Empresarios no ven con buenos ojos la despenalización de las DDJJ

Desde el sector empresarial esgrimen que las declaraciones juradas de funcionarios públicos no deben ser despenalizadas, porque esto abrirá la puerta a la impunidad, corrupción, lavado de dinero y va contra la trasparencia que permite el control ciudadano de los actos del sector público.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP),  Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), Asociación Rural del Paraguay (ARP) y Unión de Gremios de la Producción (UGP) emitieron un comunicado respecto al desacuerdo con la despenalización de las Declaraciones Juradas de funcionarios públicos que aguarda la aprobación o veto del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Al parecer de estos gremios empresariales, la despenalización de las Declaraciones Juradas permitirá circunvalar el deber constitucional de los funcionarios públicos de prestar declaración jurada de bienes y rentas (art. 104). La declaración jurada es una obligación establecida por la Constitución, que se fundamenta en la obligación de transparentar las actuaciones de los funcionarios públicos. Lo público es público.

La Contraloría, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de los Registros Públicos y el Servicio Nacional de Catastro, así como todas las instituciones del Estado, deben cooperar estrechamente para comprobar y validar las declaraciones juradas, de manera a verificar que sean reales y legítimas. Si no lo hacen son cómplices o encubridores, de acuerdo con la postura del empresariado.

Por ello los empresarios esgrimen que el presidente Abdo tiene en sus manos la herramienta legal para objetar este proyecto de ley, y fortalecer la institucionalidad de la República y demostrar su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, con su frase “caiga quien caiga”.

 

 

Proponen sanciones por ingreso ilegal de celulares en cárceles

Una propuesta legislativa busca prohibir la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país.

Se trata de un intento por combatir las actividades delictivas organizadas desde las cárceles. La iniciativa corresponde al diputado colorado, José Rodríguez, cuya propuesta subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y, hasta riesgo de planificación de fugas.

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El proyecto de ley propone penas privativas de libertad que oscilan entre dos y siete años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta siete años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

La exposición de motivos resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

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Datos oficiales revelan que hasta agosto del presente año se incautaron más de 500 celulares en las cárceles, evidenciando la gravedad del problema.

La propuesta fue derivada a las comisiones de Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; Ciencia y Tecnología; y Reestructuración y Modernización del Estado. En estas instancias, se analizarán sus implicancias legales y prácticas antes de su posible debate en el pleno.

Banco de Juguetes: se reactiva la campaña por Navidad y Reyes

Una nueva edición de la campaña Banco de Juguetes se realizará con el objetivo de entregar regalos a niños y niñas en situación de vulnerabilidad por Navidad y Reyes Magos.

El de la campaña es llegar a niños y niñas de comunidades indígenas y los distintos programas de atención del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, así como a otras instituciones públicas y privadas que articulan y desarrollan acciones de protección con niñas y niños como albergues, centros de protección y hogares de abrigo.

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Mediante esta campaña, se pueden donar juguetes nuevos o usados en buen estado que serán distribuidos durante las semanas de las fiestas y Reyes Magos a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Los puntos de donación de la campaña son:

-Ministerio de la Niñez y la Adolescencia -Ayolas N°582 , e/Oliva

-Farmacias Punto Farma – 100 sucursales de todo el país

-San Lorenzo Shopping – Ruta 2 KM17.8 San Lorenzo

-Del Sol- Aviadores del Chaco e/ Delia González

-Pinedo Shopping- Avenida Mcal. López y 26 de febrero- San Lorenzo

-San Lorenzo Shopping- Ruta 2 KM17.8 San Lorenzo

-Shopping Paris – Av. Dr. Luis María Argaña- Ciudad del Este

El Banco de Juguetes es una iniciativa del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), la Oficina de la Primera Dama y la Secretaría Nacional de la Juventud.

Educación: qué hacer cuando un docente tampoco entiende lo que lee, aborda el MEC

El nivel de comprensión lectora de docentes que no pasaron las pruebas, es una réplica de la cifra de educandos que, en un 70 %, no entienden lo que leen.

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, expuso la situación del sector que tiene en sus manos la educación de niños y adolescentes.

“Tenemos que cambiar la manera en la que enseñamos a los que van a ser maestros. Se harán modificaciones en el sistema educativo para quienes aspiren a ejercer la docencia”, dijo el titular del MEC en comunicación con la 730 AM.

“Para los maestros que están en actividad, estamos implementando la tutoría, que implica que el maestro va al campo, a las aulas, van mostrando cómo hacer el servicio. Tenemos medido que los docentes que estuvieron con capacitación, replicaron resultados óptimos en sus alumnos”, dijo Ramírez.

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Subrayó que, aparte del problema de comprensión lectora que se dio en segmentos docentes que se presentaron para los cargos, también se dio el de aquellos que, teniendo conocimento teórico, no están capacitados para enseñar a determinados sectores del alumnado.

“Un problema que se ha dado es que se presentaron profesores para más de un ciclo. Y hay profesores que tienen capacidad, pero no especificidad. Por ejemplo, está para matemáticas, pero no tiene la pedagogía para enseñar la primera infancia, no tiene el contenido para enseñar en ese segmento”, recalcó.