Lejos de llegar a una conclusión unánime sobre lo acontecido con el acta secreta de Itaipú, la Comisión Bicameral de Investigación emitió seis dictámenes, algunos de manera colectiva y otros en forma individual, causando más confusiones que certezas.

Los seis informes deberán ser analizados por separado en ambas cámaras del Congreso, abriendo un extenso e interminable camino antes de llegar al final.

“Para mí se establecieron responsabilidades directas de las partes, sobre todo de la parte política, también pusimos un artículo sobre la responsabilidad del resto del equipo negociador”, comentó el diputado Fernando Oreggioni en contacto con Universo 970 AM.

Si bien todos coinciden en que el acta fue lesiva para los intereses del país, las diferencias radican en los actores involucrados, por ejemplo, un dictamen firmado por cuatro parlamentario va contra Castiglioni y Saguier, otro promovido por Oreggioni y Ayala incluye a Mario Abdo, Castiglioni y Saguier, aunque coincide en algunos puntos con los dictámenes individuales de Barrios y Querey.

“Creo que está muerta la posibilidad de juicio político al presidente”, reconoció Oreggioni, a juzgar por las posturas de los representantes de las bancadas mayoritarias.

LOS SEIS DICTÁMENES

Uno de los dictámenes -firmado por los diputados Sergio Rojas (PLRA), Walter Harms (ANR) y Justo Zacarías (ANR) más el senador Abel González (PLRA)- indica que el acta bilateral “era lesiva a los intereses del país, perjudicial a la ANDE” y que los responsables son el exministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, y el exembajador Hugo Saguier Caballero.

Por otra parte, los dictámenes (individuales) del senador Enrique Bacchetta (ANR) y del diputado Colym Soroka (ANR) coinciden en que el acuerdo suscrito con Brasil para la contratación de potencia de Itaipú “no configuró un perjuicio para el país”, además de que “no se puede determinar el daño que pudo haber representado” debido a su anulación.

La conclusión del senador Antonio Barrios (ANR) refiere que el acta bilateral “era lesiva a los intereses del país, perjudicial a la ANDE”, responsabilizando de su firma al presidente Mario Abdo Benítez, el excanciller Castiglioni, el exembajador Saguier Caballero, el exdirector técnico de Itaipú, José Sánchez Tillería, y el extitular de la ANDE, Alcides Jiménez.

Por otro lado, el dictamente del senador Jorge Querey (Frente Guasú) señala que “el país y la ANDE iban a ser perjudicados” con el acuerdo bilateral. El mismo responsabiliza de este hecho al presidente y el vicepresidente de la República, así como al ex Canciller Nacional y al exembajador paraguayo ante Brasil.

Finalmente, el senador Eusebio Ramón Ayala (PLRA) y el diputado Fernando Oreggioni (PLRA) -ambos con dictámenes individuales- consideran que el acta era perjudicial para la ANDE y para el Paraguay, señalando como principales responsables al presidente de la República, el excanciller Castiglioni y el exembajador Saguier Caballero.

A través de un comunicado divulgado este domingo, el Gobierno Nacional se pronunció de manera oficial respecto a publicaciones periodísticas relacionadas con el uso de fondos destinados a viviendas sociales.

En tal sentido, desmintió que los recursos destinados al programa “Che Tapyi”, impulsado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), hayan sido redireccionados para la reparación del avión y el helicóptero presidencial.

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Sobre el punto, el gobierno afirma que, si bien se hicieron algunas consultas a la República de China (Taiwán) -que había hecho la donación a Paraguay-, nunca se llegó a hacer uso de los citados fondos, tal y como menciona el diario ABC Color.

“El Gobierno de la República de Paraguay lamenta la desinformación que no se condice con el claro mandato constitucional del Art. 28 de la Constitución”, enfatiza este comunicado.

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Finalmente, indica que los fondos remanentes del programa “Che Tapyi” se mantienen dentro del programa y siguen a disposición del MUVH.

Cabe recordar que el programa “Che Tapyi” fue creado años atrás con la finalidad de llevar adelante la construcción de viviendas sociales para comunidades indígenas de nuestro país.

Sandra María Paiva, de 36 años, acudió hasta la Policía Nacional para formalizar una denuncia de robo.

El hecho se registró en la jornada de ayer en uno de los departamentos del primer piso del edificio Sognare, ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Encarnación.

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De acuerdo al reporte, una amiga de la víctima fue al lugar cerca del mediodía y se topó con la sorpresa de que la puerta trasera había sido forzada.

Al momento de ingresar, visualizó un gran desorden en todo el departamento y, al hacer una verificación minuciosa, notó la ausencia de varios objetos de valor.

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Se trata específicamente de una notebook de la marca Samsung, una computadora de escritorio y una fotocopiadora, menciona Más Encarnación.

Las autoridades de la Comisaría 3° de Encarnación han iniciado una investigación para esclarecer este robo y dar con el o los responsables del ilícito.

El reporte policial refiere que el hombre se encontraba en la vivienda, ubicada en las calles Charagua y Panchito López de la capital amambaiense, cuando hombres con armas largas y cortas entraron y lo acribillaron. Reportaron que 70 balazos impactaron en el cuerpo del sujeto. .

Los sicarios se movilizaban en un automóvil de color negro, que poco después del atentado fue hallado completamente incinerado, a unos kilómetros del escenario del crimen.

González gozaba de sobreseimiento provisional desde el año 2022, a pesar de la larga lista de hechos criminales en los que se le involucró. Entre ellos resalta el robo de 252 kg de cocaína, incautada y depositada en la comisaría central de Pedro Juan Caballero, en el año 2015. También se lo implicó en casos de homicidios por encargo y tráfico internacional de drogas. En el 2023 asesinaron a uno de sus hijos, Charles González, en un ajuste de cuentas entre bandas contrincantes.

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Gringo González estaba considerado como uno de los jefes mafiosos narco más importantes de la República.

Se lo vinculaba con el cartel del Comando Vermelho, la agrupación brasileña que compite por el territorio de la droga con el Primer Comando Capital del Brasil.