En entrevista con Radio La Unión, César Martínez sostuvo que actualmente la Línea 18 no se encuentra trabajando debido a “la coacción ejercida bajo engaños” por el viceministro de Transporte, Pedro Britos.

El mismo culpó al funcionario estatal de desacatar una orden judicial que autoriza la circulación de los buses de la empresa de transporte 29 de Septiembre S.R.L. y de esa manera impedir la normal operatividad de los mismos.

El abogado afirmó que el reclamo viene de la mano de César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam, quien “se ha enfocado en el botín del billetaje electrónico” y que -a su criterio- impulsa esta persecución debido a que “no le dan los números”. “No tienen el soporte, el mecanismo, los aparatos ni la red para poder ejecutar el servicio”, expresó.

Según Martínez, casi todas las empresas de transporte se encuentran en falta ya que poseen ómnibus que no figuran en el Viceministerio de Transporte ni se encuentran habilitados y que además también están fuera de año, pero supuestamente pese a ello poseen la protección de las autoridades.

Acusó a Ruiz Díaz de tratar de congraciarse con la otra nucleación de transportistas UCETRAMA (Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana) que explota la Línea 18 “de manera paralela” (refiriéndose a la empresa Lince SRL) y que de esa forma tratan de hacerle creer al gobierno que van a ir a un paro.

El letrado aseguró que si las empresas de transporte deciden ir a un paro general, tal y como anunciaron este lunes, “van a tener que asumir las consecuencias” por no prestar el servicio para el cual fueron licitados. “Lo que están haciendo es una extorsión y un amague para distraer y generar fuerza común en el gremio Cetrapam que se está queriendo hacer del botín del billetaje electrónico”, señaló.

Al ser consultado sobre cómo operan los viejos buses de la Línea 18 (rojo), Martínez indicó que “si los coches estuvieran en mal estado, van a ver que se incendian como los de ellos”, haciendo referencia al siniestro que afectó a una unidad de la Línea 18 perteneciente a la empresa Lince sobre la Avda. Madame Lynch.

“Estamos ante medias verdades y sobre todo ante un atropello al funcionamiento de las instituciones. Es una barbarie”, afirmó el abogado a la 800 AM.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.

Jara quedó con graves heridas como consecuencia del arrollamiento. Esto ya demandó muchos gastos médicos, según indicó, además de la imposibilidad de retomar su trabajo en la entidad comunal. Su cuadro empeora, considerando que la mujer está en tratamiento para someterse a una cirugía, explicaron familiares.

La agente Jara de la Unidad Operacional N° 2 se encontraba dirigiendo el tránsito cuando fue embestida por un automóvil.

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El arrollamiento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa a la uniformada cuando es atropellada por un conductor que pretendía incorporarse a la Avenida Mariscal López desde una de las arterias transversales (calle Bernardino Caballero).

Se observa también a la agente que estaba permitiendo la circulación de los vehículos que transitaban sobre Bernardino Caballero y que en ese momento se dispuso a detener el paso de los automovilistas para volver a habilitar la avenida Mariscal López. Allí el conductor la embiste, por lo que se verifica la negligencia de Delgado Ayala, que no prestó atención a la funcionaria comunal.

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