En la décimo primera sesión de juzgamiento del Comité de Decisión de Proceso Administrativo Sancionador (COPAS) celebrada el pasado 30 de octubre, el Banco Central de Brasil, determinó por unanimidad que no existió irregularidad en la importación de reales desde el exterior, operación en la que fueron involucrados el Banco Paulista SA y el Banco Rendimiento SA. El caso quedó finalmente archivado.

En mayo del año pasado, el diario brasileño O Globo publicó un artículo en el que mencionaba que, supuestamente, los bancos citados fueron incluidos en la investigación del caso conocido regionalmente como Lava Jato, ya que el Banco Paulista, con sede en Sao Paulo (Brasil) recibía divisas por valor de 6,7 billones de reales (USD 1,7 billones) de algunos bancos paraguayos, entre ellos el Banco Basa. Algunos medios locales, como el Grupo ABC de la familia Zuccolillo, pretendieron incluso vincular el caso con la investigación a Dario Messer, quien está procesado por lavado de dinero en el vecino país.

De acuerdo a lo mencionado por las resoluciones PE 157095 y PE 157096, emitidas por la banca matriz brasileña, “no quedó caracterizada la irregularidad ni la ilegalidad de las operaciones de cambio de venta de moneda extranjera realizadas por dichas entidades con instituciones bancarias del exterior en contrapartida a reales en especie recibidos del exterior (importación de reales)”. Y concluye que, “al no verificar su fundamentación económica, el Comité decidió, por unanimidad, ARCHIVAR el proceso administrativo”.

En su momento, el Banco Basa, aclaró que las operaciones de venta de reales al Banco Paulista del Brasil son habituales y que, además otras entidades bancarias locales participaban de estas transacciones que son autorizadas y registradas por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Las divisas exportadas por Basa y los demás bancos locales al Banco Paulista son producto de operaciones de repatriación de reales al mercado financiero del Brasil. El dinero enviado al Brasil en concepto de repatriación de divisas corresponde, en parte, al dinero que ingresa en comercios de la zona fronteriza, además del comercio de productos electrónicos y bebidas, entre otros.

Desde el 2011, el Banco Central brasileño autorizó la repatriación de reales de los países vecinos. Entre los años 2014 y 2016 fueron enviados al Brasil unos 6.600 millones de reales, de los cuales el 50% fueron operaciones hechas por Basa.

Para realizar estas operaciones, se hace el envío del dinero vía aérea, para lo que se contrata a empresas transportadoras de caudales. Para cada operación, se comunica a siete entidades, entre ellas el Banco Central del Paraguay y la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

La publicación periodística aludida en el Brasil sostenía una supuesta investigación respecto a la sospecha de que no hay actividad comercial en Paraguay capaz de justificar ese volumen de movimientos. Las operaciones sobre venta de reales son habituales y que, además del banco Basa otras entidades participan de estas transacciones.

ASI FUNCIONA LA OPERACIÓN. El producto en Paraguay está fijado en dólares y el comercio toma el real a menor precio. A su vez, los comercios cambian los reales en los bancos, y esto es vendido al Banco Paulista que, a su vez, vende a los bancos brasileros a un precio que le permita un margen de ganancia.

Para realizar estas operaciones, se hace el envío del dinero vía aérea, para lo que se contrata a empresas transportadoras de caudales. Para cada operación, esto se comunica a siete entidades locales.

Para comprar los reales hay una diligencia técnica muy importante. Los bancos locales cuentan con auditorías específicas, que van cambiando de empresas cada tres años, tal como lo establece el BCP. Hay un cruzamiento de datos que se hacen con los impuestos, entre otros, y esos datos deben necesariamente coincidir.

El Banco Basa en todo momento aclaró, y ahora se confirma con la decisión del Banco Central de Brasil, que no cuenta con nin¬gún proceso de inves¬tigación en el caso Lava Jato, y que la operación realizada, con el envío de reales al Brasil es legal, autorizada y monitoreada por el BCP.

El doctor Pablo Lemir, director de Medicina Legal de la Fiscalía, este martes dio a conocer los resultados de la autopsia al cadáver de Alba Eulogia Rodríguez de Michalak (59).

“No es una muerte violenta”, afirmó el médico forense en conversación con los medios, confirmando que no se detectaron signos de violencia externa, fracturas ni lesiones en el cuerpo de la ciudadana uruguaya.

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Estas evidencias hacen suponer que pudo haberse tratado de “una muerte de tipo natural”, indicó, aunque aún quedan pendientes algunos estudios por realizarse.

Al respecto, Lemir precisó que se tomaron muestras de tejidos y órganos, los cuales serán sometidos a estudios hemopatológicos para arrojar más luz sobre este trágico suceso.

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Los resultados laboratoriales permitirán conocer las circunstancias del fallecimiento de la extranjera, cuyo cuerpo fue hallado en su vivienda, ubicada en el barrio Villa Industrial de la ciudad de San Lorenzo.

Víctor Martin Fernández Zaracho (43), empleado de confianza de la víctima, había sido detenido por la Policía luego de ser sindicado en un primer momento como principal sospechoso por la muerte de Rodríguez.

Se trata de Robert Alter, quien se encargará de seguir avanzando en el compromiso del fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay.

Rob Alter comenzó su misión en Paraguay como ministro consejero, asumiendo ahora las funciones de Encargado de Negocios en la Embajada de EE.UU.

Recientemente, se desempeñó como director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada en San José, Costa Rica. Anteriormente, fue subdirector de política y director interino de la Oficina de Planificación y Coordinación de Políticas en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en Washington, D.C.

En etapas anteriores de su carrera diplomática, Rob prestó servicios como subdirector político en la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires; fue funcionario principal a cargo de los asuntos de Colombia en Washington; funcionario económico en la Embajada en Caracas; asistente del Secretario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; asistente especial del Embajador y funcionario consular en la Embajada en París; y funcionario económico en la Embajada en Bagdad. Entre otros logros destacados, apoyó los esfuerzos de EE.UU. para ayudar al gobierno colombiano a alcanzar su acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Antes de incorporarse al servicio diplomático, Rob trabajó como secretario de juzgado en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur de Florida y como abogado litigante en un bufete de abogados con sede en Cleveland. Nacido y criado en Youngstown, Ohio, posee una Licenciatura en Historia de la Universidad de Ohio State, un Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, y una Maestría en Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Habla español y francés.

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, grupo conformado por numerosos afectados por esta mega estafa, realizó este martes una manifestación pacífica frente al Palacio de Justicia de Asunción.

Con pancartas y carteles, las víctimas —entre las que se encuentran docentes, funcionarios públicos, enfermeros y jubilados, entre otros— exigen a las autoridades judiciales alguna solución a sus reclamos.

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Aprovecharon la ocasión para solicitar vía nota una audiencia con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a fin de abrir un canal de diálogo y plantearles una serie de inquietudes y pedidos de manera formal.

Los manifestantes representan a las miles de víctimas de esta rosca mafiosa, que involucra a jueces, funcionarios judiciales, abogados y hasta casas de créditos y empresas de cobranza, quienes utilizaron pagarés sin retirar para ejecutar embargos salariales.

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Exigen una respuesta inmediata a sus reclamos, sobre todo para frenar los descuentos compulsivos que sufren mes a mes, además de un severo castigo a los responsables y una investigación transparente. A la par, plantean la creación de un tribunal especializado para atender sus casos.

La Coordinadora de Víctimas convocó a una nueva manifestación para el 21 de julio, teniendo nuevamente como punto de convocatoria la sede del Poder Judicial.