En entrevista con Universo 970 AM, Sandra Quiñónez -quien se desempeñaba como fiscal antisecuestro al momento de producirse la desaparición de Cecilia Cubas- comentó que cerca de las 11:00 hs de aquel 16 de febrero del 2005 ingresaron a la llamada “Casa del Terror”, ubicada en el barrio Mbokajaty de la ciudad de Ñemby.

“Cuando la Policía me pidió el allanamiento de la casa, entramos buscando un piso porque estábamos investigando la práctica de secuestro, iba a ser de suma importancia saber donde ocurrió la filmación (donde se ve a Carmen Villalba y otros secuestradores simulando un rapto)”, refirió.

Una vez ingresaron al domicilio, se percataron de algunos detalles llamativos, como el hecho de que el portón tenga una mirilla tratándose de un barrio con casas modestas, además de vestigios que confirmaban que las cámaras de circuito cerrado habían sido arrancadas.

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“Había cualquier cantidad de prendas y chalecos que se estaban confeccionando, también botellas con sustancias líquidas, ahí es cuando empezamos a revisar pieza por pieza”, refirió la exfiscal.

Al ingresar a la habitación donde Cecilia Cubas habría permanecido en cautiverio, los intervinientes descubrieron que las ventanas estaban cubiertas con plástico negro, a modo de que no se pueda distinguir el día o la noche.

Cerca de las 13:00 hs de aquel día llegaron hasta el último dormitorio que faltaba. Grande fue su sorpresa cuando descubrieron que el lugar estaba repleto de bolsas de arena, hallando también zapatones, palas y otras herramientas, dando cuenta de que se habría hecho una excavación.

Quiñónez comentó que uno de los uniformados que acompañaba el procedimiento le confirmó la existencia de un túnel en la habitación, por lo que convocaron a bomberos voluntarios para dar inicio a las tareas de excavación.

Mientras avanzaban con los trabajos, uno de los bomberos se percató de un fuerte olor nauseabundo que emanaba del túnel, encontrando posteriormente una ropa interior de mujer. Al seguir excavando, llegaron hasta un punto en donde se confirmó lo peor: había cuerpo sin vida enterrado.

“Todo indicaba que se trataba de ella (Cecilia Cubas), porque ella tenía las dentaduras y las prótesis mamarias y en la cintura un tatuaje. A las 18:00 hs aproximadamente ya dábamos informaciones a la prensa de que, aparentemente, se trataba de ella”, mencionó a la emisora radial.

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Lo más triste -rememora Quiñónez- es que, según se pudo comprobar a través de la posterior autopsia, los secuestradores enterraron viva a Cecilia, luego de haberla dormido con un somnífero.

Otra escena impactante en aquel momento fue cuando la madre de la joven secuestrada, Mirta Gusinky, llegó a la vivienda en Ñemby para ver e identificar el cuerpo de su hija. “Su mamá besó el cuerpo en la morgue desde los pies hasta la cabeza”.

Aquella banda que perpetró el secuestro de Cecilia Cubas (brazo armado del extinto Partido Patria Libre) posteriormente se convertiría en lo que hoy se conoce como el EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), liderado por Carmen Villalba, Magna Meza, Manuel Cristaldo Mieres y Alcides Oviedo Brítez, entre otros.

En la jornada de ayer se produjo la aprehensión de Carlos Daniel Medina Garcete, de 27 años, y Deisy Carolina Rojas Cardozo, de 33 años, en la ciudad de Capiatá.

Estas dos personas fueron descubiertas en una feria de ropas, intentando adquirir varias prendas de vestir con billetes apócrifos.

Al momento de querer abonar por las prendas seleccionadas, pasaron algunos billetes de G. 100.000 a la vendedora, quien se percató de la irregularidad.

Al recriminarlos por la situación, ambas personas intentaron darse a la fuga, aunque acabaron siendo detenidos por la Policía Nacional tras una persecución.

La fiscal Carolina Martínez, de la Unidad Penal Nº 1 de Capiatá, este miércoles formuló imputación contra Medina y Rojas por el hecho punible de circulación de monedas no auténticas.

A la par, Medina también fue acusado por exposición al peligro en el tránsito terrestre, ya que intentó darse a la fuga sin contar con licencia de conducir.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías, mientras prosigue la investigación sobre la procedencia de los billetes falsificados.

En un acto celebrado ayer en el Colegio Ysaty de Asunción, autoridades y miembros de la comunidad educativa participaron del lanzamiento del proyecto “Jóvenes Conectados”.

Se trata de una interesante iniciativa impulsada por el MEC, con respaldo del sector privado, que pretender brindar herramientas digitales y contenidos estructurados a estudiantes del Nivel Medio.

El objetivo, según explicó el ministro Luis Ramírez, es llegar a 30.000 estudiantes del Tercer Año del Bachillerato Científico, a través de una serie de capacitaciones virtuales.

La propuesta contempla un aprendizaje virtual combinado con acompañamiento del docente en clases, con acceso a cursos a través de la popular plataforma Coursera.

La finalidad es que los alumnos puedan adquirir conocimientos sobre áreas que poseen alta demanda laboral en la actualidad, como programación, inteligencia artificial, marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, entre otros.

La capacitación se realizará mediante 16 rutas de aprendizaje especialmente diseñadas para fortalecer las competencias digitales y técnicas de los estudiantes, además de la licencia que permite el acceso a 900 cursos, incluyendo certificaciones profesionales, precisó el titular del MEC.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su sesión ordinaria de la fecha, aprobó la acordada que amplía la aplicación de las tobilleras electrónicas.

A propuesta de la ministra María Carolina Llanes, el uso de estos dispositivos de control se extiende a localidades que forman parte de las circunscripciones del Área Central.

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Asimismo, los jueces competentes también podrán autorizar su colocación en procesos penales que corresponden al fuero especializado en delitos económicos.

La disposición vigente hasta el momento indicaba que solo se podían utilizar las tobilleras en la jurisdicción de la ciudad de Asunción y específicamente para casos de violencia familiar.

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Con la resolución adoptada hoy por el pleno de la máxima instancia judicial, se modificará esta limitación para poder tener un mayor alcance en la aplicación de estos dispositivos, cuyo monitoreo está a cargo de la Policía Nacional.

Cuatro personas ya fueron beneficiadas hasta el momento con el uso de tobilleras electrónicas, conforme a los datos brindados por el Sistema 911.