Agentes de la SENAD apostados de manera permanente en la Estación de Buses (ex Terminal de Ómnibus de Asunción) detuvieron en la jornada de hoy a un hombre dedicado a la venta de crack.

Se trata de Raúl Morales Arévalos, de 49 años, quien posee antecedentes por robo agravado y había salido de prisión hace aproximadamente un año.

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El hombre utilizaba como fachada la venta de dulces de maní y batata para la distribución de crack en las inmediaciones de la estación de buses capitalina.

Al momento de la verificación, Morales tenía en su poder un total de 17 moñitos de crack listos para la comercialización, los cuales ocultaba en su canasta junto con los dulces.

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Tras una verificación en el sistema, se pudo confirmar que esta persona también contaba con una orden de captura vigente por otro caso de robo agravado del que se lo acusa.

En el caso tomó intervención el fiscal Deny Yoon Pak, quien dispuso la detención y traslado del sujeto, al igual que las evidencias, a la Base de Operaciones de la SENAD, donde quedará a disposición del Ministerio Público.

Las investigaciones en torno al caso seguirán en busca de llegar hasta a los jefes de las redes de provisión de estupefacientes para el microtráfico.

Días atrás, el Ministerio de Justicia designó a Rubén Maciel al frente del Viceministerio de Política Criminal, con lo que se dio su retorno a una cartera que ya conoce, pues la había ocupado durante la administración anterior.

“Me hicieron la propuesta, se dieron las condiciones y les dije que sí, que no tenía inconvenientes”, contó Macil esta mañana, en una entrevista con radio Universo 970 AM - Nación Media.

Consultado acerca de si no veía una contradicción en aceptar el cargo, ante los cuestionamientos que existieron hacia la administración abdista, contestó que el sistema penitenciario, lamentablemente, arrastra problemas que no pueden solucionarse en uno u otro Gobierno.

En cuanto a su decisión de renunciar en su momento, sostuvo que su puesto era un cargo de confianza y que, cuando la persona que te propone (Cecilia Pérez) deja el cargo, lo usual es dar el mismo paso.

“No es muestra de lealtad, es un cargo de confianza, tengo que dejarle al nuevo ministro que designe al funcionario que sea de su confianza”, indicó.

El clan Rotela gozó de muy buena salud durante la administración de Cecilia Pérez, periodo en el que el grupo criminal vivía a sus anchas en el penal de Tacumbú y hacía lo que quería.

El 16 de febrero del 2017 se produjo un motín que dejó 7 muertos, ocasión en la que Pérez ingresó para “negociar” una solución al conflicto y la finalización de la toma de la penitenciaría.

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Una de las medidas posteriores, que habría formado parte del “acuerdo”, fue la designación de Julián Bernadet como nuevo director de la Penitenciaría, en reemplazo de Domingo Antonio Anarilla, con la anuencia de “La Jungla”.

Otras de las exigencias de Rotela que Pérez cumplió fue abortar el traslado de internos que respondían al clan. Con esto, Rotela mantuvo a todos sus soldados dentro de Tacumbú.

En junio del 2019, el clan Rotela y el PCC se enfrentaron y se produjo la masacre en la que terminaron decapitados una decena de reclusos. En ese momento, las bandas principales crecieron en su dominio de las diferentes cárceles.

Tacumbú era gobernada por Rotela y las cárceles de Pedro Juan, Ciudad del Este de Itapúa, por el PCC. En otras como Misiones, Emboscada y Oviedo, ambas bandas compartían el poder

El viceministro de Desarrollo Social, Raúl Ramírez, explicó en entrevista con radio Universo 970 AM que la medida responde a una encuesta de satisfacción realización en 2024, donde ya se detectan resistencias a ciertos platos. Sin embargo, recordó que el cambio no se debe a una única institución, sino a una tendencia general en Capital y Central.

“Muchos niños no están acostumbrados a ciertos alimentos, especialmente verduras. Este programa también busca enseñarles a comer mejor”, señaló Ramírez, y agregó que en el interior del país no hubo reclamos sobre el menú y los estudiantes lo consumieron sin inconvenientes.

El programa de alimentación escolar establece un menú rotativo de cuatro semanas, y contaba con dos platos con carne porcina: guiso de arroz con cerdo y picadito de carne porcina con papas. Solo este último fue eliminado temporalmente, siendo reemplazado por carne vacuna.

Ramírez afirmó que esta decisión es provisional y que se evaluará en una nueva encuesta de satisfacción. Si la mayoría de los estudiantes aceptan el menú original, será reincorporado posteriormente.

La modificación generó inquietud entre los productores porcinos, quienes advirtieron un posible impacto en la comercialización de carne porcina para el programa Hambre Cero. No obstante, el viceministro aseguró que la carne de cerdo sigue presente en otros platos y que se buscará fortalecer su aceptación. “Necesitamos apoyo para concienciar sobre los beneficios de la carne porcina. Es incluso más nutritiva que la vacuna”, puntualizó Ramírez.

De manera unánime, el JEM retiró los fueros de los jueces Analía Cibils de la Encarnación, Víctor Nilo Rodríguez de Recoleta y Nathalia Garcete de Catedral, quienes ahora podrán ser sometidos a un proceso penal abierto.

Imputados dentro de la causa conocida como “Mafia de los pagarés”, ya habían sido suspendidos por la Corte Suprema de Justicia sospechosos de participar del esquema delictivo.

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Los jueces habrían dictado resoluciones fraudulentas beneficiando a empresas actoras, especialmente de cobranzas, incluso cuando sabían que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se habían realizado. En muchos casos, los procesos avanzaban hasta llegar a sentencias definitivas de remate y embargos con descuentos compulsivos de salarios.

A Victor Nilo Rodríguez se le atribuyen tres hechos puntuales, haber firmado resoluciones sin fecha ni año en 434 expedientes. En más de 7.000 expedientes judiciales se detectaron que el magistrado dictó providencias para retiro de documentos, pero sin plazo de devolución.

Por su parte, la jueza Nathalia Garcete está en la mira por firmar resoluciones sin fecha ni año, lo cual se detectó en 65 expedientes judiciales.