“No hemos bajado la guardia en la lucha contra la corrupción, al contrario, el Ministerio Público ha dado pasos históricos contra este flagelo que azota nuestros pueblos, deslegitima a las instituciones y socava nuestra democracia, con el impulso de numerosas causas penales emblemáticas que hoy están en un estado de notable avance y rumbo a desterrar el fantasma de la impunidad que frenaba nuestro desarrollo como sociedad”, destacó.

Quiñónez indicó que no sólo se fortaleció la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, con la creación de 2 unidades más. También brindaron apoyo y respaldo tanto institucional como personal a los agentes fiscales y funcionarios que encaran la dura tarea de luchar contra la impunidad. “El crimen debe dejar de ser rentable para los criminales, al atacar la motivación principal de la actividad delictiva que es el dinero, estamos contribuyendo a que el “crimen no pague” y de esta manera desmotivar la actividad criminal”, agregó la fiscal general.

Según los datos proporcionados por la Fiscalía General, se crearon 14 unidades especializadas contra el lavado de dinero, trabajando en conjunto con las dos ya existentes y potenciando las habilidades técnicas y herramientas para la investigación de estos delitos.

La fiscal general comentó que se logró la incautación e inmovilización de bienes por más de 150 millones de dólares en el caso Messer, por más de 100 millones de dólares en la caso Cabeza Branca. Todos estos bienes hoy se encuentran administrados por la Senabico gracias a la acción del Ministerio Público.

“La cooperación internacional es una herramienta clave en esta tarea por lo que mantenemos acuerdos y relaciones muy beneficiosas con países amigos. La delincuencia organizada no tiene fronteras, nosotros tampoco debemos tenerlas en materia de cooperación judicial” expuso, haciendo referencia al crimen organizado.

Así también, pese a los recursos dilatorios se ha podido acusar en los diferentes procesos llevados adelante y someter a la justicia a supuestos responsables de hechos punibles. Además, se consiguió la devolución al Estado paraguayo de un total de 3.372.883.994 millones de guaraníes.

A través de las Unidades Especializadas de Lucha contra el Narcotráfico y contra el Crimen Organizado cerca de 400 personas sean puestas a disposición de la Justicia, tanto las que pertenecen a las grandes organizaciones, como también a las del microtráfico.

En el marco de la lucha contra el Narcotráfico, las distintas Unidades Penales, llevaron a cabo operativos trascendentales. Por citar el Caso Dominio en sus cuatro fases, cuyo resultado arrojó pérdidas considerables a grupos criminales organizados y el caso Sword, cuyo resultado tuvo la incautación de 302.449 kilogramos de cocaína y la detención e imputación de criminales y de efectivos policiales que daban cobertura a los grupos ilícitos.

El combate a la piratería emprendido por el Ministerio Público logró la incautación de vienes por un valor superior a los 28.000 millones de guaraníes y también se ha obtenido un reconocimiento a nivel internacional otorgado por la Red Global Antipiratería por este logro. Así también, la Unidad de Lucha contra el Contrabando ha tenido una participación activa y significativa con incautaciones de productos ilegales por un valor superior a los 13.600 millones de guaraníes.

Otro aspecto de relevancia crucial es la protección de nuestros niños y niñas de la pornografía infantil, la extorsión y el gruming. En ese sentido la Unidad de Delitos Informáticos ha realizado cerca de 25 operativos nacionales e internacionales, para identificar y someter a la justicia a los autores de tan graves hechos.

Más de 150 víctimas en el país y en el extranjero fueron rescatadas, obteniéndose la condena de 20 procesados vinculados a la trata de personas.

A través de la Unidad especializada antisecuestro y antiterrorismo se han conseguido importantes resultados a través de condenas, tanto por los hechos punibles de secuestro y asociación terrorista. “Aprovecho este momento para recordar a dos victimas del secuestro que siguen en cautiverio, Edelio Morinigo y Felix Urbieta con quienes seguimos estando en deuda como sociedad”, articuló Quiñónez.

“Sin dudas un tema sensible y que indigna a nuestra sociedad lo constituye el abuso contra nuestros niños y niñas por lo que el Ministerio Público actúa de manera implacable para reprimir este tipo de conductas. Nos alarma la cifra de más de 2.900 denuncias de abuso en niños, registradas este año, hasta el mes de noviembre. Esta dolorosa realidad nos exige y compromete aun más como Estado”, afirmó. En el ámbito de la Violencia familiar se registraron más de 21 mil denuncias y con la creación de la cuarta unidad Especializada de Violencia Familiar en Asunción, el Ministerio Publico promete fortalecerse en la lucha contra estos hechos punibles, ya que sólo en la capital se registran 3000 causas abiertas.

PRESUPUESTO 2020

“La cantidad de denuncias y causas ingresadas en el Ministerio Público crece exponencialmente cada año y sólo en el presente periodo se registraron cerca de 200 mil causas nuevas. Ante la alarmante situación presupuestaria en la cual nos encontramos, debemos extremar la eficiencia en la gestión de los limitados recursos que tenemos para encarar esa titánica tarea”, lamentó la titular de la Fiscalía General del Estado. La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, presentó su informe de gestión como cabeza del Ministerio Público. Manifestó que la cartera se encuentra en constante cambio positivo y permanente avance, pese a las numerosas dificultades que se presentan, principalmente por la falta de recursos.

Quiñónez explicó que la situación presupuestaria no es un problema menor e informó que el Ministerio Público afrontará el ejercicio fiscal 2020 con un recorte presupuestario de 27.500 millones de guaraníes, el que se suma a un sostenido recorte en materia de gastos desde el año 2015 de más de 50.000 millones, completando la friolera suma de casi 87.000 millones de guaraníes que afectarán el trabajo de la institución.

“No ha sido un año fácil, hay muchas fuerzas que se oponen al cambio, a la transparencia, a la justicia. Seguiremos recibiendo críticas de todo tipo, amenazas y hasta ataques, pero ello solamente comprobará una vez mas que nos encontramos en la senda correcta, el camino de hacer lo que esta bien y lo que nos manda la Constitución”, finalizó.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.