Marco Aurelio González, procurador general de la República, confirmó este martes que, se presentará una acción civil (a más tardar mañana) mediante la cual, el Estado tomará posesión de las hectáreas del Ministerio de Defensa invadidas por extraños.

“Estamos viendo la reivindicación, los que no devolvieron, que procedan a abandonar el lugar y a la demolición de todo lo edificado, que restituyan al Ministerio de Defensa en el estado anterior en el que se encontraba antes de invadir”, explicó González, en una entrevista con la emisora 730 AM.

El procurador detalló que, hasta la fecha, de los 17 ocupantes ilegales, solamente seis se acercaron a devolver los inmuebles, incluyendo Fernando Camacho quien fue uno de los que más demoró desde su anuncio hasta la entrega de las llaves.

Sepa más: Se hizo esperar: Fernando Camacho entrega propiedad que ocupó en Remansito

La titularidad de la acción penal pública la tiene el Ministerio Público, que se encargará de la investigación de cada caso. La Procuraduría arrimará la documentación y la explicación fáctica para colaborar con la pesquisa.

El Poder Ejecutivo vetó la ley mediante la cual se expropia a favor de sus actuales ocupantes la Finca 916 perteneciente al Ministerio de Defensa. La Cámara de Diputados aceptó el veto.

Nota relacionada: Diputados aprueban veto del Ejecutivo sobre desafectación de tierras en Remansito

Agentes de la Comisaría 22ª de Asunción, junto con personal de los departamentos de Investigaciones y Criminalística, en la tarde de ayer se constituyeron en el Hospital San Jorge, ubicado sobre Avenida Ñu Guazú.

La comitiva policial llegó hasta el citado centro asistencial, que funciona dentro del predio del Comando del Ejército, para recabar datos en relación al supuesto hurto de medicamentos en el sitio.

Nota relacionada: Investigan desaparición de fentanilo, clonazepam y otros medicamentos del Hospital San Jorge

De igual manera, tomaron intervención funcionarios de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), quienes recibieron la denuncia sobre la llamativa desaparición de un lote de fármacos de uso controlado.

La lista abarca 18 tipos de medicamentos, en su mayoría de alto costo, incluyendo ampollas de fentanilo, tabletas de Clonazepam, además de antibióticos. El valor total ronda los G. 804 millones.

“Fuimos a constituirnos para revisar las condiciones de la farmacia y ver si tenían todas las áreas requeridas para el almacenamiento de productos controlados, y también para que nos puedan proveer las marcas y lotes de los medicamentos”, indicó al canal C9N Jorge Iliou, titular de Dinavisa.

Leé también: Alias Yakare Po’i, sindicado como el que mató a su “colega” tortolero

La tarea del ente consistirá en intentar hacer una trazabilidad y detectar los posibles puntos de comercialización informal donde podrían estar ofreciéndose los fármacos. “Es donde generalmente más se encuentran estos productos”, añadió.

La detección de este faltante se dio como resultado de un inventario semestral efectuado en el Hospital San Jorge.

La agente fiscal Natalia Cacavelos obtuvo la condena de Mabel Corvalán Achucarro, funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo, a dos años de pena privativa de libertad. Asimismo, Nilsa Evelin Morel Giménez, agente policial, fue sentenciada a un año y ocho meses de prisión, ambas por la comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado

. Las sentencias fueron dictadas con suspensión de la ejecución de la condena.

Las ahora condenadas fueron halladas culpables de participar en un esquema de expedición irregular de registros de conducir, mediante la entrega anómala de certificados de vida y residencia, exigidos como requisito para la tramitación del documento.

Según lo determinado en juicio oral, cobraban entre Gs. 25.000 y Gs. 30.000 por cada certificado, conforme a lo denunciado por el intendente de San Lorenzo.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las magistradas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

En la jornada de ayer fue reportado un robo de motocicleta en la ciudad de Mbocayaty, departamento de Guairá, siendo acusados por este hecho delictivo dos criminales.

Se trata de Arnaldo Antonio Ramírez González, de 24 años, y Aldo Enrique Céspedes Almada, de 23 años, ambos con frondosos antecedentes penales.

Te puede interesar: Trágico accidente en Ñemby: joven en moto fue arrollada por un ómnibus

Luego de recepcionar la denuncia, la Policía Nacional realizó un patrullaje por la zona y logró divisar a ambos ladrones, iniciándose posteriormente una breve persecución.

Los agentes primeramente capturaron a Ramírez, mientras que su cómplice logró darse a la fuga, internándose en una zona boscosa en inmediaciones de la Escuela Agrícola local.

Luego de una intensa búsqueda, uno de los uniformados localizó a Céspedes, quien intentó herirlo atacándolo con un puñal para luego tratar de despojarlo de su arma reglamentaria.

Leé también: Proponen penas de hasta 25 años de cárcel para funcionarios públicos corruptos

Durante un forcejeo entre ambos, se produjo un disparo que impactó en el brazo y hombro izquierdo del joven delincuente. El mismo fue llevado de urgencia al Hospital Regional de Villarrica, donde finalmente falleció a causa de un shock hipovolémico.

Por su parte, Arnaldo Ramírez permanece detenido en la Comisaría N° 9 Mbocayaty, a disposición de la Fiscalía.