Hace unos días, autoridades y pobladores de la localidad de San Cosme y Damián, ubicada en el departamento de Itapúa, alertaban sobre la posibilidad de que las dunas desaparezcan por completo.

Finalmente este temor se hizo realidad esta semana, ya que el icónico atractivo turístico quedó cubierto por el agua, lo cual puede apreciarse en varias fotografías compartidas por la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Alfredo González, lanchero y pescador local, confirmó que las dunas ahora ya no pueden ser ubicadas a simple vista, cumpliéndose así la previsión que alertaba sobre este riesgo a causa de la acción natural.

A raíz de ello, varios de sus colegas se vieron forzados a dejar sus botes y dedicarse a otras actividades para seguir generando ingresos y así mantener a sus familias.

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Este viernes, un grupo de habitantes sancosmeños se autoconvocó a fin de expresar su preocupación y, a la vez, pedir ayuda a las autoridades (principalmente del MOPC y Yacyretá) para rescatar las dunas de San Cosme y Damián.

“El levantamiento de la comunidad es por la crisis que se está atravesando, hay turistas pero la gente no se está quedando, nos falta el pulmón de las dunas“, expresó a Nación Media el concejal Ramón Ferreira.

La propuesta tiene como objetivo declarar en emergencia al departamento chaqueño debido a las graves consecuencias generadas por las intensas lluvias e inundaciones registradas recientemente en la zona.

Según la exposición de motivos, pobladores de comunidades como Toro Pampa, María Auxiliadora, Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Puerto Casado y Carmelo Peralta manifestaron su preocupación ante la imposibilidad de transitar con normalidad por el severo deterioro de los caminos de tierra.

Los habitantes denuncian que numerosos tramos se encuentran prácticamente intransitables, provocando el aislamiento de comunidades enteras.

El diputado Miguel Del Puerto fundamentó su respaldo a la iniciativa y señaló que la situación compromete seriamente el acceso a servicios básicos esenciales como salud, educación, alimentación, combustibles e insumos.

“Esta problemática afecta directamente la calidad de vida de la población y limita el desarrollo económico y social de la región”, expresó el legislador.

Asimismo, indicó que el proyecto busca habilitar mecanismos administrativos y presupuestarios urgentes para asistir a las comunidades afectadas y poner en marcha obras viales estructurales que permitan terminar con el aislamiento crónico de la zona.

Debido a que el documento no contaba con dictamen de comisiones asesoras, el pleno de Diputados se constituyó en comisión y emitió dictamen favorable.

Tras recibir apoyo unánime, el proyecto fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores para su tratamiento correspondiente.

La iniciativa apunta principalmente a priorizar obras de infraestructura vial, especialmente la construcción de caminos de todo tiempo que permitan garantizar la circulación permanente, independientemente de las condiciones climáticas.

El documento también sostiene que la falta de conectividad en amplias zonas del Chaco profundo constituye una deuda histórica del Estado con estas comunidades, cuyos habitantes enfrentan constantemente situaciones de aislamiento que incluso pueden poner en riesgo vidas ante emergencias médicas u otras urgencias.

La Consejería Municipal de la Niñez y la Adolescencia (CODENI) de Presidente Franco tomó intervención ante una denuncia relacionada con la falta de inmunización de menores de edad.

En este caso puntual, los padres de dos niños de 6 años y 13 años, además de un bebé de 4 meses, fueron acusados de no autorizar la aplicación de las vacunas incluidas en el Esquema Regular de Inmunización.

La denuncia formal fue formulada por profesionales de la Unidad de Salud de la Familia (USF) del barrio San Miguel, quienes agotaron todas las instancias para tratar de persuadir, sin éxito, a los progenitores.

Ante su negativa de inmunizar a los niños, la CODENI decidió presionarlos por la vía legal para que cumplan con esta obligación, contemplada en la Ley 4621/15, a la que se suman la Constitución Nacional y el Código de la Niñez y la Adolescencia, que garantizan el derecho a la salud y el interés superior del niño.

Asimismo, les advirtieron sobre las posibles consecuencias que acarrearía mantenerse en su postura de no vacunar a sus hijos, puesto que el caso puede llegar a ser derivado a la Fiscalía y a la Defensoría de la Niñez, inclusive.

Desde la CODENI no descartan la posibilidad de que, en última instancia, la justicia pueda ordenar la inmunización obligatoria de los menores como medida de protección.

La iniciativa, impulsada por el diputado Alejandro Aguilera, busca establecer procedimientos uniformes en todo el país para que las personas con discapacidad auditiva puedan obtener, renovar y rehabilitar su registro de conducir.

El proyecto también prohíbe la denegación automática de la licencia e impulsa mecanismos de tránsito seguros, basados en los principios de igualdad y no discriminación.

Durante el tratamiento del documento, el legislador explicó que actualmente existe “mucha discrecionalidad” en el otorgamiento de licencias de conducir para personas con discapacidad auditiva, debido a la falta de una normativa específica.

“En algunos municipios dan, en otros no dan”, expresó el parlamentario, al tiempo de señalar que el objetivo es establecer reglas claras que eviten situaciones de discriminación y permitan a este sector acceder a una movilidad autónoma.

Por su parte, el diputado Arturo Urbieta, presidente de la Comisión de Salud Pública, presentó el dictamen favorable de la instancia asesora.

Indicó que la normativa contempla una evaluación integral de los postulantes, incluyendo exámenes prácticos en la vía pública o en circuito cerrado, pruebas psicofísicas generales y evaluaciones específicas de percepción y respuesta visual ampliada, como detección de señales, uso de espejos, entorno y maniobras.

Asimismo, el proyecto incorpora el uso de adaptaciones razonables y de espejos retrovisores o panorámicos específicos en los vehículos, cuando el caso lo requiera.

Finalmente, Urbieta remarcó que el texto prohíbe de manera expresa la negación automática de la licencia por la sola condición de discapacidad auditiva.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa será remitida ahora a la Cámara de Senadores para su estudio correspondiente.