“Me quedé sorprendida, creo que es el camino a seguir, el Paraguay tiene tres poderes del Estado, creo que podemos hacer muchas cosas trabajando los tres poderes en equipo”, opinó la legisladora del PLRA, Hermelinda Alvarenga.

Señaló que, al tratarse del inicio de un Gobierno, este es el momento oportuno de convocar a la cumbre, ya que dentro del plan estratégico figura el trabajo entre los tres poderes.

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“Yo tengo esperanzas, por el perfil del presidente, es capaz, es competente, pero deben ser periódicas (las reuniones) no solamente ahora y después ya termina”, acotó.

Para Alvarenga, se necesita inversión en educación, salud y seguridad, aspectos fundamentales para cualquier nación.

La Corte Suprema de Justicia, el Senado, la Cámara de Diputados, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República tuvieron participación en la cumbre.

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La directora de Derechos Étnicos del Ministerio Público, abogada Dora Penayo, desarrolló trabajos de campo en la ciudad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, con el objetivo de articular acciones orientadas a mejorar el acceso a la justicia para las comunidades indígenas del Chaco paraguayo.

En ese sentido, desde la dirección se impulsaron trabajos de campo en la localidad como el diálogo con los padres de la víctima, las autoridades estatales y de la comunidad indígena. Asimismo, las tres víctimas indirectas del suceso fueron sometidas a evaluaciones psicológicas, cuyo dictamen fue presentado al fiscal de la causa.

Se trata de tres personas, dos ellas menores de edad y una joven de 23 años, quienes se encontraban en el lugar cuando la adolescente habría sido llevada a la fuerza.

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Aparentemente, en la zona estaría operando una red que capta a niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad para someterlas a la explotación sexual, lo cual resulta sumamente preocupante para los habitantes de la zona; quienes solicitan que el crimen no quede impune.

La directora Penayo reiteró el compromiso del Ministerio Público con la protección de los derechos de las personas indígenas, explicó las funciones de la Dirección a su cargo y anunció el seguimiento de la causa, así como de las acciones institucionales necesarias para dar respuesta a las demandas planteadas.

En la madrugada de este miércoles se registró un incendio en un domicilio particular situado sobre las calles Mburukuja y Moisés Bertoni, en el barrio Pa’i Ñu de Ñemby.

La vivienda era habitada por una familia de cinco integrantes, quienes se encontraban durmiendo al momento de iniciar el siniestro.

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El guardia de seguridad de una empresa cercana se percató de la humareda y fue a dar aviso a los moradores, lo cual permitió que pudieran escapar a tiempo. Posteriormente, acudieron bomberos voluntarios de Ñemby y Ypané para sofocar las llamas.

El fuego inició en la parte posterior de la casa y se extendió a otras dependencias en cuestión de minutos. “Todo fue muy rápido”, afirmó uno de los afectados en entrevista con C9N.

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Aún se desconocen las causas del incendio, aunque se sospecha que pudo haberse tratado de un cortocircuito en alguna de las conexiones eléctricas o electrodomésticos.

La familia quedó prácticamente en la calle y ahora apela a la solidaridad de la ciudadanía. Quienes deseen brindar alguna ayuda, pueden contactar al número 0983 894 757.

El senador Colym Soroka informó que se prevé una convocatoria a Ramiro Samaniego de manera a que desde la Comisión de Lucha Contra el Contrabando se tenga conocimiento sobre los planes que piensa desarrollar al frente del Senave.

Según indicó, la Comisión siempre fue insistente en realizar un análisis sobre la expedición del documentos Afidi, el permiso que se necesita para importar productos frutihortícolas.

Precisamente, ese permiso habría sido utilizado por el expresidente Pastor Soria y otros funcionarios para pedir coimas a importadores y así autorizar la expedición del certificado.

“Queremos que el nuevo presidente nos explique cuáles serán las teorías que va a desarrollar y en qué tiempo, es una institución compleja”, expresó Soroka.

Indicó, además, que solicitaron al presidente del Congreso que la Comisión pase a llamarse “Comisión de la Agricultura y Lucha Contra el Contrabando”, para que también puedan velar por el sector agrícola.