sector.

La convocatoria está dirigida a prestadores de servicios de belleza y actividades afines, incluidos tanto dueños de salones como profesionales independientes del rubro. No obstante, se aclaró que los trabajadores que se encuentren en situación de dependencia laboral quedan exentos de la inscripción en el REPSE.

Uno de los puntos principales del acuerdo es que Petropar garantiza la Zafra Alcoholera 2026 y la compra del 100% de la caña de azúcar de los productores censados.

Asimismo, el ente se comprometió a brindar asistencia técnica, insumos agrícolas y trabajo conjunto para avanzar hacia una futura planta de molienda.

“Este acuerdo fue posible gracias al trabajo del Gobierno del presidente Santiago Peña, apostando al diálogo y a la tranquilidad de las familias cañicultoras”, indicó Petropar.

Al respecto del acuerdo, el gobernador de Guairá, César Sosa, dijo al canal GEN que también se habló del compromiso de destrabar el problema judicial que impide el avance del proyecto del Tren de Molienda en la planta de Mauricio José Troche.

“Queremos que se solucione lo más rápido posible y se tenga una mejoría. Estamos muy esperanzados”, subrayó el gobernador.

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Cabe mencionar que el proyecto quedó paralizado debido a una presunta sobrefacturación gigantesca registrada durante la administración de Mario Abdo Benítez.

La denuncia de Petropar busca esclarecer los hechos para evitar que la situación genere más pérdidas para el Estado, ya que la obra, tal como está, no puede funcionar por problemas de diseño al no prever consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña, además de la correcta gestión del subproducto: la linaza.