La fiscal de San Antonio, Teresita Paredes, imputó al chofer Humberto Espinoza (60), de nacionalidad boliviana, por la supuesta comisión de simulación de hecho punible.

Espinoza denunció el jueves último, el supuesto robo a mano armada mientras iba al mando de un camión tipo cisterna, en cuyo interior había 35.000 litros de combustible.

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Durante su declaración cayó en varias en contradicciones, por lo que tras una investigación fiscal y policial se comprobó la simulación del hecho.

El camión fue encontrado sobre la avenida Fernando de la Mora y Cacique Lambaré. No obstante, la comitiva fiscal y policial, que se constituyó hasta un depósito en la ciudad de Ñemby, logró recuperar la cantidad exacta del carburante que fuera sustraído del camión.

Según los datos, el chofer boliviano habría concretado la venta del combustible, en complicidad de una mujer con quien se encontró horas antes del suceso. El hombre salió a bordo del camión cargado del producto de la ciudad de San Antonio.

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El trabajo de la representante del Ministerio Público se desarrolló a unos 3.000 metros de la ruta que une la localidad de Cocuera con Corrales y fue guiado por lugareños que dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo.

Los primeros datos que se manejan señalan que los restos óseos están casi completos. En el sitio también se hallaron prendas de vestir y calzados que serían de la víctima.

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La fiscal interviniente dispuso que los restos encontrados sean embalados y trasladados a la Morgue Judicial para su posterior análisis por parte del equipo de antropología y odontología forense en la capital del país.

El reporte preliminar del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional sostiene que no se observaron signos de violencia visible en los restos hallados.

En la tarde de este lunes se reportó un violento asalto a mano armada en el depósito de la empresa “Gonzalito”, ubicado en el barrio San José de Ciudad del Este.

Una banda conformada por tres a cuatro malvivientes llegó al lugar a bordo de un vehículo de la marca Toyota tipo Hiace de color gris para cometer este golpe.

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Primeramente, dos de los criminales simularon ser proveedores de mercaderías, convenciendo al encargado para que les pueda abrir el portón de acceso al depósito.

Fue en ese preciso instante en que los delincuentes dieron la voz de asalto y aparecieron sus demás cómplices, encañonando a los empleados que se encontraban de turno.

Luego de reducir a todo el personal, los autores ingresaron al sector donde se encontraban varias cajas de teléfonos celulares, las cuales llevaron consigo para así poder darse a la fuga nuevamente.

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Según el reporte, los asaltantes se alzaron con alrededor de 150 smartphones de alta gama, valuados en una considerable suma de dinero.

No se descarta la participación de algún exfuncionario o empleado infiel que haya brindado datos precisos para facilitar la ejecución del atraco.

Durante el control de rutina, el escáner detectó un bulto sospechoso que contenía las aves en condiciones no declaradas. El pasajero presentó un certificado veterinario emitido en el aeropuerto de origen, pero no contaba con el Certificado Veterinario Internacional (CVI), exigido para el ingreso legal de animales al país. Ante esta situación, se activaron los protocolos establecidos y se dio intervención a los organismos competentes.

La DNIT procedió a la entrega oficial de las aves al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), institución responsable de dar trámite y resguardo sanitario al caso. Asimismo, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Ministerio Público fueron notificados, conforme a la normativa vigente.

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Si bien los canarios no pertenecen a una especie en peligro de extinción y no requieren certificado CITES, su ingreso al territorio nacional debe estar respaldado por documentación sanitaria específica, como exige la normativa nacional e internacional.

La DNIT recuerda que Paraguay está comprometido con el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el comercio de animales y productos de origen animal, en el marco de la protección de la fauna, la salud pública y la seguridad fronteriza. Estos controles forman parte de los esfuerzos coordinados del país para prevenir ilícitos y preservar el medioambiente.