En contacto con la 650 AM, el abogado Claudio Romero indicó que un presunto robo perpetrado por altos jefes militares terminó con la detención del uniformado que denunció el hecho. El monto rondaría los 1.076 millones guaraníes.

Dijo que su cliente, el Tte. 1º Eduardo Saucedo, notó en una oportunidad que su firma fue falsificada para extraer dinero del Centro Financiero, que es el lugar donde se gestionan, obtienen y administran los recursos financieros y materiales del Ejercito Paraguayo. En el momento del presunto ilícito el uniformado se desempeñaba como tesorero en la unidad número 5 de la financiera.

“Porque contó cómo se robaba le tratan ahora de kuña’i (mujercita). Quitaron millones de ahí con la supuesta excusa de que era para el pago de los proveedores. Y ese mi cliente, pensado que hacía el bien, contó todo lo que hacían ahí. Pero por eso está preso desde junio en Viñas Cue”, lamentó.

El letrado dijo que el Cnel. Alcides Chaparro sigue al frente de dicho centro, pese a estar imputado y contar con prisión preventiva. Acusó además al militar de supuestamente acosar a sus funcionarias. “Todos se callan porque le tienen miedo. Todos están protegidos por el ministro Soto Estigarribia”, agregó.

“Hablo con propiedad y con documentos. Antes que ser condecorados, estos militares deberían estar presos. Yo había enviado una nota al presidente Horacio Cartes para ponerle al tanto de esta barbarie que están cometiendo estos militares”, aseguró.

“Todo se esconde porque en el ámbito militar todo es cumplir orden nomás. Le tienen miedo a los superiores”, lanzó Romero.

También estarían involucrados el exjefe de las Fuerzas Militares, Gral. Jorge Ramírez; el presidente de la Corte Militar, Gral. Augusto Kennedy; y el juez militar, mayor Alfredo Fariña.

NUEVO COMANDANTE

“El general Luis Garcete, nuevo comandante de las FF.MM., viene llevando las viejas prácticas que se efectúan dentro de las Fuerzas Armadas. Existe allí un mundo aparte, en donde se maneja los maletines, los robos, el aquí yo mando, a su orden, se hace lo que el General dispone. Es una herencia que se viene practicando hace tiempo. Yo creo que él no va a salir de eso”, aseguró Romero.

Los artículos 120, 121, 203 y 213 de Código Penal son los que configuran los hechos punibles en los que incurrió el extranjero que retrasó un vuelo al amenazar con una bomba en pleno despegue.

El 120, sobre coacción, indica que, quien mediante fuerza o amenaza constriña gravemente a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.

Además, el 121, coacción grave, señala que, se aplicará una pena no menor de ciento ochenta días-multa o una pena privativa de libertad de hasta tres años cuando la coacción se realizara. mediante amenaza con peligro para la vida o la integridad física.

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El 213, producción de riesgos comunes y el 213, atentados al tráfico civil aéreo y naval. El que:

1. aplicara fuerza o vulnerara la libre decisión de una persona o realizara otras actividades con el fin de influir sobre la conducción u obtener el control de una aeronave civil con personas a bordo o de un buque empleado en el tránsito civil; o

2. utilizara armas de fuego o intentara causar o causara una explosión o un incendio con el fin de destruir o dañar dicha aeronave o buque o su carga a bordo, será castigado con pena privativa de libertad de cinco a quince años.

Guillermo Bertolotto, ciudadano argentino que bromeó con una bomba en pleno despegue, pasó la noche en la Comisaría 3ª de Luque, donde espera lo que disponga el Ministerio Público en el marco de la investigación.

El extranjero dice ser ejecutivo de una empresa y que su visita a Paraguay responde a una invitación para un evento, pero que se disponía a retornar ayer.

Desde la Dinac, el titular Rubén Aguilar confirmó que, una de las sanciones a la que se expone Bertolotto es a la prohibición de volar desde Paraguay a otros destinos y viceversa.

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Con el primer equipo de Ondas de Choque Radial en el Hospital de Trauma, se introduce una innovadora terapia en Salud Pública para combatir dolores articulares con un tratamiento no invasivo que produce alteraciones en la permeabilidad celular, generando un efecto analgésico y metabólico.

Las ondas acústicas generadas por esta terapia activan efectos biológicos que conducen a la curación más rápida y regeneración de los tejidos a largo plazo cuando están lesionados, logrando así disminuir la inflamación y, por consiguiente, el dolor articular, informó el Ministerio de Salud.

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Este tratamiento ayuda a acelerar el alivio del dolor y restablecer la movilidad de la zona afectada con altos niveles de éxito, sin el uso de medicamentos ni sedación y sin efectos secundarios.

La terapia de ondas de choque cubre una amplia gama de indicaciones: bursitis de hombro, codo, cadera y rodillas, epicondilitis lateral y medial, diversas tendinitis (bicipital, rotuliana, aquiliana, entre otras), fascitis plantar y espolones calcáneos. Cada sesión dura entre 20 y 30 minutos, y se necesitan entre 4 y 5 sesiones, una vez por semana, para lograr el porcentaje del éxito esperado.

En promedio, 2.900 pacientes son atendidos al mes en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación.

De acuerdo al protocolo de atención, el paciente puede acercarse con cualquier orden proveniente de servicios dependientes del Ministerio de Salud, no solamente del hospital de Trauma.

Al paciente que se acerca con su orden de onda de choque se le requerirá evaluación del kinesiólogo certificado. Todos los pacientes indicados deberán estar munidos de sus estudios por imágenes, como ecografía de partes blandas.

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El agente fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Zonal de Luque, interviene en el Anticipo Jurisdiccional de Prueba de pericia en obras, para determinar el sistema de seguridad civil y vial del tránsito. Es en el marco de la investigación por la muerte de Sara Nilde Benítez (48) y Nilda Luján Barrios Benítez (21), quienes fueron arrastradas el miércoles por el caudaloso raudal al cauce hídrico en cercanías del club Balderrama.

Participaron de la diligencia, la perito Olga Fleitas del Laboratorio Forense del Ministerio Público y la defensora pública en lo Penal de Luque, Zulma Sánchez. La profesional perito deberá establecer como puntos de pericia: la verificación de las obras o construcciones técnicas y si las mismas poseían las caracteristicas de seguridad para el tránsito de peatones y vehículos.

El fiscal Romero solicitó como urgente este procedimiento teniendo en cuenta que la zona es de alto tráfico de vehículos y personas, y se debe precautelar la escena para que no sea modificada, ocultada o destruida.

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