El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN 2019) había sido presentado el pasado 30 de agosto ante el Congreso Nacional por el ministro de Hacienda, Benigno López. El mismo contempla un incremento del 7,6% con relación al presupuesto del 2018.

Posterior a esta presentación fue conformada la Comisión Bicameral de Presupuesto, actualmente presidida por el diputado Arnaldo Samaniego (ANR) e integrada por senadores y diputados de diversos partidos y agrupaciones políticas, quienes tienen a su cargo el estudio de cada uno de los puntos del proyecto.

En entrevista con la 970 AM, el senador Stephan Rasmussen (PQ) manifestó que ahora se está entrando en la última semana de tratamiento del Presupuesto General de la Nación 2019, dado que para fines de octubre ya debe ingresar a la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento.

“A partir de mañana estarán empezando a tomar las decisiones en la Bicameral”, señaló, dando a entender que ciertos temas como los pedidos de ampliación presupuestaria estarían siendo definidos durante esta semana.

Al respecto, el senador patriaqueridista confirmó que existen pedidos de aumento presupuestario no solo en los ministerios, sino también en otras entidades públicas y dependientes del Estado como en la Corte Suprema de Justicia, las gobernaciones, universidades nacionales, entre otros.

“La línea de Patria Querida es ir en contra de las ampliaciones, por un lado porque no hay ingresos previstos para eso y, por otro lado, porque está la ley de responsabilidad fiscal”, sostuvo Rasmussen, al tiempo de mencionar que sería muy irresponsable aceptar cualquier pedido sin contar con fondos suficientes.

Sobre este mismo punto, también indicó que la mayoría de los pedidos de ampliación son para gastos rígidos (aumentos salariales), aunque en el caso de las gobernaciones los recursos serían destinados a obras físicas como pavimentación o construcciones.

Rasmussen teme que, en caso de aprobarse estos cambios en el PGN 2019, se tengan que bajar gastos o inversiones debido a que no existen los recursos suficientes. “Lo que pasa muchas veces es que se deja de invertir en construcciones, programas sociales y todo eso va a salarios”, acotó.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.