Durante su intervención en el parlamento europeo, Margarita de la Pisa denunció públicamente la injerencia detrás de los tratados comerciales de la UE con terceros países, dignos e independientes, a los que se les exige aceptar por la vía de hecho condiciones ideológicas que son contrarias a su marco constitucional, a su cultura y a sus tradiciones.

Los describió como países que respetan el matrimonio como institución, a la familia como base social, sin aborto legal, sin ideología de género en las escuelas, y que hoy se enfrentan, sin defensa a este tipo de convenios.

Bravo Paraguay por rechazar un acuerdo con la Unión Europea que compromete su sistema educativo con ideología.
Proteger a los niños. Proteger su cultura. pic.twitter.com/SMYEXzK5kq

— Margarita de la Pisa (@MargaPisa) August 9, 2023

En ese momento, la interrumpieron para oponerse a su discurso, alegando que se estaba discutiendo un acuerdo comercial, no una ideología, a lo que ella respondió que precisamente está denunciando la inclusión de la ideología en cuestiones comerciales.

Aquí intervino quien presidía la sesión y ordenó que se deje de interrumpir a Pisa, quien estaba en uso de la palabra, ya que allí existe la libertad de expresión.

Pisa prosiguió su alocución refiriéndose a lo resuelto ayer por la tarde en la Cámara de Diputados de nuestro país, donde una aplastante mayoría aprobó la derogación del convenio con la Unión Europea para la financiación del programa de transformación educativa.

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“Paraguay rechaza la instalación de la ideología de género a través del adoctrinamiento de su sistema educativo, con gran valentía, como me está ocurriendo a mí hoy, han tenido que proteger el futuro de su sociedad y proteger a sus niños”, expresó la eurodiputada.

Por último, dejó picando una duda. “Yo me pregunto, si se respetará esta decisión democrática o si también se va a seguir presionando con el chantaje de los acuerdos comerciales a este país. Sabemos cómo se ataca a quien quiere distanciarse de determinados planteamientos. Muchas gracias”.

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Demoledora la eurodiputada Margarita De La Pisa Carrión. pic.twitter.com/j5J7M13mZR

— Felipe Goroso S. (@FelipeGoroso) August 10, 2023

El Observatorio de la Fiscalía dio a conocer un informe actualizado este lunes, en el que se detalla que hasta marzo 10 mujeres resultaron víctimas de feminicidios, lo que, a su vez, representa una pérdida para 22 hijos, de los cuales, 14 son menores de edad.

Igualmente, ocho mujeres fueron atacadas y, aunque se salvaron de morir, las agresiones fueron catalogadas como intento de feminicidio. A su vez, esto arroja tres víctimas colaterales, entre ellas, un niño.

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De las 10 víctimas de feminicidio, seis corresponden al mes de enero y cuatro en apenas 8 días de marzo: 7 en Central, una en Concepción, una en Asunción y una en Canindeyú.Además, siete de las mujeres asesinadas eran madres.

AUTORES

Los sindicados como autores de estos crímenes fueron parejas en tres casos, exparejas en dos hechos, un padrastro, un hijo, dos conocidos de la víctima y un parentesco a determinar. Tres de los asesinos se autoeliminan.

En cuanto al método, en 6 casos se utilizaron arma blanca, en dos, arma de fuego; mientras que una víctima falleció por asfixia y una por traumatismo, por golpes.

Tres de los hechos ocurrieron un día viernes, dos un sábado, dos un lunes y un caso cada uno en domingo, martes y jueves. Seis de los sospechosos están imputados, tres se suicidaron y uno está prófugo.

En entrevista con el canal GEN, la funcionaria explicó que la publicación periodística del diario ABC Color mezcló dos situaciones diferentes. Por un lado, los acuerdos extrajudiciales utilizados para pagar a proveedores y, por otro, el trabajo de la Auditoría Interna.

“Antes que nada, la auditoría interna no forma parte del proceso de cobro de honorarios. Nosotros somos un órgano de control”, aclaró.

Olazar explicó que el origen de la situación se da cuando empresas proveedoras continúan prestando servicios al IPS aun cuando el contrato ya perdió vigencia, debido a que ciertos servicios no pueden interrumpirse.

Entre estos mencionó la provisión de alimentos, limpieza hospitalaria o recolección de residuos patológicos, que son considerados servicios esenciales para el funcionamiento de los centros de salud.

En esos casos, los administradores de contrato solicitan a las empresas continuar con la prestación hasta que se concrete una nueva licitación. “Un hospital no puede quedarse sin limpieza o sin alimento. Entonces la empresa sigue prestando el servicio sin contrato vigente”, indicó.

Según explicó, una vez prestado el servicio, la institución debe pagar al proveedor para evitar demandas judiciales y mayores costos para el Estado.

La auditora señaló que, ante la imposibilidad administrativa de pagar esos servicios bajo el rubro original del contrato, se utiliza el objeto de gasto 915, denominado “gastos de justicia”. Y afirmó que ese mecanismo está avalado por el Ministerio de Economía y Finanzas. “Se paga a proveedores a través del rubro 915. No se paga al director jurídico ni a ningún funcionario”, enfatizó.

Además, explicó que en administraciones anteriores esos pagos se realizaban bajo el objeto de gasto 845, correspondiente a indemnizaciones, lo que generaba inconsistencias contables. “Por eso hoy hay diferencia en los montos respecto a años anteriores, porque antes se utilizaba un rubro equivocado”, afirmó.

Olazar también detalló que la Auditoría Interna no tiene facultad para autorizar pagos, sino únicamente para verificar si los servicios fueron efectivamente prestados.

Indicó que, por prudencia administrativa, la Presidencia del IPS suele solicitar a su equipo revisar la documentación presentada por los proveedores antes de realizar los pagos. “Nosotros verificamos si el servicio se prestó y si están reunidos los documentos correspondientes. Nuestra función termina con el informe de auditoría”, explicó.

Posteriormente, el proceso pasa a la Dirección Jurídica y a la Gerencia Administrativa y Financiera, que son las áreas encargadas de definir el mecanismo de pago.

Consultada sobre el cobro de honorarios por parte de abogados del IPS en acuerdos extrajudiciales, la funcionaria afirmó que ese aspecto está fuera del ámbito de competencia de la Auditoría Interna.

No obstante, señaló que el cobro de honorarios profesionales en determinados procesos está contemplado en la legislación vigente y respaldado por jurisprudencia.

Olazar sostuvo que las informaciones difundidas afectan la credibilidad del equipo técnico de la institución. “Desinformar de esta manera daña la credibilidad de un equipo de profesionales que realiza informes de alta complejidad”, indicó.

El parlamentario Silvio Ovelar fue consultado acerca de cuál sería la postura que asumirá luego de la condena del senador Erico Galeano.

Ovelar recordó que la Constitución Nacional establece que debe haber una sentencia firme y ejecutoriada, algo que todavía no ocurre con Galeano, quien fue sentenciado en primera instancia.

“Por una cuestión ética, si él decide renunciar o no, esa es una decisión individual, éticamente él tiene él tiene esa decisión de tomar el camino que él cree conveniente”, respondió Ovelar.

Advirtió que, si lo despojan de su investidura en este momento, lo estarían condenando anticipadamente, sin darle la posibilidad de apelación que todo ciudadano la tiene.

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No obstante, recién hoy se reunirá la bancada colorada oficialista y en la ocasión sentarían postura al respecto.

Un Tribunal de Sentencia condenó a 13 años de cárcel a Erico Galeano de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal. La Fiscalía había solicitado 17 años.

Según la investigación, el acusado participó en el hecho de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante la venta de una vivienda ubicada en el complejo Aqua Village, en la ciudad de Altos, por valor de un millón de dólares, cobrados en efectivo.

También señalan que facilitó su aeronave al grupo criminal liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, presuntamente para el traslado de sustancias ilícitas.