El niño de nueve años, presunta víctima de abuso sexual por parte de un profesor sombra, asiste regularmente a clases, según confirmaron autoridades de la institución y los propios investigadores, pues la recomendación de la psicóloga del Ministerio Público es no cortar la actividad del alumno y tratar de que continúe con su vida normal, al margen de la contención y de la asistencia que necesita.

El denunciado es estudiante de psicología y fue contratado por los padres de dos alumnos con dificultades de aprendizaje, para ejercer la función de profesor sombra. Así lo explicaron a nuestra redacción los directivos de la casa de estudios, quienes en tres años nunca habían tenido ningún inconveniente, ni reporte negativo sobre el joven.

Representantes del Ministerio Público se constituyeron en el colegio la semana pasada y tal como lo solicitaron, recibieron la lista de todos los estudiantes del tercer grado, la dirección del sospechoso, los nombres de los chicos que estaban a su cargo y las imágenes de las cámaras de seguridad.

Sobre este punto, la fiscal Carina Sánchez confirmó a HOY que las cámaras no funcionaban hace tres meses, no obstante, procederán a la extracción de datos de la memoria para verificar si encuentran algo relevante fuera de este periodo.

En cuanto a la inspección realizada al niño, la fiscal aclaró que la madre llevó a su hijo a IPS, donde le hicieron las evaluaciones pertinentes establecidas para el caso, pero que posteriormente lo derivaron a clínica forense, área indicada para denuncias de este tipo. De estos resultados se desprende un elemento esencial para la imputación del implicado.

“Hay indicios que corroboran la versión de la víctima, no quiero entrar en detalles”, comentó la fiscal y reveló que en el colegio podría haber más niños que sufrieron lo mismo, según testimonios de ellos mismos y de familiares. Sánchez indicó que los nuevos casos fueron reportados por chicos con dificultades de aprendizaje.

El Ministerio Público solicitó al MEC un informe para corroborar si el colegio aplicó o no el protocolo estipulado para los casos de abuso sexual, desde el momento en que las autoridades se enteraron de la denuncia.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.