En la semana que pasó, Alfredo Benítez Fantilli, abogado de Ferreira recusó a los integrantes del Tribunal de Apelación de Cordillera, Carlos Cabriza, Segundo Ibarra y Estela Almada.

Ahora serán los integrantes de la sala penal de la Corte, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera quienes decidirán si confirman a los camaristas de Caacupé.

En este contexto, Teixidó se refirió al hecho a través de redes sociales, agradeciendo las muestras de apoyo pero expresando nuevamente su indignación por la chicanas. “Mañana Pablo va a seguir libre y feliz, va a continuar vendiendo cerveza y no va a hacer ninguna diferencia”, sostuvo en un video publicado en su cuenta en Instagram.

Alertó a la ciudadanía sobre la gran cantidad de casos similares que se dan día a día. “Esto te puede pasar a vos, de hecho, todos los días vemos un titular donde alguien fue atropellado, hubo un nuevo muerto y nunca le agarran al responsable, en este caso a Pablo Ferreira le encontraron responsable, se le sentenció y a través de un sistema judicial permisivo logró escabullirse nuevamente”.

Instó al público a compartir su video en redes, como manifestación contra la impunidad y la injusticia. “Lo peor que puede pasar es que tengamos ese silencio cómplice que le permita a él seguir cobijado en esa comodidad que le vino heredada con el apellido que tiene”.

“Si le encontrás por la calle apuntale con el dedo, que sepa que tiene que hacerse responsable y vos Pablo Ferreira ¡hacete cargo, la puta madre”, finalizó.

 

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En conversación con HOY, Teixido asevera que su espera sigue. “Pedimos, que la corte resuelva rápido la cuestión, sancione al abogado y que se pueda realizar el nuevo juicio sin dilaciones alevosas e injustificadas”.

Comenta que más allá de su caso, hay una indignación generalizada por el manejo de la justicia paraguaya. “La gente está cansada de ser pisoteada, como decía Leon Gieco ‘es un monstruo grande y pisa fuerte’ la indiferencia de la gente a cargo de la justicia”.

Un hecho llamativo resaltado por internautas es que Pablo Ferreira es dueño de una bodega “chuchi” ubicada en el Barrio Carmelitas de Asunción. La particularidad radica en que el mismo ocasionó el accidente bajo los efectos del alcohol.

EL CASO

El 6 de enero del 2019, sobre la avenida General Jacinto Morínigo de la ciudad de San Bernardino, a la altura del kilómetro 48, tuvo lugar el accidente de tránsito ocasionado por conductor Pablo Ferreira, hijo del entonces titular de la Ande, Pedro Ferreira.

Ferreira atropelló a Teixido, quien sufrió varias lesiones tras caer de su bicicleta al pavimento. El joven al mando del vehículo había sido sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó el resultado positivo con 0,27 mg/l, como consecuencia fue hallado culpable de lesión culposa.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.