La licenciada Rosalía Rodríguez, directora del Andrés Barbero, reconoció que posee cuatro rubros docentes. “Trabajo de 07:00 a 13:00 como Directora y a partir de ahí imparto como docente. No hay superposición de horarios, siempre cumplí a calidad con mis compromisos, porque luego de mis clases venía a seguir con mis trabajos en el directorio”, dijo a la 650 AM.

Comentó que en algunas oportunidades los docentes pueden ceder sus clases a los reemplazantes. Sin embargo, explicó que el reemplazo no debe ser utilizado constantemente, porque “por reglamento no podemos sobrepasar esos reemplazos” y que ella solamente utilizó este mecanismo en pocas oportunidades.

Al ser consultada sobre si es cierto que posee nueve parientes en la institución, respondió que “sí, tengo pero no me puedo hacer cargo de todos los que llevan mi apellido, porque algunos son coincidencia. Mis familiares trabajan en servicio general, limpiando el baño y el piso”. Se trata de su hermano y sus ocho sobrinos.

Comentó que no realizó llamado a concurso porque se presentan personas con títulos universitarios y no desean realizar la limpieza porque no estudiaron para eso. Aseveró que dar trabajo a sus familiares “no es privilegio, es oportunidad como a cualquier otro paraguayo”.

La mujer dijo que reconocerá la culpa de haber obrado mal, pero aseveró que sus parientes “no cobraron un solo centavo sin haber trabajado”. “Habré cometidos mis errores porque el sistema me lo permitía, pero nunca salí fuera de la ley”, añadió.

“Me gusta enseñar y también ser directora, tenemos muchos logros, como cuatro carreras acreditadas y una está por reacreditarse. No niego las acusaciones, pero también quiero que se vean los logros desde que asumí, hace nueve años. La lucha es ahora convertirnos en facultad”, celebró.

Indicó que antes de su gestión existía descontrol total en cuanto a la asistencia de los funcionarios y además contaban con una precaria estructura donde se impartían las clases.

Rodríguez aseveró que se apartará del cargo “con la frente en alto” si es que corresponde que lo haga. Dijo que no robó ni dio rubros a personas que no trabajaron. “Yo empecé repasando el piso y llegué acá con mis logros, con mis concursos, con títulos. Tengo cinco títulos de posgrado”, puntualizó.

Ayer lunes, el Ministerio Público allanó la sede del Instituto Andrés Barbero tras denuncias de estudiantes de la carrera de Obstetricia y Enfermería, sobre los nombramientos a parientes de la directora y del cobro de numerosos rubros de docentes por parte de personas que no realizaban esa tarea.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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