El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, informó que campesinos y Gobierno llegaron a una solución tras la negativa inicial de los labriegos a las condiciones impuestas hoy en la reunión previa celebrada en el Congreso.

En un primer momento, los campesinos se negaron a aceptar la propuesta del Indert de entregar 41 lotes de siete hectáreas de media para 23 de los 27 beneficiarios que figuraban en la lista presentada por la Federación Nacional Campesina (FNC), ya que los labriegos exigían 10 hectáreas por familia.

Sin embargo, tras otra reunión con los labriegos se llegó a un acuerdo intermedio que estipula ocho hectáreas para cada una de las 30 familias, en lo que Cardenas consideró una “solución aceptable”.

“Pactamos finalmente entregar 30 lotes, que sería un intermedio entre lo exigido por ellos y lo propuesto por nosotros. Es una solución aceptable, viable y creo que va a poner un punto final a este problema”, señaló el presidente del Indert.

Cárdenas dijo que con este acuerdo quieren “cerrar definitivamente” la situación en Guahory, por lo que han trabajo durante toda la jornada mano a mano con los campesinos para definir y corregir “lote por lote” y delimitar las fincas.

“Estuvimos trabajando lote por lote (…) Son tierras altamente productivas y pueden dar la sostenibilidad a cada una de las familias para que tengan una vida digna y finalmente dejen de manera definitiva la franja de la pobreza y la extrema pobreza”, afirmó.

Además de esos 30 lotes acordados, quedaron fuera del reparto otros once que, debido a su tamaño y localización en el lugar, “no se podían unificar”, por lo que se estipuló que queden como reserva forestal para plantación de “eucaliptos o algunas especies que puedan resultar en ese lugar”, añadió.

Paralelamente, Cárdenas destacó que se está realizando el “plan B” en la cercana localidad de Yhú, también en el céntrico departamento de Caaguazú, donde el Indert construye una “colonia modelo” de unas 1.500 hectáreas para ubicar a otras familias que fueron desalojadas de Guahory.

“Estamos muy avanzados en esa parte, ya existen 27 familias asentadas hasta la semana pasada, esta semana llegaron 7 familias más. Tenemos un listado de más de 10 familias que se incorporarán también en el curso de la próxima semana”, destacó Cárdenas.

Añadió que en ese lugar, que cuenta con casas provisionales, agua, electricidad, paquetes de alimentos, atención médica y odontológica, tienen cabida 150 familias.

El asentamiento campesino de Guahory, en el centro de Paraguay, fue desalojado por última vez el pasado 3 de enero, en un procedimiento en el que se registraron varios heridos, y 12 campesinos fueron detenidos.

El pasado septiembre los campesinos fueron desalojados por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin ninguna orden judicial y violó derechos humanos como la vivienda, alimentación, agua y seguridad, según denunció entonces la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

Los campesinos de Guahory mantienen una disputa por la titularidad de las tierras con los colonos de la zona, en su mayoría de origen extranjero.

Con el primer equipo de Ondas de Choque Radial en el Hospital de Trauma, se introduce una innovadora terapia en Salud Pública para combatir dolores articulares con un tratamiento no invasivo que produce alteraciones en la permeabilidad celular, generando un efecto analgésico y metabólico.

Las ondas acústicas generadas por esta terapia activan efectos biológicos que conducen a la curación más rápida y regeneración de los tejidos a largo plazo cuando están lesionados, logrando así disminuir la inflamación y, por consiguiente, el dolor articular, informó el Ministerio de Salud.

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Este tratamiento ayuda a acelerar el alivio del dolor y restablecer la movilidad de la zona afectada con altos niveles de éxito, sin el uso de medicamentos ni sedación y sin efectos secundarios.

La terapia de ondas de choque cubre una amplia gama de indicaciones: bursitis de hombro, codo, cadera y rodillas, epicondilitis lateral y medial, diversas tendinitis (bicipital, rotuliana, aquiliana, entre otras), fascitis plantar y espolones calcáneos. Cada sesión dura entre 20 y 30 minutos, y se necesitan entre 4 y 5 sesiones, una vez por semana, para lograr el porcentaje del éxito esperado.

En promedio, 2.900 pacientes son atendidos al mes en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación.

De acuerdo al protocolo de atención, el paciente puede acercarse con cualquier orden proveniente de servicios dependientes del Ministerio de Salud, no solamente del hospital de Trauma.

Al paciente que se acerca con su orden de onda de choque se le requerirá evaluación del kinesiólogo certificado. Todos los pacientes indicados deberán estar munidos de sus estudios por imágenes, como ecografía de partes blandas.

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El agente fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Zonal de Luque, interviene en el Anticipo Jurisdiccional de Prueba de pericia en obras, para determinar el sistema de seguridad civil y vial del tránsito. Es en el marco de la investigación por la muerte de Sara Nilde Benítez (48) y Nilda Luján Barrios Benítez (21), quienes fueron arrastradas el miércoles por el caudaloso raudal al cauce hídrico en cercanías del club Balderrama.

Participaron de la diligencia, la perito Olga Fleitas del Laboratorio Forense del Ministerio Público y la defensora pública en lo Penal de Luque, Zulma Sánchez. La profesional perito deberá establecer como puntos de pericia: la verificación de las obras o construcciones técnicas y si las mismas poseían las caracteristicas de seguridad para el tránsito de peatones y vehículos.

El fiscal Romero solicitó como urgente este procedimiento teniendo en cuenta que la zona es de alto tráfico de vehículos y personas, y se debe precautelar la escena para que no sea modificada, ocultada o destruida.

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El juez laboral Rubén Darío López hizo lugar al amparo de la abogada Alejandra Peralta Merlo y ordenó a la senadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, que la desbloquee en la red social “X”, permitiendo” el acceso inmediato a la información de índole pública que transmita en la misma”.

Además de realizar dicho desbloqueo, la congresista se debe hacer cargo de las costas del juicio, de acuerdo con el fallo del magistrado.

Según el fallo, la lesión se configura por el hecho mismo de la privación de la libertad a la libre expresión, de pensamiento y de opinión, y el de difundir información. Con el bloqueo la demandada restringe la toma de conocimiento de las actuaciones realizadas como autoridad pública en su gestión, también pública, como así también la posibilidad de formarse una opinión libre de prejuicios o errores, de trascendental importancia para la futura elección de sus representantes, de acuerdo con la apreciación del juez.