Los acusados son los suboficiales Ramón B. Vargas Espinoza, de la Dirección de Policía de Ñeembucú y Félix A. Ayala Caballero, del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, quienes enfrentan proceso por frustración de la persecución y ejecución penal, tras modificar la orden de captura que pesaba desde el 2018 contra el presunto narcotraficante José Luis Bogado Quevedo.

Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, habían acusado a los policías y piden juicio oral, para ambos. Ahora el juez Palacios fija la preliminar donde se debe debatir sobre el pedido del Ministerio Público.

En su acusación los fiscales demostraron que estos dos policías venían modificando desde el año 2018 la orden de captura internacional con fines de extradición que pesaba contra José Luis Bogado Quevedo, quien fue detenido el domingo 30 de enero pasado tras ser herido de bala en un festival de música en la ciudad de San Bernardino y el hombre fue traído hasta Asunción en el Sanatorio Migone, donde se descubrió que se trataba de una persona buscada. Según los antecedentes Bogado Quevedo tiene 34 procesos abiertos por narcotráfico en el Brasil y una condena de 14 años por narcotráfico.

La Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Asunción reclama el desembolso mensual por los préstamos otorgados a los funcionarios, quienes sostienen que se realizan los descuentos, pero que ese dinero no llega a la aso.

El monto requerido es de 10.000 millones de guaraníes: 2.000 millones por la mitad de abril, 4.000 millones por mayo y 4.000 millones por junio. Al respecto, Pereira mantuvo una larga reunión con los manifestantes y se comprometió a pagar el miércoles lo que quedó pendiente de mayo.

“Muchos ya dijeron que me vaya y realmente ya me estoy por ir. Los ingresos son limitados, las necesidades son varias, la criticidad con la que se presentan los proveedores, hacen que uno tenga que ir dosificando esos ingresos que son insuficientes”, explicó el interventor.

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Al mismo tiempo, instó a los que tienen deudas con el municipio a gestionar los pagos de la forma que puedan, así fuera en pequeñas cuotas, pues cualquier ingreso es importante en este momento.

“Recibimos quejas por vertederos que se instalan en los barrios de manera clandestina, luego el bacheo, el tránsito, estamos tratando de que no falten los recursos, los de vialidad me decían que tienen asfalto hasta el fin de semana o quizás hasta el miércoles. Acabamos de proveer repuestos para que 4 camiones más estén en la calle el lunes y que no falte el combustible”, comentó Pereira.

Señaló que Asunción se encuentra en una situación en la que necesita de todos y que en este momento está haciendo todo lo que está a su alcance.

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La ministra del Trabajo, Mónica Recalde, informó que el Ministerio ordenará la suspensión de la medida anunciada por transportistas si los mismos no retroceden tras la reunión tripartita.

Según indicó, el Ministerio de Trabajo cuenta con atribuciones legales para suspender el paro de transporte por ser un servicio imprescindible para la ciudadanía.

“No descartamos en absoluto tomar esa medida, nosotros legalmente tenemos esa atribución. Se trata de continuar con la negociación, el Ministerio de Trabajo saca una resolución que tenemos incluso hasta 30 días de suspensión de paro en caso de que se vuelva a llamar a cuarto intermedio”, expresó.

No obstante, la ministra sostuvo que agotarán todas las instancias para que la medida sea desactiva.

Recalde aclaró que, para considerar como ilegal el paro se deben tener en cuenta varios aspectos, pero en el fuero laboral sí se puede hablar una medida ilegal e injusta.

“La voluntad que tenemos nosotros es hacer todo lo posible como negociadores para dar tranquilidad a la ciudadanía y levantar el paro, y que el lunes pueda asistir a su lugar de trabajo”, expresó Recalde.

De igual manera, desde el Ministerio están previendo algunas medidas de flexibilización para que, en caso de que la medida se concrete, los trabajadores no salgan perjudicados.

Katia Lorena Cardozo (24), alias “Chocolate”, fue detenida ayer a las 14:00, en cumplimiento a una orden de captura por un caso de homicidio doloso, según confirmó el oficial César Samaneigo, subjefe de la comisaría 6ª de Pedro Juan Caballero.

Además, un hombre identificado como Miguel Ángel Cohene también está sindicado como autor del hecho. La carátula de la carpeta fiscal lleva su nombre.

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Lucía Carolina Escobar Ortiz, de 36 años, oriunda de San Lorenzo, pero asesinada en Pedro Juan Caballero, fue hallada muerta y calcinada en un 80 %, dentro de un domicilio del barrio General Genes de esa ciudad.

Alrededor del cadáver encontraron elementos de combustión como leña y otros indicios que hacen presumir que la quema se produjo en ese mismo lugar.

La mujer tenía un embarazo de seis meses y, de acuerdo a los informes, era adicta a las drogas. Además, contaba con antecedentes por rob, hurto agravado y amenaza de hecho punible.

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