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Esta empresa, que entre sus antecedentes tiene denuncias por incum­plimientos y supuestas sobrefacturaciones, firmó contrato con el Ministe­rio de Justicia en el marco de una licitación de más de G. 44.000 millones para la adquisición de alimentos para las personas privadas de libertad.

Granos y Aceites es una de las cuatro firmas adjudi­cadas en la licitación y el pasado 1 de octubre suscribió contrato por un máximo de G. 19.613 millones. Las otras son: Frigorífico Guaraní (G. 6.964 millones), Manuel Luis Román Solís (G. 17.278 millones) y Unpar SA (G. 417 millones).

La empresa no goza de buena reputación, pues sus antece­dentes no la ayudan mucho. Entre el 2013 y el 2015 era investigada por la Fisca­lía por una presunta estafa contra la entonces Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA).

De acuerdo a los anteceden­tes, la firma fue adjudicada para proveer de insumos a la SNNA para la polémica campaña “Un vaso de leche”, pero el proyecto finalmente no pudo llevarse a cabo por­que varios productos no fue­ron entregados. También informes de la Contraloría advertían de una sobrefac­turación de G. 3.642 millo­nes sobre el contrato, que ascendió a G. 25.628 millo­nes.

CUESTIONAMIENTOS

Otros proveedores que se presentaron al llamado de la cartera de Justicia y quedaron fuera denuncia­ron hechos llamativos en el proceso de la licitación. Por ejemplo, que el concurso de precios se habilitó el 9 de agosto, sin embargo, la firma Granos y Aceites ya contaba con el certificado de nacio­nalización del Ministerio de Industria y Comercio. Sos­pechan que la empresa fue avisada con antelación de la licitación para adelantarse y pedir el documento.

Desde el Ministerio de Jus­ticia señalaron que la citada empresa no está inhabilitada y ni siquiera llegó a ser amo­nestada por Contrataciones. Sostienen que se trata de una “guerra de proveedores”.

Jannina Rodríguez, encargada de Parques del MOPC, indicó que el horario de visitas será el habitual, de 05:00 a 21:30 horas, con permanencia hasta las 22:00. “Vamos a esperarles con toda la linda experiencia que tenemos dentro de nuestros parques”, indicó.

Por otra parte, señaló que estos espacios no solo sirven para caminar o hacer ejercicio, sino también para realizar otras actividades en familia. “Pueden traer su mantita, poner en el pasto, venir con los chicos y hacer actividades en familia”, señaló.

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Agregó que, por ejemplo, hay una zona exclusivamente para las infancias, como un parque inclusivo, una biblioteca para niños, la ludoteca dirigida a chicos de hasta 10 años, y todo con acceso totalmente gratuito. “Les invitamos a que vengan con los más pequeños a disfrutar de la naturaleza y desprenderse un poco de la tecnología”, expresó.

MÁS DE 60.000 USUARIOS

En cuanto a la concurrencia estimada, Rodríguez dijo que normalmente los días feriados y domingos son los de mayor afluencia, con más o menos 40.000 visitantes, solamente en el parque Ñu Guasú; mientras que el Guasú Metropolitano recibe a unas 20.000 personas.

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Instó finalmente a cuidar estos parques y mantenerlos limpios de manera a tener un entorno armónico, así como se merecen todos los usuarios.

La iniciativa contaba con media sanción en la Cámara Baja, pero en sesión extraordinaria de la Cámara Alta fue rechaza, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión de Legislación, que sugirió el rechazo.

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Tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos, para hacerla compatible con la seguridad de personas, bienes y de otros animales. Para la senadora Celeste Amarilla, se trata de una cuestión que se debe regular con instrumentos jurídicos menores y no con una Ley.

La iniciativa surgió tras los reiterados casos que involucraron a perros de la raza pitbull donde personas o animales terminaban dañados físicamente.

El tema fue suficientemente debatido, con audiencias públicas, consultas con profesionales e instituciones correspondientes.

Cabe recordar la vigencia de la ley N° 5.892/17, que modifica los artículos 10° y 38° de la Ley N° 4.840/13 - “De protección y bienestar animal”, que establece entre las funciones de la Dirección de Bienestar Animal, una reglamentación para la tenencia de animales peligrosos.

El fiscal Jorge Escobar, responsable de la investigación, formuló la imputación contra el agente del Grupo Lince porque carecía de registro de conducir al momento en que ocurrieron los hechos.

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La tragedia ocurrió el pasado 24 de abril cuando un vehículo Toyota, modelo Premio, en el que iban cinco personas para el egreso del curso Lince en el complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), fue arrastrado por el raudal hasta un arroyo ubicado detrás del Club Valderrama.

Madre e hija murieron en el siniestro, y tres agentes del Grupo Lince lograron salir del vehículo, uno de ellos era quien manejaba el rodado y, según los datos, solicitó su registro un día después del accidente.

“Eso se pudo contrastar con la OPACI, que es la organización que nuclea a los organismos municipales, donde se pudo constatar la misma información, por lo tanto hemos solicitado la ampliación de la imputación. Pedimos también las medidas alternativas para este efectivo policial” explicó el fiscal a la radio 780 AM.

La carencia de licencia es un delito penal tipificado en el artículo 217, que tiene dos incisos, uno de ellos habla de la exposición al peligro en el tránsito terrestre, hecho por el que el agente Lince fue imputado.

En la causa ya está imputado el intendente de Luque, Carlos Echeverría, por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo.

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