“Nosotros simplemente pedimos informe sobre el marco legal, para hacer trabajos de persuasión a los limpiavidrios”, explicó Buongermini. La solicitud la hizo conjuntamente con su par, concejal Federico Franco Troche, durante la sesión ordinaria de la víspera.

El edil de Avanza País indicó que no es atribución de la Junta Municipal controlar el cumplimiento de una ordenanza. Menos debe destinar funcionarios para la fiscalización, agregó en conversación con radio UNO.

“Como bancada oficialista nos preocupa que el Legislativo se vaya arrogando cada vez más prerrogativas que corresponden al Ejecutivo municipal y que tengamos una suerte de dos municipios en Asunción”, expresó.

“Además de quebrantar principios constitucionales básicos, se está desperdiciado recursos humanos que tendrían que estar abocados a la labor legislativa. Existen funcionarios con competencia legal y que son remunerados, pagados, para hacer el control”, acotó.

Buongermini manifestó que el área social de la Comuna es el que debe encargarse de persuadir a los trabajadores informales y alejarlos de las calles. Sin embargo, sostuvo que esta no es la solución definitiva y mencionó que la Intendencia lanzó un programa integral para los limpiavidrios.

“Desde el inicio sostuvimos que no vamos a solucionar atacando las consecuencias sino las causas. Podemos tener éxito relativo pero que a la vez va a ser irrisorio, los limpiavidrios van a cambiar de rubro y van a empezar a ser malabaristas, la gente va a seguir con los mismos problemas de mendicidad”, sentenció.

PALO A LA RUEDA

Los concejales asuncenos del equipo político del intendente Mario Ferreiro colocaron un “palo a la rueda” del edil Dani Centurión, al denunciar que los funcionarios de la Junta Municipal cometían una irregularidad al realizar trabajos que atañen a la Intendencia.

El edil Dani Centurión detalló que sus colegas, “mediante una minuta, denuncian que los funcionarios de la Junta hacen trabajos que corresponden a la Municipalidad”, al ir a pedir a los limpiavidrios que dejen esa actividad.

“Al final la gente se queja de que los funcionarios trabajen, siendo que el problema era la ociosidad. Estos funcionarios que están trabajando al final fueron denunciados por trabajar”, lamentó.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.

Jara quedó con graves heridas como consecuencia del arrollamiento. Esto ya demandó muchos gastos médicos, según indicó, además de la imposibilidad de retomar su trabajo en la entidad comunal. Su cuadro empeora, considerando que la mujer está en tratamiento para someterse a una cirugía, explicaron familiares.

La agente Jara de la Unidad Operacional N° 2 se encontraba dirigiendo el tránsito cuando fue embestida por un automóvil.

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El arrollamiento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa a la uniformada cuando es atropellada por un conductor que pretendía incorporarse a la Avenida Mariscal López desde una de las arterias transversales (calle Bernardino Caballero).

Se observa también a la agente que estaba permitiendo la circulación de los vehículos que transitaban sobre Bernardino Caballero y que en ese momento se dispuso a detener el paso de los automovilistas para volver a habilitar la avenida Mariscal López. Allí el conductor la embiste, por lo que se verifica la negligencia de Delgado Ayala, que no prestó atención a la funcionaria comunal.

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