Bruno Defelippe, can­didato al Senado por la Concertación Nacio­nal, misma chapa por la que puja su esposa Soledad Núñez, candidata a la Vicepresiden­cia, coincidentemente junto con selectos amigos distribui­dos en algunas oenegés, des­cubrieron la tecla del negocio consistente en las consultorías de publicidad, emprendedu­rismo, tecnología, y así se alza­ron con jugosas adjudicaciones o contratos.

Conacyt, Mitic, Ministerio de la Mujer se convirtieron en rentables clientes de pro­yectos sociales ejecutados mediante la triangulación de organismos multilaterales.

Defelippe concentra al menos cinco proyectos financiados a través del Consejo Nacio­nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con plata que de alguna manera toca el bol­sillo de los contribuyentes, ya que algunos provienen de préstamos del Banco Intera­mericano de Desarrollo (BID) que terminaremos pagando todos. (Ver infografía).

Para incubar empresas, Cona­cyt le adjudicó G. 648 millo­nes en el 2021, pero desde la institución confirmaron que ya tiene desembolsado a favor G. 583 millones. Ade­más, Defelippe, a través de su empresa Koga SA, presta ser­vicio de consultoría en otros proyectos de (EBTs), empre­sas de base tecnológica, de las cuales en dos de ellas apare­cen sus socios en otras oene­gés (Alma Cívica y Sistema B).

Agendia es uno de los proyec­tos EBTs, al que figura vincu­lado Diego Sosa Maciel, cofun­dador de Alma Cívica, la ONG creada por Soledad Núñez y su esposo Bruno Defelippe que hoy busca controlar eleccio­nes y que está manejada por leales de la pareja.

Redciclaje es otra EBTs finan­ciada por Conacyt en la que salta como parte del equipo beneficiario Guillermo Este­ban Russo, asociado de la ONG Sistema B, impulsado por Defelippe. En este pro­yecto Koga también factura por consultoría.

Con Koga, Defelippe es uno de los consultores favori­tos del BID y no desaprove­cha proyectos sociales en el sector público. Una manera práctica de evitar concurso a través de Contrataciones Públicas y alzarse con cifras nada despreciables como el concurso de soluciones digi­tales que organizó en Ciudad Mujer por US$ 40.000 en año de pandemia.

Koga agrupa a otros selectos amigos también muy favo­recidos con megacontratos estatales que puentean con­trataciones públicas. Camilo Guanes y Rodrigo Weiberlen, socios de Defelippe en Koga, integran junto con él otro organismo no gubernamen­tal; la Asociación de Empren­dedores del Paraguay (Asepy), que constituye el brazo polí­tico con el objetivo de impul­sar fondos para emprende­durismo, elementales para las consultorías que puedan generarse en el proceso.

Guanes y Weiberlen con Oni­ria se llevaron unos G. 2.352 millones de Itaipú por “aseso­ría especializada en desarro­llo creativo de comunicación, materiales visuales y afines”, sin licitación. Esta adjudica­ción fue muy criticada porque la firma fue la agencia de mar­keting de la campaña prose­litista del presidente Mario Abdo Benítez, además de ser una de las consultoras favori­tas del BID en el proyecto de la Agenda Digital.

Autoridades y funcionarios del TSJE encabezaron el acto de habilitación del quinto Centro Cívico de la ciudad de Asunción, ubicado en el barrio San Roque.

Derlis Larrosa, vicedirector del Registro Electoral, señaló que el objetivo de estos nuevos espacios es dar mejores servicios a los ciudadanos y estar a la altura de las exigencias que competen a la institución.

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Por su parte, Francisco Olmedo, director de Recursos Electorales, señaló que, así como estuvieron en los diferentes procesos electorales, también estarán muy de cerca con la población y seguirán brindando su trabajo a las organizaciones sociales que así lo requieran.

Cabe recordar que la Justicia Electoral dispuso la reestructuración de las Oficinas de Registros Electorales, pasando a convertirlas en Centros Cívicos, a fin de ampliar las opciones para la ciudadanía.

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En estos espacios se ofrecen diversos servicios, incluyendo inscripciones o actualizaciones de datos en el Registro Cívico Permanente (RCP), recepciones de solicitudes del Voto Accesible, asesoramiento técnico y logístico a organizaciones intermedias y todo el acompañamiento a las instituciones educativas para las Pasantías Educativas, Laborales y Socio Comunitarias.

La propuesta legislativa pretende dar una solución a la problemática del servicio de transporte público, mediante la creación de una empresa de transporte público que competirá con las empresas privadas.

El documento consta de 19 artículos, tiene como finalidad un cambio estructural al sistema de transporte urbano, mediante la unificación de la rectoría del sector transporte, responsable de reorganizar todos los itinerarios para optimizar e integrar el transporte urbano de pasajeros, así como la creación de la empresa pública de transporte que garantice la prestación del servicio de transporte urbano en todo el territorio nacional.

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Al respecto, el senador indicó que con la unificación de la rectoría, la reorganización de los itinerarios tomando como base el Plan CETA elaborado con la Cooperación Japonesa de la (JICA), se espera que el sistema de transporte funcione en forma eficiente, con una reducción significativa de costos.

Destacó además que la implementación de esta Ley ahorrará gastos en salud pública, por accidentes de tránsito, enfermedades respiratorias y en reparaciones de la infraestructura de transporte. El objetivo es que las personas que usan vehículos particulares (motos y autos) prefieran pasarse al transporte público por su alta calidad.

El fiscal Gabriel Segovia dispuso abrir una causa penal e imputar a un hombre sospechado de tener implicancia en un caso de producción de documentos no auténticos y estafa.

Se trata de Rodrigo Edil Cristaldo Oviedo, domiciliado en el Km 7 de Ciudad del Este, quien sería un conocido estafador serial que opera en la zona de Alto Paraná.

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Este sujeto es acusado de fraguar documentos para poder vender una embarcación, por la cual apenas hizo una entrega y adeudaba la suma de G. 25 millones.

Según los antecedentes de la Fiscalía, la denuncia data de octubre del 2022, cuando el sindicado había vendido una lancha a Gustavo Alcides Fernández Ortigoza mediante un contrato privado.

Días después, Fernández decidió volver a venderla a Michel Leonardo Sanabria Cabrera, aunque fue este último comprador quien corrió con la mala suerte de que le hayan secuestrado el bote a raíz de un juicio civil promovido contra Cristaldo.

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Los datos refieren que el ahora procesado apenas abonó una cuota de G. 5 millones y posteriormente se encargó de volver a encontrar un nuevo dueño para la embarcación por la que aún adeudaba una millonaria suma. Para el efecto, firmó 5 pagarés no auténticos.

El fiscal de la causa solicitó al juzgado la prisión preventiva de Rodrigo Edil Cristaldo, quien posee 17 causas en diferentes unidades, solamente en la Fiscalía de Ciudad del Este, menciona el diario La Clave.