El programa “Expedientes” emitido por el canal SNT sacó a la luz el caso de Derlis Julián Benítez, un hombre que desde hace más de 30 años habita en una propiedad de 16 hectáreas ubicada en el barrio Maramburé de Luque.

Tras el fallecimiento de su abuelo en 1989, el mismo decidió mudarse a este predio para cuidar de los bienes que habían quedado y sobre todo encargarse de la pequeña granja que se encuentra allí instalada.

Benítez comentó que nunca tuvo problemas con los vecinos del barrio y mucho menos con la justicia hasta hace un tiempo atrás cuando una empresa inmobiliaria decidió construir un barrio cerrado en un terreno colindante al suyo. A partir de allí, empezaría su calvario.

Representantes de esta firma en más de una ocasión se acercaron a él para proponerle comprar su propiedad, oferta que rechazó ya que no estaba interesado en venderla. Tras sus reiteradas negativas, empezó a gestarse lo que él considera como un nefasto plan para sacarlo de allí y quedarse con el inmueble.

Para la familia Benitez todo formó parte de un plan, fabricaron una denuncia, pidieron un allanamiento, plantaron un arma e imputaron a Julian. El objetivo era enviarlo a Tacumbu para obligarlo a entregar su propiedad a cambio de su libertad.

— Rolando Rodi (@rolandorodi) September 11, 2019

El 5 de febrero pasado, una comitiva fiscal-policial encabezada por el agente fiscal Miguel Vera Zarza llegó hasta la propiedad de Benítez con una orden de allanamiento. En ese momento, se enteró de que pesaba una denuncia en su contra por supuestamente realizar disparos al aire de forma constante bajo los efectos del alcohol.

La denuncia había sido radicada en la Fiscalía de Luque por una persona identificada como Juan Maciel Baumann, quien actuó bajo el patrocinio del abogado Ricardo Ulke. En el documento, el mismo había solicitado “en carácter de urgencia” el allanamiento de la propiedad.

Los intervinientes solicitaron a Benítez que entregue las armas de fuego que tenía en su poder, en este caso, un revólver calibre 32 que había registrado en la Dimabel el año 2013 además de otras dos armas en desuso que pertenecieron a su abuelo y estaban guardadas en unos cajones.

Al momento de producirse el allanamiento, su hija, Laura Benítez, se encontraba estudiando para un examen de ingreso cuando observó a una persona extraña pasar por detrás de la vivienda. En ese interín, la misma ingresó por la puerta trasera y plantó un arma (específicamente un revólver calibre 38) entre las cosas que estaban en el pasillo.

Tras poner en conocimiento de este hecho a su padre, se procedió a revisar las cámaras del circuito cerrado. En las filmaciones se pudo comprobar que la persona que había ingresado al pasillo era Ricardo Ulke, quien también estaba acompañando el procedimiento. Benítez recuerda que a partir de ese momento, la expresión del abogado cambió por completo, denotando cierto nerviosismo en su rostro.

Luego del allanamiento, Benítez fue detenido y llevado hasta la comisaría local. Al salir de la casa, pudo observar que afuera había una retroexcavadora junto a una veintena de personas -aparentemente integrantes de la barra brava de Luque-, lo cual le dio a entender que ya estaban con intenciones de desalojarlo y ocupar el predio, cosa que finalmente no ocurrió.

El fiscal Vera formuló imputación contra Benítez por los hechos punibles de detentación y producción de riesgos comunes. Posteriormente, la jueza Jennifer Ynsfrán admitió la imputación y decretó la prisión preventiva del mismo por 10 días en la Comisaría 3° de Luque. Una vez cumplido el plazo, fue trasladado hasta la penitenciaría de Tacumbú.

Unas semanas después, la magistrada revocó la orden de prisión preventiva y permitió al hombre salir en libertado bajo arresto domicilio. A partir de ese momento, la Fiscalía había insistido en la causa a través de varias aclaratorias y apelaciones, pidiendo que se admita la imputación por detentación. Según presumen, la idea detrás de todo era volver a enviarlo a la cárcel.

En principio, los vecinos del barrio no habían sido convocados por el Ministerio Público para prestar declaración indagatoria, aunque luego de los insistentes pedidos de la defensa finalmente se procedió a cumplir con este trámite. En sus respectivas comparecencias, todos los pobladores aseguraron que nunca vieron a Benítez ingiriendo bebidas alcohólicas y tampoco realizando disparos al aire, tal y como consta en la denuncia penal.

Uno de los detalles que más llamaron la atención y generaron sospechas en este caso es que Maciel Baumann ni siquiera era vecino del barrio, dado que su domicilio estaba registrado en el barrio Loma Merlo de Luque, a unos 10 kilómetros del inmueble de Benítez.

El caso siguió su curso y, aparentemente como una medida de presión por parte del denunciante, denunciaron a la jueza Jennifer Ynsfrán ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados alegando que “cajoneaba” el expediente y “daba un trato preferencial” a Benítez. Más adelante, se presentó una recusación en su contra, la cual finalmente fue rechazada por improcedente.

Cabe mencionar que en abril de este año el fiscal del caso, Miguel Vera Zarza, había caído por un presunto pedido de coima a una persona para no imputarlo por violencia familiar por la suma de G. 15.000.000. Este hecho motivó que el mismo sea apartado de la causa penal.

En otro momento en un supuesto control aleatorio, dos policías de la comisaría de Luque fueron a la propiedad y, según dejaron constancia en un documento, aplaudieron durante 15 minutos sin recibir respuesta alguna, lo cual les hizo suponer que Benítez incumplió con su arresto domiciliario. A raíz de ello, la jueza envió un actuario hasta la vivienda, el cual pudo constatar que en realidad sí estaba cumpliendo con la orden.

Benítez denunció que hace poco tiempo “un amigo en común” le había ofrecido una suma de dinero junto con su libertad a cambio de que acceda a vender su propiedad. En caso de que él hubiera decidido aceptar, le prometieron que en 8 días “moriría” el caso, confirmando así sus sospechas de que tramaron un plan en su contra.

Tras 7 meses de no poder retornar a su vivienda y no poder compartir con su familia, finalmente ayer se realizó la audiencia de revisión de medidas en la que se concedió libertad ambulatoria a Derlis Julián Benítez, permitiéndole así recuperar su vida normal a partir de ahora.

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se reúne este mes y se espera el último reporte del Banco Central del Paraguay respecto a la inflación de mayo para dar inicio a los primeros estudios que determinarán cuál es el porcentaje que debe reajustarse en el haber mínimo de los trabajadores.

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“Cada mayo se trata esto y se espera el reporte de la variación, de mayo a mayo, para poder hacer el cálculo de cuánto fue la inflación en ese periodo. Nosotros consideramos que vamos a rondar el límite de ajuste a un 4%, de lo que es el salario mínimo. Más o menos el 4% se estaría reajustando”, sostuvo Mónica Recalde durante una entrevista en la radio 780 AM.

No obstante, sindicatos de trabajadores ya adelantaron que pedirán que el monto se eleve a G. 3.500.000 para este año, es decir, un aumento del 35%.

El decreto de ajuste debe estar listo en junio para que, a fin de ese mes, ya se pueda estar aplicando el nuevo piso de salario a aquellos que están percibiendo ese nivel.

Desde el 1 de julio del 2023, el salario mínimo mensual es de Gs. 2.680.373 para todos los trabajadores del país, y el jornal mínimo Gs. 103.091.

“Vamos a comenzar a trabajar con estos sectores para mirar un poco cómo ha sido el comportamiento del salario en estos últimos 12 meses y también analizar la inflación que anuncia el Banco Central”, agregó la ministra de Trabajo.

La secretaria de Estado explicó que dentro del sector asalariado privado, hay un 14% que gana el salario mínimo y un 46.8% que gana más del salario mínimo. La franja que va a ser afectada es justamente ese 14%, 1.657.000 trabajadores, y el 46.8% va a quedar con el mismo salario.

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Uno de los puntos corresponde al Mensaje Nº 90 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, por el cual solicita la “Autorización correspondiente para la salida temporal del país, del 9 al 25 de mayo de 2024, de 7 (siete) participantes entre Oficiales Subalternos y Suboficial, con sus respectivos armamentos y equipos, con destino a la ciudad de Panamá, República de Panamá, a fin de participar de la competencia Internacional de Interacción Militar, ´Fuerzas Comando 2024´”.

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El otro punto es referente a la “Autorización correspondiente para el ingreso temporal de embarcaciones pertenecientes a la Marina de Brasil, del 7 al 23 de mayo del 2024, a aguas jurisdiccionales de la República del Paraguay, para la realización de la Comisión “Platina 2024″, con el navío Transporte Fluvial “Leverger”, y del Navío Patrulla Poti, medios de Flotilla de Mato Grosso, con la finalidad de estrechar lazos de amistad con la Armada Paraguaya y participar de las conmemoraciones del “213″ Aniversario de la Independencia de la República del Paraguay”.

Además de la “Autorización correspondiente para el ingreso temporal de cuatro (4) instructores invitados del “98″ Batallón de Asuntos Civiles de los Estados Unidos de América que participarán del Intercambio Conjunto Combinado Joint Combined Exchange Training’, de Asuntos Civiles con personal del Batallón de Ingeniería N° 4 Aquidabán”, con sus respectivos equipos y armamentos, que no serán utilizados durante el entrenamiento, a llevarse a cabo del 20 de mayo al 9 de junio de 2024.

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Al respecto de las solicitudes, el senador Patrick Kemper manifestó su posición por la aprobación de los mensajes, justificando que este tipo de actividades de intercambio favorecen el conocimiento y aprendizaje.

Funcionarios del MINNA, con apoyo de la CODENI, la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Itapúa, la Defensoría de la Niñez y la Policía Nacional, realizaron una intervención en las calles de la ciudad de Encarnación.

Como resultado de este operativo, se logró el rescate de 9 menores de edad en situación de calle pertenecientes a la etnia Mbya Guaraní, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Según se detalla, 3 niños serían de la comunidad indígena Loma Hovy del distrito de Obligado y 6 de la comunidad indígena Guavirami de la localidad de Trinidad, ambos en el departamento de Itapúa.

En el caso puntual de los niños oriundos de Obligado, los mismos manifestaron haber llegado caminando hasta Encarnación mientras jugaban con una rueda, según precisó Jorge Ibañez, secretario departamental de Asuntos Indígenas.

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Por su parte, los menores oriundos de Trinidad estaban deambulando por los semáforos de la capital itapuense, probablemente pidiendo algunas limosnas a los conductores.

Luego del abordaje y rescate de los niños, se procedió a devolverlos a sus respectivas comunidades, cumpliéndose así con la misión de las instituciones responsables.