El fiscal Federico Delfino imputó ayer por Homicidio Doloso agravado al policía Oliver Lezcano y a su esposa Ada Ruiz Díaz, por el crimen del militar Líder Ríos, quien también trabajaba como chofer de Bolt.

Las dos personas detenidas, el suboficial ayudante de la Policía Nacional Oliver Daniel Lezcano Galeano, de 21 años, y la estudiante del cuarto año de Derecho Ada Arasy Ruiz Díaz de Lezcano, de 25 años, se abstuvieron de declarar ayer.

La víctima fue asesinada el día jueves 12 de enero, mientras realizaba su recorrido como conductor en la plataforma Bolt, luego el cuerpo del militar fue llevado por el policía hasta la zona del club El Mbigua, el vehículo de la víctima fue hallado en el Barrio San Vicente, zona donde reside el policía hoy detenido.

Si bien el vehículo fue lavado, mediante el peritaje y la técnica de luminol se hallaron manchas de sangre y restos biológicos en el auto. Además, se cuenta con imágenes de circuito cuando el agente policial y su esposa habrían vuelto a la escena del crimen.

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“Me llenó de alegría conversar con las personas que hacen posible el Operativo Caacupé en la Estación de Buses: choferes, funcionarios, equipos de orden y limpieza, y sobre todo, los peregrinos que parten con el corazón puesto en la Basílica”, escribió el intendente capitalino, Luis Bello.

Dijo que pudo escucharles, recibió sus sugerencias y sintió el cariño sincero de la gente que saluda, agradece y reconoce el trabajo. “Ese apoyo vale oro y nos impulsa a seguir elevando los servicios para los asuncenos”, enfatizó.

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La comuna de Asunción lleva en marcha el operativo especial ante el alto flujo de pasajeros que tradicionalmente se registra durante las festividades de la Virgen de Caacupé en la ex terminal de ómnibus.

Según el intendente, Luis Bello, este fin de semana unas 60.000 personas pasarán por la EBA con destino a la villa Serrana.

Durante un procedimiento realizado por el Ministerio Público, uno de los canes aún se encontraba con vida. Sin embargo, en la jornada de este sábado, en una nueva constitución en el domicilio, el animal fue hallado enterrado y presentaba lesiones graves.

Al ser desenterrado, se constató que el perro tenía miasis en una de las extremidades, la cual estaba completamente dañada por larvas, dejando incluso el hueso expuesto.

Asimismo, la zona de la cabeza se encontraba severamente afectada y había perdido un ojo. El cuerpo no presentaba rigidez cadavérica, lo que hace presumir que el animal fue enterrado en el transcurso del día.

Los vecinos de la zona manifestaron que los perros sufrían constantes maltratos y no recibían alimentación adecuada.

En el procedimiento también intervino la Dra. Mabel Vega, de la Dirección de Defensa Animal, quien acompañó las diligencias realizadas por la Fiscalía.

Según la ARP, el rápido despliegue del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras instituciones permitió impedir el ingreso forzoso a inmuebles rurales, detener a los responsables e imputarlos “en el marco de la ley y con respeto al debido proceso”.

La asociación condenó enérgicamente las agresiones, el uso de proyectiles de arma de fuego contra policías y la utilización de camiones y otros vehículos para atropellar portones, barreras humanas y dispositivos de seguridad.

También calificó como “especialmente grave” la presencia de menores en medio del enfrentamiento y la participación de personas con antecedentes penales.

La ARP remarcó que “no hay causas justas que se defiendan mediante la violencia ni mediante la invasión de propiedades”, sean públicas o privadas.

Indicó que las demandas sociales o agrarias deben canalizarse por vías institucionales, dentro del marco constitucional y sin desconocer decisiones judiciales.

La entidad expresó su solidaridad con el productor afectado por la invasión en la estancia Toro Veve, así como con ganaderos, agricultores y trabajadores rurales de San Pedro, nuevamente expuestos a “situaciones de extrema tensión e incertidumbre”.

Sostuvo que defender a quienes producen e invierten en el campo es indispensable para el desarrollo del país.

La ARP exhortó a que las investigaciones sean objetivas y rápidas para que los hechos no queden impunes. Además, pidió a líderes sociales y políticos evitar discursos que inciten a delitos y contribuir al mantenimiento de la paz social.

Los agentes fiscales de Santa Rosa del Aguaray imputaron ayer sábado a 29 campesinos por el violento intento de invasión a la estancia Lusipar, administrada por Senabico. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los procesados.