Fueron tres las minutas que la Junta Municipal estudió hoy ante las publicaciones periodísticas que hablan de la construcción clandestina de una planta de tratamiento. Dos de ellas, la de Elvio Segovia (PDP) y de concejales colorados, solicitaron a la Intendencia informes sobre si la edificación tiene permiso de la Comuna y mientras que la tercera, de Franco Troche, pedía el cese de obras.

Las tres propuestas fueron analizadas en conjunto y, durante el debate, la concejala Josefina “Pepa” Kostianovsky (PEN) explicó que con qué cara se les va a decir a los futuros habitantes del barrio San Francisco que la Municipalidad de Asunción paró las obras y que no pueden ocupar aún las viviendas hasta tanto no se esclarezca la situación. “No les podemos decir que no se van a ir a sus casas”, replicó la edil, quien forma parte de la multibancada de Mario Ferreiro.

El concejal Julio Ullón (ANR) pidió cautela en el pedido y solicitó que la Intendencia remita todos los antecedentes antes de tomar una decisión sobre el punto, especialmente una tan delicada como la paralización de obras que van a beneficiar a 1.000 familias que viven en zozobra cuando las aguas del río Paraguay suben.

Ante las manifestaciones, el concejal Franco Troche se ratificó en su postura, teniendo como único argumento las publicaciones periodísticas, sin tener a mano un informe técnico que avale la supuesta construcción irregular.

Tras la votación, las tres minutas fueron derivadas a la comisión de Infraestructura, que a su vez deberá solicitar los informes a la Intendencia Municipal de manera a analizar las circunstancias.

La propuesta de reducir a 40 horas la carga de trabajo semanal (8 horas menos que en la actualidad) ha generado un amplio debate en diversas esferas, teniendo en cuenta el drástico cambio que representaría para la fuerza laboral del país.

El especialista en empleo, Enrique López Arce, expresó su posición respecto a este proyecto de ley -que se encuentra en estudio en el Congreso- y afirmó que la reducción de horas laborales podría tener un impacto significativo, sobre todo en las microempresas en Paraguay.

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“Si se reduce la cantidad de horas semanales de trabajo, es posible que estas empresas no puedan pagar a sus empleados, lo que podría llevar a un aumento de la informalidad y el desempleo”, sostuvo.

En Paraguay, existen alrededor de 600.000 personas trabajando en microempresas (que poseen de 2 a 5 trabajadores). Bajar la cantidad de horas laborales podría ser un desafío para las mismas, ya que podrían no tener la capacidad para absorber los costos adicionales, refirió.

A su vez, también podría tener un impacto negativo en la competitividad de las empresas locales y, por consiguiente, en la economía del país, ya que las mismas podrían perder oportunidades de crecimiento y desarrollo, a su criterio.

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López Arce enfatizó la importancia de considerar la realidad laboral de Paraguay antes de implementar cambios en la cantidad de horas semanales de trabajo. “Las políticas laborales deben ser diseñadas para promover la formalidad y la competitividad de las empresas, mientras se protegen los derechos de los trabajadores”, manifestó a HOY.

Su propuesta es emular el ejemplo de Chile e implementar la disminución de las horas de trabajo por sectores. Para ello, cree oportuno sacar un “sello de empresas” que trabajan 40 horas semanales y luego ir avanzando en ciertas empresas que tengan posibilidad de adoptar esta medida.

La aprobación de esta iniciativa se dio en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de la sesión ordinaria del martes pasado.

El legislador proyectista, Roberto González, pide informes al ministerio en cuestión acerca del “ciberataque” ocurrido días atrás contra varios sitios web de instituciones públicas de nuestro país.

Por medio del documento se solicita describir el tipo de ataque (e.g. ransomware, ataque de denegación de servicio, etc.), y su nivel de severidad (si fue por infiltración, desplazamiento lateral por escalamiento de privilegios - detalles técnicos de la forma); etc.

Asimismo, el diputado exige conocer la cantidad de instituciones afectadas, con un listado de aquellas que fueron comprometidas con el ataque.

Por otra parte, requiere detallar las consecuencias del hecho, incluyendo la posible afectación a servicios públicos; la exposición de datos sensibles; y cualquier otra disrupción significativa.

Por último, el congresista pide conocer las acciones que el MITIC, y otras entidades del Estado, han asumido para contener el ataque y mitigar sus efectos, con la finalidad de restaurar la normalidad de los servicios.

Se estableció un plazo de 15 días para la remisión de estos informes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional.

El pasado 10 de mayo tomó estado público una grave infracción cometida por un ómnibus del transporte público sobre la Ruta D067 - Av. Gral. Eugenio A. Garay (ruta que une Luque y San Lorenzo).

Se trata de un colectivo perteneciente a la Línea 2, con chapa BBN 003, el cual fue captado circulando en contramano a la altura de Laguna Grande.

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Un automovilista logró filmar la irresponsable acción cometida por el chofer del bus, quien reaccionó de manera furibunda al ser increpado por este hecho, según se aprecia en el video.

La Patrulla Caminera este viernes informó sobre la retención de esta unidad, en jurisdicción de la ciudad de San Lorenzo, en un procedimiento que estuvo a cargo de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

El inspector Édgar Sosa indicó al canal NPY que, luego de la viralización del video en redes sociales, decidieron tomar intervención para interceptar y demorar el vehículo.

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El conductor (cuya identidad aún no trascendió) incurrió en la que es catalogada como una “falta gravísima” y se expone a una sanción de 20 jornales (poco más de G. 2.100.000), la cual será aplicada de manera individual.

El colectivo permanecerá en calidad de depósito en la base de Guardia Delta 2 de la Caminera, situada frente al campus de la UNA, a expensas de lo que disponga más adelante el Juzgado de Faltas.