De acuerdo con el Ministerio de Salud, son biológicos muy específicos y de fabricación en centros de alta complejidad. No hay empresas comerciales que los provean en nuestro país, por lo que Paraguay accede a lotes de manera planificada, como parte de la cooperación entre países miembros del Mercosur.

Ya en el 2017, la OMS incluyó a los accidentes por animales ponzoñosos como enfermedad tropical desatendida y, en el 2019, se creó la Red de Cooperación de Laboratorios Públicos Productores de Antivenenos de América Latina (RELAPA). Esto pone de manifiesto la complejidad de acceso a este tipo de biológicos en la región, y la necesidad de una estrecha cooperación entre los países.

En ese contexto, mediante gestiones del Ministerio de Salud, el 28 de setiembre pasado, el país recibió un lote de antiveneno polivalente antiarácnido (que incluye antiveneno para escorpión), vía cooperación con Brasil, dosis que se vienen utilizando en casos de picadura de alacrán registrados recientemente, lo cual permitió dar respuesta a la necesidad.

Previamente, a través de cooperaciones con Argentina también se obtuvo lotes de antivenenos contra escorpión y otros arácnidos. Y esta línea de cooperación es permanente, a los efectos de atender a los casos de picadura, como se viene realizando.

Los envenenamientos por mordeduras y picaduras de animales ponzoñosos constituyen un serio problema de salud pública en América Latina. Es importante saber que cada país tiene sus especies, por lo que no se cuenta con un único antiveneno o suero contra las picaduras de arácnidos y alacranes.

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Es importante tener en cuenta que un profesional debe evaluar el caso lo más pronto posible. Se recomienda acudir rápidamente al establecimiento más cercano.
No todos los casos requerirán el uso de antivenenos, dependerá de la evaluación clínica.

Centros de referencia

Para atención y manejo de casos: Instituto de Medicina Tropical – IMT (Avda. Venezuela, Asunción). Guía en situaciones de accidentes con escorpiones (para el público en general y el personal de salud): Centro Nacional de Toxicología (CNTox). Teléfono: 021220418.

La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.

Según detallaron los investigadores, la estructura logística desmantelada pretendía aprovechar la masiva concurrencia de personas durante las festividades locales para distribuir la droga a diversos puntos del Departamento Central.

Durante las incursiones a cinco viviendas, los agentes intervinientes confiscaron cocaína, marihuana y crack en dosis preparadas para su venta, junto con dinero en efectivo que ascendería a unos USD 1.500.000, presuntamente derivado del comercio ilícito y el lavado de activos.

Además del estupefaciente y el dinero, la comitiva policial incautó tres automóviles, entre ellos una camioneta Toyota Fortuner del año, motocicletas utilizadas para la distribución en la vía pública, armas de fuego, equipos electrónicos y dejó un inmueble bajo medida de incautación.

En una primera instancia, doce personas fueron demoradas en los lugares intervenidos; sin embargo, tras el cotejo de datos, ocho de ellas, señaladas preliminarmente como consumidoras, quedaron libres y comparecerán como testigos, mientras que cuatro presuntos integrantes directos de la banda permanecen detenidos.

Las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero del supuesto cabecilla de la organización criminal, quien no se encontraba en los inmuebles durante las intervenciones.