En audiencia pública se discutieron las modificaciones a la Ley N° 5.863/17- “Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control”.

El titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el diputado Germán Solinger (ANR-Itapúa), adelantó que esta iniciativa será estudiada en el plenario de la Cámara Baja, el próximo miércoles.

Sostuvo que todos coinciden en que la normativa debe entrar en vigencia cuanto antes, dada la fundamental importancia de descomprimir el sistema penitenciario.

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Cabe mencionar que la normativa que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control, también conocida como “ley de tobilleras electrónicas”, busca establecer un seguimiento a procesados con prisión domiciliaria o con órdenes de restricción, pero todavía no entró en vigencia a seis años de su promulgación y publicación.

Así como está la ley, cada dispositivo tiene que ser costeado por el Estado; pero en la versión Poder Ejecutivo del documento de modificación, se otorga potestad al Juez para evaluar la situación de solvencia de cada afectado, de modo a que si tienen la posibilidad, se encarguen de pagar por las tobilleras.

“EL ESTADO DEBE SER RESPONSABLE”

Por su parte, el diputado Derlis Rodríguez (ANR-Caaguazú), proyectista, a la par, de otra iniciativa de modificación de la ley N° 5.863/17, señaló estar en desacuerdo con que cada beneficiado sea quien se haga cargo del costo.

Afirmó que hubo coincidencia en que se debe descomprimir el sistema penitenciario y en que la justicia debe contar con esta herramienta; sin embargo, remarcó que la responsabilidad del costo volvió a ser punto de diferencia.

“Penitenciarías que hoy están preparadas para mil personas, resulta que tienen 2.500. Así es imposible que funcionen adecuadamente. Coincidimos en cómo debe ser aplicada la ley; pero la diferencia está en el tema del costo: si recae en el Estado o lo trasladamos a las personas que serán beneficiadas”, dijo.

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Enfatizó que, desde su perspectiva, “el Estado debe ser responsable, así como lo es hoy, pues desde que se dicta una prisión preventiva, con alguna medida, el Estado queda como responsable”.

“No coincido con quienes critican que esto lo terminaremos pagando todos. Hoy en día ya estamos haciéndonos cargo de 17.500 personas privadas de libertad, a quienes estamos pagando las comidas. Yo prefiero pagarles el dispositivo y ahorrar otros conceptos para el Estado. No es que agregaremos otro gasto más”, sostuvo el legislador.

Apuntó que si discriminamos quién puede pagar y quién no, la normativa se vuelve inconstitucional, porque pierde el principio de igualdad.

“Tenemos que ver los alcances, la constitucionalidad y la aplicabilidad. Pero esto debe ser aplicado cuanto antes, para que cumpla el fin”, concluyó.

El intento de feminicidio ocurrió el sábado pasado en una vivienda ubicada en el barrio San Miguel de la ciudad de Presidente Franco. Involucra a un suboficial de la Policía Nacional que agredió y luego disparó a su pareja, posteriormente, fue detenido por sus camaradas.

Se trata del suboficial segundo Esteban Damián Benítez Aquino (28), personal de la Comisaría 3ra de CDE, de cuyo poder fue incautada su arma reglamentaria, una pistola calibre 9mm con la que hirió de refilón en la pierna derecha a su concubina Zulma Elizabeth Villalba Osorio (26), quien también presentaba hematomas y rastros de violencia en el cuello, presumiblemente hechos por el uniformado, que estaba en su día libre.

Según los datos, el oficial mantuvo una discusión con la mujer por cuestiones particulares y la agredió físicamente, luego utilizó su arma de fuego y efectuó el disparo que la hirió en la pierna. Los vecinos escucharon los disparos y el pedido de auxilio del hijo de la pareja, quien gritaba a Esteban Damián para que pare.

Los agentes de la subcomisaria 12° llegaron al lugar a los pocos minutos y aprehendieron a Benítez, incautando de su poder su arma reglamentaria. La mujer se presentó en la recinto policial, pero formuló ninguna denuncia por temor al hombre.

De igual manera la Policía Nacional informó lo ocurrido a la Fiscalía y el fiscal de turno Edgar Benítez, que tomó intervención de oficio. El Ministerio de la Mujer también tomó parte del caso, para ofrecer contención psicológica a la víctima.

Esta mañana se concretó el arribo de un importante contingente policial en el distrito de Natalio, sitio elegido por una gavilla de delincuentes para perpetrar un asalto tipo comando al BNF.

La finalidad con este despliegue es reforzar la seguridad tanto en esta ciudad como así también en otros puntos del departamento de Itapúa, teniendo en cuenta el más reciente hecho de inseguridad.

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De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, un total de 7 comisarías del nordeste de Itapúa serán reforzadas con 5 fusileros y 3 agentes de prevención.

Se prevé un servicio permanente con relevos, fijándose la distribución de agentes de la siguiente manera: San Rafael del Paraná (25), Natalio (17), Edelira (22), Capitán Meza (113), María Auxiliadora (16), Mayor Otaño (19) y Naranjito (95).

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Según explicaron las autoridades policiales, la finalidad es dar respuesta inmediata ante cualquier situación que pudiera presentarse, además de volver a brindar tranquilidad a la población itapuense.

El de esta mañana fue el primer contigente de uniformados y se espera que en el transcurso del día sigan llegando más efectivos para redoblar la seguridad en esta región del país.

Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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