Cinco paraguayos y un brasileño fueron detenidos por los agentes de la SENAD del Departamento Regional N° 10 en Bella Vista Norte, Amambay. Fue durante un control preventivo de personas, vehículos y cargas sobre la ruta PY 08. Los mismos iban a bordo de una camioneta tipo furgón.

Los intervinientes, en coordinación con el fiscal José Luis Torres, inspeccionaron a los ocupantes del rodado y detectaron una pistola de la marca Glock en la cintura de uno de ellos. Al verificar el vehículo hallaron pequeños restos de marihuana además de otra pistola de la misma marca, con selector de tiro automático, oculta bajo uno de los asientos.

La tarea de revisión del rodado permitió además el hallazgo de varios fajos de billetes ocultos bajo otro asiento, sumando un total de 257 Millones de Guaraníes. Se presume que los mismos pretendían concretar el pago por un alijo de marihuana para su posterior transporte.

Los detenidos fueron identificados como Gustavo Javier Carballo Cardozo, Silver Godoy Bobadilla, Silvestre Giménez Vargas, José Daniel Mereles, Miguel David González, todos de nacionalidad paraguaya, además de Emerson Renato Melgarejo Duarte, de nacionalidad brasileña.

Por disposición fiscal los detenidos y evidencias incautadas fueron remitidos a la Base Regional de la SENAD en Pedro Juan Caballero.

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Este está procesado por lesión de confianza referente  a un contrato de G. 8.000 millones a favor de la empresa Conserpar, para la construcción de empedrados y otras obras que, según la acusación, se pagó pero no se concretó.

El juez Delmàs abordó el caso en el que la fiscal Stela Mary Cano había  solicitado la desvinculación temporal del procesado en vista a que existen aún varias diligencias que se deben realizar para posteriormente formular la acusación contra el mismo.  O  en su defecto, dar el sobreseimiento definitivo.

El juez Delmàs sin embargo planteò un recurso de oposición al pedido, derivando el expediente a la instancia superior del Ministerio Plùbico, para que en ese estadio definan si los argumentos de la fiscal se ajustaron a derecho, de conformidad con la opinión de la fiscalìa.

En consecuencia será el Fiscal General Emiliano Rolòn, el que deberá decidir si ratifica el requerimiento de la agente fiscal Stela Mary Cano, para la desvinculación o no del proceso del exjefe comunal.

La acusación del Ministerio Público señala que existió una adjudicación de G. 8.199.571.925 para la construcción de desagüe pluvial, empedrados y adoquinados, contrato que se firmó en el 2016; sin embargo, las obras supuestamente no fueron terminadas y solo se logró ejecutar G. 6.063.405.010.

Debido al presente caso se llevó a cabo una pericia donde se logró probar que los trabajos ejecutados solo equivalieron a la suma de G. 4.466.652.321, por lo que el presunto perjuicio patrimonial sería de G. 1.596.752.689.

Al igual que meses atrás, el Poder Judicial vuelve a ser blanco de una amenaza de bomba, la cual, obliga a evacuar el Palacio de Justicia.

Si bien en la gran mayoría de los casos la amenaza es falsa, por una cuestión de protocolo, se debe cumplir con sacar a todos los funcionarios.

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El único antecedente real ocurrió el 29 de abril del 2009, cuando encargados de limpieza del edificio encontraron una bolsa negra en uno de los baños de la planta baja y que fue entregada a los efectivos policiales. Los uniformados depositaron el paquete sobre la calle Testanova (al costado del edificio) y posteriormente se produjo la explosión.

Por otro lado, el 29 de junio pasado, el fiscal Antisecuestros y Antiterrorismo, Joel Cazal imputó a Omar Darío Cristaldo Figueredo por los supuestos hechos punibles de coacción a órganos constitucionales y amenaza de hecho punible.

“Tío Rico les manda decir que hay una bomba en el Poder Judicial que va a explotar entre hoy y mañana”, había dicho el hombre en la llamada telefónica. En el caso de hoy, todavía no tienen pistas claras del origen de la amenaza.

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Previo al inicio de la sesión ordinaria de este miércoles, el Senado tomó juramento constitucional a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura.

Se trata de Enrique Berni y Gerardo Bobadilla, electos como representantes de los abogados ante el CM en las elecciones celebradas el pasado 28 de octubre.

Antecedentes: Proclaman a Enrique Berni y Gerardo Bobadilla como nuevos representantes ante el CM

Previamente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se había encargado de realizar la proclamación oficial de Berni y Bobadilla como ganadores de las elecciones del gremio de abogados.

Ambos pasarán a reemplazar a Óscar Paciello y Jorge Bogarín Alfonso, quienes concluyeron sus funciones en el citado cuerpo colegiado el pasado 26 de noviembre.

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Enrique Berni y Gerardo Bobadilla representarán al gremio de abogados en el Consejo de la Magistratura durante el periodo 2023-2026.

Cabe señalar que Gustavo Miranda asumirá la presidencia del CM hasta junio del próximo año, ocasión en que se realizará la elección de la nueva mesa directiva.