Damnificados abandonan las plazas, pero dejando suciedad y destrozos

Tras el descenso en el nivel del río Paraguay, las miles de familias damnificadas por la crecida poco a poco van retornando a sus hogares, dejando a su paso suciedad, desorden y destrozos en espacios públicos. En este caso, nuevamente será la Municipalidad de Asunción la encargada de poner todo en condiciones.

Hace unos meses atrás, más de 47.000 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares a raíz de la crecida del río Paraguay.

La mayor cantidad de familias damnificadas corresponden a la ciudad de Asunción, puntualmente de los bañados Norte y Sur, además del barrio Sajonia y la Chacarita.

Tras el paulatino descenso en el nivel de las aguas, los pobladores ribereños tuvieron la oportunidad de iniciar el ya tradicional “operativo retorno” que se registra con cada inundación, un fenómeno que se ha vuelto muy recurrente en los últimos años.

Algunas de las familias que no tuvieron oportunidad de ir a los refugios optaron por instalarse de manera temporal en plazas y espacios públicos de la capital, hasta tanto tengan la oportunidad de retornar a sus hogares.

Uno de los puntos afectados por esta situación es la Avda. 21 Proyectadas de Asunción, donde un contingente de damnificados se instaló durante varios meses. A partir de la semana pasada, estos pobladores tuvieron la oportunidad de salir del lugar para regresar a sus antiguas viviendas, dejando el paseo central desafectado.

Posterior a este despeje, funcionarios de la Dirección de Servicios Urbanos y el Departamento de Espacios Verdes de la Municipalidad de Asunción se encuentran trabajando para dejar dicho espacio público nuevamente en óptimas condiciones.

Tal y como en anteriores oportunidades, los damnificados dejaron a su paso basuras, restos de madera y carpas, sin contar con los múltiples destrozos en el piso como consecuencia de la instalación de los soportes para sus precarias viviendas.

Los funcionarios municipales estiman culminar con los trabajos de recuperación y mejoramiento del paseo central de la Avda. 21 Proyectadas para finales del mes.

Criptoshopping de los Zuccolillo: ANDE analiza cobrar los US$ 300.000 evadidos

La empresa Esur SA, propiedad de la familia Zuccolillo, ocasionó una pérdida estimativa de 300.000 dólares a la ANDE, utilizando como pantalla el rostro de un shopping, cuando en realidad se dedicaba a la criptominería. La entidad estatal evalúa el reclamo del monto evadido.

En septiembre de 2023, el Departamento de Gestión de Grandes Clien­tes de la ANDE remitió una notificación a la empresa Penta SA, (Shopping Mariscal) de los Zuccolillo, al detectar “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desarrollando actividades asociadas a la minería de criptoactivos”.

La alarma de la ANDE se encendió debido al elevado consumo registrado en el lugar, pese a figurar en la categoría de edificio corporativo, lo que condujo a presumir que se utilizaba el mismo NIS del centro comercial como pantalla para la actividad de minería, al hacer pasar la elevada demanda eléctrica como una fachada industrial.

“Realizamos las verificaciones de las operaciones a través de un centro de operación, es decir, un cliente normal, un shopping, de madrugada no tiene carga, pero cuando el sistema detecta que el consumo es constante, ve que el consumo es adicional a lo que se había solicitado”, explicó el presidente de la ANDE, Félix Sosa, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

El ingeniero confirmó que hay varios casos similares, pero que, respecto al de los Zuccolillo, se encuentra en evaluación en la asesoría jurídica de la ANDE, a los efectos de determinar si corresponde que se pague el monto de 300.000 dólares.

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“De hecho, el Grupo de Consumo Intensivo Especial ya se había definido en octubre y se puso en vigencia en noviembre pasado y desde ahí comenzamos la regularización correspondiente”, acotó.

El Grupo de Consumo Intensivo Espe­cial aprueba las tarifas para los usuarios abaste­cidos en Muy Alta Tensión (220 kV), Alta Tensión (66 kV) y Media Tensión (23 kV), que desarrollan el procesamiento de datos, provisión de servicios de almacenamiento de información, incluyendo la minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers.

La ANDE denunció ante el Ministerio Público 64 casos de criptominería clandestina. Este año se hicieron 14 intervenciones a nivel nacional, con una desconexión de 46 megavatios de potencia, más de lo que requiere toda la ciudad de Pilar, que necesita 27 megavatios para abastecerse.

Mocipar: nueva imputación contra Dany Durand por estafa

El Ministerio Público presentó una nueva imputación por estafa contra Dany Durand y otros exdirectivos de la empresa Mocipar.

La agente fiscal Irma Llano, de Delitos Informáticos, imputó a Dany Durand Espínola por el hecho punible de estafa. El ilícito habría iniciado en el 2010 hasta diciembre del 2019 en el caso Mocipar Propiedades S.A. con un perjuicio económico a la víctima de 49 millones de guaraníes.

Otros de los imputados son los directivos de la empresa Mocipar Propiedades S.A.: Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampos de Román y Fabio Arturo Britos Ocampo. Según la fiscalía, los mismos habrían estructurado un esquema delictuoso para conseguir sumas de dinero, resultando víctimas personas que accedían a los círculos de sorteos, quienes abonaban de forma mensual los pagos correspondientes hasta ciertos años, a cambio de una contraprestación, que nunca se hacía efectiva.

Los sospechosos de estafa aparentemente ofrecían un bien inmueble u otros bienes a precios accesibles, promocionados en el programa televisivo “Domingo en Familia“, el cual era dirigido por Dany Durand, contando con un segmento de “Sorteos de Grupo Mocipar”.

En este caso, la imputación se basa a que los representantes referidos antes, habrían articulado un contrato en fecha 4 de agosto del 2010, siendo objeto del mismo un departamento en Campos del Sol II, complejo ubicado en Asunción o una casa con tres dormitorios de sesenta metros cuadrados.

En el 2023, la contratante como no había salido adjudicada, se constituyó a la sede de la firma, siendo compelida a realizar la suscripción de un nuevo contrato, pese a no haber recibido ninguna contraprestación, bajo la presunta advertencia de que perdería todo lo que había pagado durante los años anteriores.

La Fiscalía sostiene que, Mocipar Propiedades habría realizado supuestas declaraciones falsas sobre hechos plasmados en los sucesivos contratos que suscribió la denunciante, mediante las cuales se habría hecho ofrecimientos múltiples de bienes. Sin embargo, una vez cumplida la condición pactada, no se habría cumplido con lo acordado.

La representante fiscal solicitó al Jugado Penal de Garantías que aplique medidas sustitutivas a la prisión como la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual resida o del ámbito territorial que fije el juez, obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe, y la caución real por la suma de G. 49.000.000.

Por otro lado, en el marco de la causa n.º 5756/2019, también por el hecho de estafa, se prevé la audiencia preliminar en fecha 23 y 24 de abril ante la jueza penal de Garantías n.º 3, Cynthia Lovera.

Imputan a policía que disparó a una pareja tras discusión en el tránsito

El agente policial se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. El mismo quedó a disposición del Juzgado de Garantías.

La fiscal Thais García imputó al suboficial de Policía José Bernardo Villalba González (37) por transgresión de la Ley 4036/10 de Armas de Fuego y exposición al peligro en el tránsito terrestre. El agente del orden quedó a disposición del Juzgado de Garantías.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 13 de abril pasado, en la vía pública de la avenida Amambay, en el kilómetro 5 de Monday, ciudad Presidente Franco, donde resultaron víctimas Bruno Javier Cabrera Aguilar y su pareja Natalia Lizet Ortega Mendoza.

En el momento, tanto el oficial como los afectados circulaban en sus respectivas motocicletas hasta que mantuvieron una discusión en la calle, circunstancia en la que Villalba González desenfundó su arma reglamentaria y efectuó un disparo contra las víctimas que no fueron alcanzadas.

Los agentes de la subcomisaria 12 fueron alertados sobre el caso y acudieron rápidamente al lugar, donde procedieron a la aprehensión del presunto agresor, quien estaba de civil y bajo los efectos del alcohol, según se pudo confirmar mediante la prueba de alcotest.

Del poder de José Bernardo Villalba González, los intervinientes incautaron el arma de fuego y luego comunicaron el hecho al Ministerio Público. La fiscal Thais García, quien en ese momento estaba de turno, intervino y abrió el proceso penal en su contra.