La golpiza que hizo que la adolescente vomitara sangre y que posteriormente falleciera en un hospital, ocurrió hace una semana en el departamento de Caaguazú (Vaquería). Un militar retirado, cabeza de familia del hogar donde vivía la víctima, le propinó una paliza golpeándola con la rama de un árbol hasta causarle la muerte, por haberla visto besándose con un albañil de 24 años, que realizaba trabajos en la casa.

El militar retirado está en prisión preventiva e imputado por un presunto homicidio involuntario, aunque el fiscal de la causa estudia si fue un homicidio doloso y tuvo realmente intenciones de matar a la menor.

Además de suscitar el repudio de organizaciones sociales y la indignación ciudadana, el caso ha sacado a la luz una práctica arraigada en el país, pero oculta tras las puertas de las casas. Se trata del “criadazgo”, un sistema por el que una familia de escasos recursos entrega a uno o más de sus hijos o hijas a otra con mayor poder adquisitivo, que normalmente reside en otra ciudad, para que se encargue de darle educación, alojamiento y comida.

Ello a cambio de que el menor colabore en las tareas domésticas, sin percibir remuneración económica. “La excusa principal para entregar a los hijos es siempre la educación, pero es la parte del trato que pocas veces se cumple”, explicó a Efe Rosa María Ortiz, que fue vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en Ginebra.

Según Ortiz, la víctima de esta explotación va a la escuela solo cuando su trabajo en el hogar lo permite, no tiene derecho al recreo, pierde el contacto con su familia de origen y con frecuencia recibe castigos físicos y malos tratos.

Son frecuentes además los abusos sexuales y las violaciones, especialmente contra las niñas, que pueden verse después empujadas a la prostitución o la explotación sexual. Además, la víctima sufre desde que entra en el hogar de otra familia un trato discriminatorio y la violación de su derecho a la identidad.

“No se le define por lo que es, sino por todo aquello que no es: no es un niño como los demás de la familia, no tiene el mismo apellido, no recibe el mismo trato. Se convierte en un niño de segunda clase”, afirmó Ortiz, que entre 2012 y 2015 fue relatora para los Derechos de la Niñez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ortiz consideró que “la práctica del “criadazgo” va más allá de la explotación laboral”, y se fundamenta sobre un abanico amplio de violaciones a los derechos de niños y adolescentes.

LA “ESTAFA” EMOCIONAL DE LOS PATRONES

Sobre el origen del “criadazgo”, Tina Alvarenga, miembro de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay, explicó a Efe que en Paraguay está asentado sobre la base de “prejuicios raciales y clasistas” heredados del sistema colonial, que establecía relaciones desiguales de parentesco forzado entre indígenas y colonos.

“Predomina todavía una mentalidad feudal, en la que los señores se creen propietarios de la tierra y de los esclavos, y consideran inferiores a los campesinos y a quienes viven en el interior del país”, afirmó. Alvarenga, que desde los 10 hasta casi los 18 años trabajó como criada en casa de una familia, relató que sus patrones le impedían reunirse con sus padres, indígenas guaraníes, porque temían que “volviera a los malos hábitos”.

Refirió que en estos hogares se crea una “dependencia afectiva” entre los patrones y las víctimas de la explotación, a las que se les hace creer que “siempre estarán en deuda”, lo que dificulta que puedan escapar de su situación.

Unos 46.993 niños y adolescentes en Paraguay están sometidos al “criadazgo”, lo que supone un 2,5 % de la población infantil y adolescente del país, según las cifras de una encuesta oficial de 2011.

Unicef solicitó esta semana a Paraguay la erradicación de esta práctica, debido a que impide a los niños y adolescentes “desarrollarse plenamente y disfrutar de su infancia”. La ley paraguaya prohíbe a los menores de edad la realización de trabajos peligrosos, entre los que incluye al trabajo doméstico, que solo pueden ejercer personas mayores de 18 años.La golpiza que hizo que la adolescente vomitara sangre y que posteriormente falleciera en un hospital, ocurrió hace una semana en el departamento de Caaguazú (centro). Un militar retirado, cabeza de familia del hogar donde vivía la víctima, le propinó una paliza golpeándola con la rama de un árbol hasta causarle la muerte, por haberla visto besándose con un albañil de 24 años, que realizaba trabajos en la casa.

El militar retirado está en prisión preventiva e imputado por un presunto homicidio involuntario, aunque el fiscal de la causa estudia si fue un homicidio doloso y tuvo realmente intenciones de matar a la menor.

Además de suscitar el repudio de organizaciones sociales y la indignación ciudadana, el caso ha sacado a la luz una práctica arraigada en el país, pero oculta tras las puertas de las casas. Se trata del “criadazgo”, un sistema por el que una familia de escasos recursos entrega a uno o más de sus hijos o hijas a otra con mayor poder adquisitivo, que normalmente reside en otra ciudad, para que se encargue de darle educación, alojamiento y comida.

Ello a cambio de que el menor colabore en las tareas domésticas, sin percibir remuneración económica. “La excusa principal para entregar a los hijos es siempre la educación, pero es la parte del trato que pocas veces se cumple”, explicó a Efe Rosa María Ortiz, que fue vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en Ginebra.

Según Ortiz, la víctima de esta explotación va a la escuela solo cuando su trabajo en el hogar lo permite, no tiene derecho al recreo, pierde el contacto con su familia de origen y con frecuencia recibe castigos físicos y malos tratos.

Son frecuentes además los abusos sexuales y las violaciones, especialmente contra las niñas, que pueden verse después empujadas a la prostitución o la explotación sexual. Además, la víctima sufre desde que entra en el hogar de otra familia un trato discriminatorio y la violación de su derecho a la identidad.

“No se le define por lo que es, sino por todo aquello que no es: no es un niño como los demás de la familia, no tiene el mismo apellido, no recibe el mismo trato. Se convierte en un niño de segunda clase”, afirmó Ortiz, que entre 2012 y 2015 fue relatora para los Derechos de la Niñez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ortiz consideró que “la práctica del “criadazgo” va más allá de la explotación laboral”, y se fundamenta sobre un abanico amplio de violaciones a los derechos de niños y adolescentes.

Sobre el origen del “criadazgo”, Tina Alvarenga, miembro de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay, explicó a Efe que en Paraguay está asentado sobre la base de “prejuicios raciales y clasistas” heredados del sistema colonial, que establecía relaciones desiguales de parentesco forzado entre indígenas y colonos.

“Predomina todavía una mentalidad feudal, en la que los señores se creen propietarios de la tierra y de los esclavos, y consideran inferiores a los campesinos y a quienes viven en el interior del país”, afirmó. Alvarenga, que desde los 10 hasta casi los 18 años trabajó como criada en casa de una familia, relató que sus patrones le impedían reunirse con sus padres, indígenas guaraníes, porque temían que “volviera a los malos hábitos”.

Refirió que en estos hogares se crea una “dependencia afectiva” entre los patrones y las víctimas de la explotación, a las que se les hace creer que “siempre estarán en deuda”, lo que dificulta que puedan escapar de su situación.

Unos 46.993 niños y adolescentes en Paraguay están sometidos al “criadazgo”, lo que supone un 2,5 % de la población infantil y adolescente del país, según las cifras de una encuesta oficial de 2011.

Unicef solicitó esta semana a Paraguay la erradicación de esta práctica, debido a que impide a los niños y adolescentes “desarrollarse plenamente y disfrutar de su infancia”. La ley paraguaya prohíbe a los menores de edad la realización de trabajos peligrosos, entre los que incluye al trabajo doméstico, que solo pueden ejercer personas mayores de 18 años.

Presidió la reunión, desarrollada de manera virtual, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de nuestro país, Mónica Recalde. Participaron los ministros de Trabajo de Argentina, Julio Cordero; de Brasil, Luiz Marinho; y de Uruguay, Mario Arizti.

Los secretarios de Estado coincidieron en la importancia de aprovechar el potencial de la tecnología para promover el empleo decente, al tiempo que se protegen los derechos de los trabajadores y se garantiza la equidad en el acceso y uso de las nuevas tecnologías.

Al respecto, expresaron la convicción de que el trabajo en todas sus formas, incluso a través de aplicaciones y plataformas digitales, debe garantizar un ingreso digno, una jornada laboral adecuada y protección social, sin desincentivar las inversiones en el sector. En todos los casos, coincidieron en la necesidad de que la legislación sea producto del diálogo social entre el Estado, los trabajadores y el sector empresarial.

En este sentido, insistieron en que la promoción del trabajo decente es un elemento central de las políticas laborales y subrayaron la importancia de fortalecer el diálogo social como mecanismo para la construcción de consensos, la prevención de conflictos y la promoción de relaciones laborales armoniosas y productivas.

Asimismo, destacaron la necesidad de intensificar los esfuerzos para promover la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo, incluyendo la eliminación de brechas salariales, la promoción de la participación de las mujeres y el impulso del empleo juvenil.

En otro punto, ratificaron el compromiso con la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso, así como con la reducción de la informalidad laboral.

Finalmente, abogaron por el diseño un Mercosur moderno, con capacidad de implementar políticas para generar riqueza, empleo privado de calidad con crecimiento, solidario y con responsabilidades y obligaciones compartidas.

Agentes de la Comisaría 8ª de Minga Guazú tomaron intervención en un caso de violencia familiar registrado el día lunes en una vivienda situada en la fracción Los Laureles del Km 24 Monday.

La persona que formalizó la denuncia ante las autoridades fue María Dominga Ruiz, de 40 años, quien afirmó haber sido agredida físicamente por su pareja, de nombre Edgar Rolón, de 40 años.

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Según menciona el diario La Clave, la mujer aquel día llegó a su domicilio cerca de las 18:30 hs, encontrando a su concubino en total estado de ebriedad.

El hombre alcoholizado le reclamó que supuestamente había llegado tarde de su trabajo, tras lo cual empezó a maltratarla verbalmente. La discusión fue subiendo de tono, al punto en que decidió propinarle un golpe de puño a su pareja.

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A raíz de la agresión y presa del miedo, Ruiz decidió escapar de la casa junto con su hijo de 9 años, refugiándose en la vivienda de una vecina, desde donde se comunicó con la Policía.

Tras recepcionar la denuncia, los uniformados de la Comisaría 8ª de Minga Guazú acudieron rápidamente al lugar y procedieron a detener al violento sujeto, quien permanece recluido en el calabozo.

Un hombre fue detenido en la madrugada de ayer sobre la avenida República Argentina, a la altura del barrio Terminal de Asunción, tras ser encontrado en su poder un vehículo que fue denunciado como robado. Se trata de Jonhatan Marcos Aravena Cataldo, de 29 años, quien reside en el barrio 8 de Diciembre de la ciudad de Lambaré.

De acuerdo al informe policial, Liz Caterine Toledo, propietaria del automóvil Toyota Vitz, con chapa AABP374, denunció el robo de su automóvil en la comisaría 6°. Sin embargo, un hecho muy llamativo ocurrió después y, es que camino a su domicilio, vio su vehículo en una estación de servicio, por lo que llamó al sistema 911.

La rápida acción policial permitió la recuperación del móvil en cuestión, además de la aprehensión del sospechoso. El caso fue comunicado a la fiscal de turno, Daniela Benítez, quien dispuso que el rodado sea entregado a su dueña bajo acta policial.