Si bien el empresario transportista Alejandro Zuccolillo manifestó su postura a favor de los puntos reclamados por el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), aclaró que no se plegará a la medida de fuerza al considerar que ese no es la forma propicia para conseguir la mejora del servicio de transporte público de pasajeros.

“Nosotros sostenemos siempre que si el Grupo Vierci cerraba todos sus supermercados en protesta por el contrabando, no creo que iba a ser una estrategia muy inteligente para legitimar su reclamo, sino que iba a perder más clientes. Esa es la postura que nosotros adoptamos”, indicó.

En entrevista con el canal GEN, el empresario arguyó que la mejora del servicio se conseguirá incentivando la utilización del transporte público y no castigar a los pasajeros.

Consultado si su gremio coincide con alguno de los reclamos de los demás transportistas, respondió que se requiere reformar el sistema de transporte público y que las cifras deben ser actualizadas, ya que estas impactan directamente en la operativa financiera de las empresas del rubro. Además abogó por trasladar el subsidio al pasajero y que se puedan realizar varios viajes abonando un solo pasaje.

“Con este tipo de medidas se desincentiva el uso del transporte. Le estamos diciendo a aquellas personas que huyeron del sistema de transporte que esa fue una buena decisión, al no haber confiabilidad en el sistema. Hay reclamos correctos pero no es la vía para hacerlos”, remarcó el transportista.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

Los transportistas vienen amenazando desde hace días con esta medida, por desavenencias con el Gobierno. Entre los pedidos del gremio se encuentran:

- Actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos para la fijación de la tarifa.

- Detener la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema.

- Desembolso de los subsidios en tiempo y forma.

- Renovación de los permisos de explotación del servicio.

Los transportistas aseguran haber enviado reiteradas solicitudes en torno a estos puntos, sin obtener respuestas, por lo que se hace “insostenible la prestación de un servicio adecuado”.

LAS LÍNEAS QUE SEGUIRÁN OPERANDO CON NORMALIDAD

Las empresas Ximex Línea 44, Ypacaraí Línea 242, Aregüeña Línea 111, San Isidro Línea 48-51 y Magno Línea 12 seguirán circulando, al no sumarse al paro anunciado por el otro sector de transporte. Las mismas integran la Federación de Transporte del Área Metropolitana (FETRAM), la cual manifestó a través de un comunicado su apoyo al Gobierno de Santiago Peña.

El comisario Jorge Palacios fue removido del cargo y suplantado por el comisario Oscar Cuevas. El trasfondo del caso apuntaría a un episodio de presunta “mejicaneada” atribuida a personal de la comisaría Central sanlorenzana.

La versión que surge en torno al asunto menciona que ya el día domingo pasado, policías de esa repartición intervinieron la carga de cocaína y pidieron una coima para dejar libre la mercancía. Se habla de que la “propina” solicitada sería de US$ 200.000.

Aparentemente en el lapso de negociación, ayer, se filtró el dato a otras reparticiones antidrogas, lo que desató finalmente en el decomiso y detención de los transportadores de la coca de alta pureza.

Desde la comandancia Policial y del Ministerio del Interior confirmaron de las próximas lo ocurrido y la razón de los cambios en la comisaría de San Lorenzo.

Este repartición de la Policía Nacional cuenta un largo historial de episodios de irregularidades que se verificaron con participación de personal uniformado.

“Hay unas cuestiones precedentes (al decomiso) hubo procedimientos que son cuestiones irregulares que estarían afectando a personal (cinco efectivos) de la comisaría primerea de San Lorenzo). Presuntamente la camioneta en la que se decomisó la droga, ya estaba un día antes en la comisaría”, dijo a la 1020 AM el comandante de la Policía, comisario Carlos Benítez.

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EL CASO

Según el reporte de la Policía Nacional, la incautación se logró tras un procedimiento de inteligencia realizado por agentes del Departamento de Investigaciones, que rea­lizaron el procedimiento de control del vehículo en San Lorenzo. La inspección fue a una camioneta de la marca Toyota Noah en el que encon­traron la supuesta cocaína.

En el lugar fueron aprehendi­das dos personas identificadas como Óscar Dahian Rodrí­guez Figueredo, de 31 años, y de Édgar Daniel Lesme Mar­tínez, de 32 años. “Se logró la incautación de varios panes de supuesta cocaína, también fue­ron incautados aparatos celu­lares y documentos varios”, expresaron los intervinientes.

Hasta el lugar se convocó al personal del Departamento Antinarcóticos y a la fiscal de la unidad especializada Fany Aguilera, quien ordenó el tra­bajo de pesaje para que luego sea trasladado hasta un depó­sito. Las dos personas involu­cradas permanecen en carác­ter de detenidos.

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El médico Adán Godoy señaló a la Radio Chaco Boreal que no se contó toda la verdad en el caso del Hospital de Barrio Obrero, respecto a la negativa de los trabajadores de blanco en recibir a dos personas que llegaron en la madrugada del sábado a bordo de una patrullera de la Comisaría 24 Metropolitana, una de ellas (identificada como Elena Fretes) afectada por una fractura en el fémur y un hombre (Héctor López Aponte) herido de bala.

La autoridad de dicho centro asistencial reconoció que hubo errores en la forma en que fueron admitidos los pacientes y que por ende consideraba correcto que se abra sumario administrativo contra los responsables, pero aseguró que, tras una investigación interna, se concluyó que los profesionales no se resistieron a la atención de los dos ciudadanos.

En ese sentido cuestionó que se haya expuesto un video policial editado, omitiendo que finalmente los dos heridos sí recibieron la atención correspondiente.  “¿Por qué el policía no contó la historia completa? ¿Por qué editó y cuál fue su intención? ¿Por qué solo mostró la resistencia de los funcionarios? Se debe decir la verdad: sí fueron admitidos, atendidos, y no pasó mucho tiempo como se mostró en el video. Se hizo todo el acto médico”, resaltó.

“El video parece sugerir en la recta final que los pacientes nunca fueron atendidos y que se fueron del hospital sin ser atendidos, pero sí fueron atendidos, eso consta no solo por el relato de los jefes, sino que por la admisión al sistema hospitalario, de los resultados del laboratorio y la medicación correspondiente”, ahondó.

De acuerdo con el director, ambos llegaron a las 4:45 de la madrugada del sábado a bordo de la patrullera, y fueron admitidos a las 5:08 (en el caso de la mujer) y 5:16 (el hombre). “Fueron 20 a 25 minutos entre que llegan y son atendidos”, justificó.

Siguió explicando que, tras evaluar a los pacientes, los médicos de guardia pidieron a ambos esperar a un traumatólogo, quien comenzaba su turno a las 07:00 de la mañana, pero que los ciudadanos no quisieron aguardar y se retiraron del sitio por sus propios medios: la mujer firmó su retiro voluntario y el hombre se fugó sin rubricar el documento.

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El 9 de mayo pasado, Paraguay comunicaba que la nueva tarifa de Itaipú para los años 2024, 2025 y 2026 fue fijada en USD 19,28 KW/h, lo que equivale a 1.250 millones de dólares anuales para el Paraguay.

Durante la reunión en la que se alcanzó el acuerdo, el martes 7 de mayo en nuestro país, no había participado el canciller brasileño Mauro Vieira, cuya firma había quedado pendiente en el documento. Este asterisco quedó allí y nunca se informó sobre la continuidad de la historia, sin embargo, hoy se le consultó al respecto al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, durante su ida al Palacio de López.

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“Lo del entendimiento está firmado, ya tengo la nota firmada por él, de manera que, no hay secretos en esto, se demoró hasta que el canciller de Brasil retornó a su país y suscribió el documento”, confirmó Ramírez.

Los USD 1.250 millones se distribuyen en: 280 millones dólares en concepto de royalties, 650 millones dólares en inversión social, 265 millones dólares en compensación de energía y 53 dólares en utilidades de capital y otros.

La sumatoria de los tres años da un total de 3.750 millones que se distribuirán de la siguiente manera:

Centros de salud, alimentación y educación para los niños

Refuerzo dela seguridad nacional

La construcción de tres grandes hospitales

Modernización de la infraestructura vial en el interior

Inversión en el transporte público

Infraestructura energética

A partir de ahora queda por resolver la revisión del Anexo C. Ambos países fijaron como plazo este año, es decir, terminar de negociar como máximo el 31 de diciembre.

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