Una mujer que prefirió mantenerse en el anonimato se puso en contacto con nuestra redacción para realizar una denuncia contra el Sanatorio Santa Julia.

Según relató, su esposo debió ser internado en dicho centro asistencial este sábado a raíz de un cuadro de COVID-19.

Luego de unas horas, empezó a sufrir varias complicaciones en su estado de salud, al punto de tener reacciones más severas. “Su cuerpo rechazaba los medicamentos y todo lo que ingería vomitaba de nuevo”.

Desde que ingresó al sanatorio, no tiene noticias de su esposo, según contó, y sigue sin recibir algún parte médico oficial para tener más detalles en cuanto a su situación actual.

Debido a que planea acogerse al beneficio de la Ley Gasto Cero, la mujer decidió solicitar al centro médico privado una constancia de internación que posteriormente pueda presentar ante el Ministerio de Salud, aunque dicha solicitud fue rechazada en primera instancia.

Luego de la insistencia, le facilitaron un documento hecho aparentemente de manera improvisada, aunque mencionándole que la administración volvería a abrir recién el lunes por la mañana y por ello no podían darle el documento solicitado este fin de semana.

“Me dieron un documento que ni siquiera cuenta con el membrete del sanatorio, es un documento que puede ser falsificado por cualquiera porque carece de algún distintivo”, expresó la denunciante.

La esposa de este paciente exige que el Sanatorio Santa Julia dar curso a su pedido para entregarle la constancia de internación, a fin de que ella pueda continuar con los trámites ante la cartera de Salud.

De acuerdo a lo informado por la cartera sanitaria, la decisión se sustenta en un análisis conjunto realizado por la Dirección de Asesoría Jurídica y la Dirección de Administración Financiera del Ministerio de Salud Pública, que evidenció la necesidad de una revisión profunda del impacto de estos mecanismos sobre el ingreso mensual de los trabajadores.

“El objetivo es brindar una herramienta real de protección patrimonial a nuestros funcionarios, evitando descuentos y promoviendo una administración más consciente y autónoma de sus recursos”, sostuvo la ministra María Teresa Barán.

La rescisión de los convenios será efectiva en un plazo de 60 días a partir de la notificación formal a las asociaciones y entidades involucradas. No obstante, los trabajadores que deseen revocar antes su autorización de descuento podrán hacerlo mediante una nota dirigida a la Giraduría de Sueldos del Ministerio.

Cabe mencionar que, la medida no afecta los embargos judiciales vigentes, que continuarán su curso, sin perjuicio de que el área jurídica del Ministerio de Salud Pública brinde todos los datos necesarios a las autoridades que se encuentran investigando los hechos denunciados, así como orientación a los funcionarios afectados.

Finalmente, el Ministerio de Salud Pública anunció que impulsará capacitaciones en educación financiera para los funcionarios de la institución, con el fin de fortalecer la autonomía económica y la toma de decisiones sobre el uso de sus ingresos.

Mediante varios días de trabajo de campo realizado por personal de la 3ª Compañía de Búsqueda del Batallón de Inteligencia Militar, en coordinación con el Ministerio Público, Policía Nacional y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En el lugar también fueron detenidas dos personas, por tráfico ilegal de fauna silvestre, informó el Ministerio de Defensa Nacional.

Los detenidos fueron derivados a la Comisaría 1ª de Caacupé y puestos a disposición del Ministerio Público.

Cabe mencionar que se están realizando muchas tareas de inteligencia en apoyo al Ministerio del Ambiente de manera a desalentar el tráfico de animales silvestres.

Según la investigación, el hecho se descubrió este 19 de junio, cuando personal de la Penitenciaría Regional realizó una verificación rutinaria en el acceso al penal. Durante el control, detectaron un paquete sospechoso oculto en la cintura de Gómez Vázquez, que contenía 1,025 kilogramos de cocaína, tipo crack, envuelta con cinta de embalaje.

Los datos señalan que el agente penitenciario intentó introducir la droga de forma oculta entre sus ropas para su posterior distribución dentro del establecimiento. Tras la incautación de la sustancia prohibida, el hombre fue detenido y derivado a la Dirección de Policía departamental, siendo finalmente imputado.

Puede interesar: Inician los trabajos del Nuevo Barrio Bañado Tacumbú

La Fiscalía fundamentó la imputación en el artículo 27 de la Ley 1340/88 sobre tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, y en los artículos 15 y 16, que tipifican el intento de suministro en lugares de reclusión, en concordancia con el artículo 29, inciso 1º, del Código Penal.

Debido a la complejidad del caso, el fiscal Manuel Rojas Rodríguez solicitó un plazo de investigación de tres meses para reunir más elementos y formular el requerimiento conclusivo. Además, requirió al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del imputado.