Según informa Aduanas, la firma importadora hasta ahora no ha presentado la autorización de importación de la DIMABEL.

Entre marzo y abril de este año ingresaron a la Administración de Aduana de Encarnación tres camiones, cada uno cargando un contenedor de mercaderías, y un cuarto camión que contenía mercaderías encarpadas. La Fiscalía solicitó que los cuatro camiones y tres contenedores se trasladaran a la Aduana de Algesa para el conteo de los productos.

“Todo ha si do sumamente sospechoso. Y como queríamos darle corte final a esta situación Aduanas decidió transportar los cuatro camiones y tres contenedores a Algesa bajo estricta vigilancia el viernes. Nuestros funcionarios en algunos casos no durmieron y otros durmieron al costado de la carga la que fue sometida a una vigilancia ininterrumpida hasta la llegada de la gente de la fiscalía en horas de la mañana. Todo el procedimiento ha sido filmado. Se ha trabajado 19 horas continuas y se encontraron inconsistencias entre la carga ingresada y la declarada”, dijo el director nacional de Aduanas, Julio Fernández Frutos.

La carga incluye diversos tipos de mercaderías y durante el proceso de verificación y conteo por parte de los funcionarios de Aduanas y representantes de la fiscalía se han encontrado inconsistencias entre el manifiesto de carga y los productos ingresados. El procedimiento estuvo a cargo de la fiscala NIlsa Torales. El conteo iniciado el viernes en la mañana terminó el sábado en la madrugada luego de 19 horas de tareas.

Acerca del contenedor OOCU 793911/5, los documentos presentados afirman que la carga consiste en mochilas, chalecos, carcasas, speaker y mercaderías varias. Pero contenían productos textiles, guantes de lana, orejeras, gorros de lana, calzados infantiles, medias para bebé, blusas mangas largas para damas, pantalones para damas, ropa interior y medias finas. Algunas presumiblemente imitaciones, que infringirían la Ley Marcaria.

En tanto que acerca del contenedor FCIU 980215/7, los documentos presentados afirman que la carga incluye candados, globos para fiestas, compresor de aire, corta uñas y mercaderías varias. Sin embargo, contenían: anteojos de sol de la marca OAKLEY, PRADA, cables USB de la marca APPLE, auriculares de la marca SAMSUNG, presumiblemente imitaciones, que infringen la Ley Marcaria. También se encontraron miras telescópicas para rifles, que requieren intervención de la DIMABEL, cremas nutritivas, mascaras faciales que requieren intervención de DINAVISA, juguetes de la marca FROZEN, AVENGERS, presumiblemente imitaciones, que infringirían la Ley Marcaria y productos textiles (medias, gorros, guantes).

Respecto del Furgón Placa N° KAG531/KAG076, los documentos presentados dicen contener, juguetes de plástico y estuches, pero se hallaron carcasas de la marca Samsung, USB sin carcaza, stickers de plástico de la marca JBL, juguetes de las marcas PAW PATROL, TOY STORY 4, MICKEY MOUSE, MINNIE MOUSE, LOL, DRAGON BALL Z, POWER RANGERS; presumiblemente imitaciones, que infringirían la Ley Marcaria.

La querella judicial presentada por el médico cirujano Eustasio Rojas Alegrerti, a través de su abogado José Fernández Zacur, consigna que Gubetich le vendió 4 inmuebles por valor de 2.350.000 dólares americanos, que en los hechos ya estaban embargados por deudas o vendidos a terceros.

Fernández Zacur dijo que el ex titular de la previsional, había convencido a su cliente para vender las propiedades en cuestión, invocando su necesidad de monetizar sus bienes para inyectar recursos a su campaña por la senaduría, por la lista de la línea liderada por Mario Abdo Benítez.

En los considerandos de la acusación, se hace mención a los documentos que aparentemente tenían visos de legalidad, pero que en los hechos no eran sino maniobras fraudulentas para cometer la estafa.

Andrès Gubetic está acusado en varios expedientes por varias irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la previsional. Entre la larga lista se mencionan adquisiciones sin respaldo documental, presunta sobrevaloración de compras de medicamentos, supuesta malversación en pagos de servicios de seguridad, créditos adquiridos sin adecuación a requisitos legales para el efecto, entre otros.

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A través de un comunicado divulgado este martes, el Ministerio de Salud Pública expresó su posicionamiento respecto a las denuncias surgidas en las últimas horas.

Dichas denuncias guardan relación con algunos mensajes recibidos por parlamentarios y otras autoridades de parte de personas que invocan ser funcionarios de la institución y ofrecen contratos de trabajo.

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Respecto al tema, la cartera sanitaria aclaró que la contratación de personal se realiza bajo los mecanismos previstos en las leyes que rigen la función pública, desmintiendo que se utilicen comunicaciones telefónicas para dicho fin.

#COMUNICADO | El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social comunica cuanto sigue: pic.twitter.com/rZ8RfNItf6

— Ministerio de Salud (@msaludpy) April 30, 2024

Así también, instan a cualquier persona que pudiera recibir ofrecimientos de esta índole a formular la denuncia pertinente ante la Fiscalía o la comisaría más cercana, a fin de darle seguimiento.

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Los datos que se tienen hasta el momento indican que desconocidos se comunican mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp para ofrecer cargos públicos, lo cual hace suponer que podría tratarse de estafadores.

Se trata del llamado con ID N.º 441.770 que ya se encuentra publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con fecha de recepción de ofertas para el 10 de mayo del corriente año.

Las labores se dividen en 29 lotes que suman un total de 116 tramos de rutas nacionales, departamentales, intersecciones y rotondas a nivel país, abarcando 2.868 km. El monto estimando de la inversión es de G. 52.165.016.459.

El objetivo del contrato es gestionar la limpieza de carreteras, y ejecutar el mantenimiento de las mismas, de forma a satisfacer ciertos indicadores establecidos en las bases de la licitación (estándares e índice de servicio) que garantizan un servicio de carreteras de calidad para los ciudadanos.

Los servicios requeridos contemplan la ejecución de obras de puesta a punto y el mantenimiento de las vías, siendo el plazo contractual de 7 meses calendario. De ese lapso la contratista dispondrá de 90 días para concretar las obras de puesta a punto.

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