En este contexto, el abogado Miguel Mendieta, representante de Miguel Ángel Insfrán (alias Tío Rico) sufrió otro revés, esta vez en su pedido de revisión de medidas del actual estatus de prisión preventiva. El Juzgado de la causa rechazó la petición, alegando que existen elementos que permiten presumir peligro de fuga y/o obstrucción a la investigación, por lo que su reclusión carcelaria, en términos procesales, precisa ser mantenida.

Los argumentos en contra de Mendieta, para no rever la medida, son en buen porcentaje provenientes de informaciones sacadas de varios dispositivos (celulares, computadoras y documentos electrónicos) y consignan presuntas conexiones de complicidad con Tío Rico, respecto a la actividad de este: tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, además de asociación criminal.

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El abogado pasó de ser el defensor legal de Insfrán a supuesto cómplice de este, en la organización criminal que trafica droga de Paraguay a Europa y África, y que fuera desvelada dentro del operativo A Ultranza Paraguay.

Mendieta fue inicialmente acusado de ser copartícipe del complot para ingresar un teléfono celular de alta gama al penal militar de Viñas Cue, en donde se encuentra recluido Insfrán, quien actuó en complicidad con el Coronel Luis María Belotto y su esposa, Alba Lidia Ale, para tal efecto. El matrimonio fue recientemente beneficiado con prisión domiciliaria, y esto aparentemente se dio, gracias a la postura colaborativa del militar con la justicia.

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DERECHO A RÉPLICA: 

Mario Bobadilla, representante del abogado Miguel Mendieta, quien a su vez es el defensor de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, aclaró que su cliente sigue siendo abogado del señor Insfrán, y negó que esté en prisión preventiva por ser parte de una estructura, sino más bien no se le otorga otra medida alternativa -de acuerdo con la resolución de la Cámara de Apelación- porque el mismo no facilita el PIN para desbloquear su celular.

Bodabilla aclaró que es falso que los dispositivos electrónicos fueron desbloqueados y demostró un informe del perito del Ministerio Público donde expone que los dispositivos no pudieron ser desbloqueados.

La fiscal Fátima Girala cuestionó al oficial José Jiménez por difundir a través de sus redes sociales las grabaciones de sus procedimientos. Además, criticó que estos materiales sean monetizados.

Al respecto, el oficial Jiménez manifestó que con esta disputa, los “únicos que salen beneficiados son los actúan fuera del marco de la ley”.

“Yo no hice una denuncia en contra de ella. Ella fue la que envió una nota a la Comandancia objetando el trabajo que hacemos, todo por haber publicado un audio en el que ella libera a un adolescente aprehendido. Si hizo bien su trabajo, no sé porqué se enoja, algo hay por eso se enoja”, señaló el uniformado en conversación con Monumental.

“Si ella cree que se está violando los derechos, yo tengo más de 150 videos, entonces ya tenía que abrirme 150 causas”, agregó.

Sobre el dinero recaudado a través de las monetización de las grabaciones en Youtube, señaló que esos fondos son destinados a la adquisición de equipos y refacciones de la Comisaría 24 de Asunción.

“No es que yo esté lucrando con eso. No estoy dejando de lado mi profesión, además considero que el dinero que se está monetizando corresponde a la Policía Nacional y por eso estoy dando para las refacciones de la unidad”, subrayó.

El oficial comentó que hasta ahora, el mayor monto recaudado fue de 1.000 dólares. “Quiero que la Comandancia me pida un informe de lo recaudado y con gusto lo haré. Pintamos la Comisaría, mandamos arreglar los aire acondicionados y ahora queremos equipar nuestra unidad”, enfatizó.

El proyecto, remitido por la Cámara de Diputados, generó un amplio debate. En ese contexto, el senador Eduardo Nakayama, vocero de la Comisión de Legislación, destacó el trabajo conjunto con las comisiones de Niñez y Adolescencia para ajustar los últimos puntos del documento, cuya versión se recomienda aprobar con modificaciones.

La iniciativa legislativa busca garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes a estar protegidos de toda forma de explotación laboral y trabajo forzoso, prácticas asociadas al criadazgo.

La senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, expresó su apoyo al dictamen de aprobación con modificaciones. Igualmente, el senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acompañó el dictamen y subrayó que la tipificación del criadazgo como hecho punible ha sido un punto central del debate.

El Pleno decidió postergar el tratamiento del tema para una próxima sesión extraordinaria, fijada para el martes 20 de mayo.

Un equipo de fiscalizadores del MIC y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) este lunes llevó a cabo un trabajo de monitoreo en seis servicentros.

Dichas estaciones de servicio se encuentran ubicadas en el departamento Central y fueron objeto de la extracción de muestras de los carburantes que se encuentran en sus máquinas de expendio.

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La finalidad de este trabajo es poder constatar el nivel de cumplimiento del Decreto N° 3241, que establece la mezcla de etanol hasta un 30% con las gasolinas y del 5% de mezcla de biodiesel con el gasoil tipo III.

El director de Combustibles Líquidos del MIC, Juan Paredes, indicó que en estas visitas también se realiza una revisión de la cartelería, que cambian según la calidad del combustible.

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El objetivo principal es monitorear, in situ, la calidad de los diferentes carburantes ofertados a la ciudadanía, para que se ajusten al decreto y normativas vigentes.

Con las inspecciones de este lunes, totalizan 62 estaciones de servicio monitoreadas hasta la fecha, desde que se inició este operativo en abril último.