En la foto que circula en las redes sociales, se ve al hermano del presidente de la República con un cigarrillo en la mano y sentado en el asiento posterior del vehículo que utilizó el nuevo mandatario hoy durante su desplazamiento del Palacio de Gobierno a la Catedral Metropolitana.

Se trata del Chevrolet Caprice descapotable que había pertenecido a Mario Abdo Benítez (padre), exsecretario del dictador Alfredo Stroessner.

Luis María López Benítez, había sido imputado por el Ministerio Público en el 2015 junto a su hermana Mayra Abdo Benítez, en el caso del escándalo de planilleros en la Justicia Electoral.

La imputación refiere que López Benítez habría percibido durante todo el 2014 la suma de G. 71.025.587, sin prestar servicios.

El hermano del actual presidente de la República fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento y como reparación del daño social debió abonar G. 3.500.000 en una cuenta habilitada en el Banco Nacional de Fomento, además, de comparecer trimestralmente ante el Juzgado de Ejecución.

Los hermanos de Marito pillados en el caso de planillerismo en el TSJE no habían posado en ningún momento durante la campaña proselitista del hoy titular del Poder Ejecutivo.

Fuente: AFP

Estados Unidos vive una crisis sanitaria con más de 80.000 muertes por sobredosis en 2024, de las cuales 48.422 fueron por fentanilo.

Es bastante menos que el año anterior, cuando este opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina causó 76.000 decesos.

El presidente Donald Trump ha convertido la lucha contra el fentanilo en una de sus prioridades y acusa a Canadá y México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponer aranceles a sus vecinos.

Washington acusa a los cárteles de narcotráfico mexicanos de fabricar ilegalmente fentanilo con sustancias procedentes de China. Con frecuencia se mezcla con otros estupefacientes como la metanfetamina y la cocaína.

La “Ley HALT Fentanyl” fue aprobada en la Cámara de Representantes con 321 votos a favor, incluidos unos 100 miembros de la oposición demócrata, frente a 104 en contra.

Como ya fue aprobada en el Senado, solo necesita la firma de Trump para ser promulgada.

La nueva ley prevé una pena mínima de 10 años de prisión por tráfico de más de 100 gramos de fentanilo o de una sustancia análoga.

Los congresistas intentan colmar lagunas tras darse cuenta de que los cárteles cambian la composición de los análogos del fentanilo a medida que son declarados ilegales.

Por eso clasifica de forma permanente “las imitaciones ilícitas de fentanilo” en la lista 1, integrada por drogas que no tienen uso médico actualmente aceptado y con un alto potencial de abuso. Ya se encontraban en este nivel desde 2018, pero de forma temporal.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, señaló el jueves que “cada año mueren más estadounidenses por sobredosis de drogas que los que murieron en toda la guerra de Vietnam”.

Varias organizaciones han expresado su oposición a la normativa.

Según la Leadership Conference on Civil and Human Rights, “en lugar de abordar verdaderamente la crisis de sobredosis, este proyecto de ley simplemente repetirá los errores de la guerra contra las drogas”, librada por Estados Unidos desde la presidencia de Richard Nixon a principios de la década de 1970.

Con las sentencias mínimas, “los jueces no pueden modular el castigo de un acusado considerando su pasado”, añadió en un comunicado.

La epidemia de opiáceos en Estados Unidos se remonta a la década de 1990, cuando las compañías farmacéuticas comercializaron masivamente analgésicos de venta con receta.

Más de un millón de estadounidenses han muerto por sobredosis de drogas durante las dos últimas décadas.

El procedimiento fue autorizado por el juez penal de garantías del segundo turno, Abg. César Narváez. La comitiva fiscal estuvo acompañada por agentes de la Comisaría Primera de Coronel Oviedo, así como por la médica veterinaria Liza Escobar y Andrea Eliani Martínez, representante de la organización protectora de animales “Pata Patrulla”.

Durante la inspección, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un canino hembra, mestiza y de pelaje marrón claro, con características similares al que aparece en un video que fue ampliamente difundido en redes sociales y medios de prensa.

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El cuerpo del animal fue incautado como evidencia y será trasladado a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, donde se le practicará la necropsia correspondiente para determinar la causa de muerte.

Además del canino, en el sitio se encontraron restos óseos y cueros de animales bovinos, así como aves de corral en estado de descomposición.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones a fin de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.

Ciudadanos autoconvocados realizaron una protesta pacífica en la Plaza de Armas de Encarnación para pedir justicia en el caso de María Fernanda, asesinada en Coronel Oviedo.

De acuerdo al reporte de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los manifestantes mencionaron otros casos de feminicidios en Itapúa, y se unen al clamor nacional contra ese tipo de violencia.

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Participaron representantes de distintas áreas de la sociedad como la dirección municipal de la mujer, CODENI Encarnación, concejales departamentales, distintas ONG’s y numerosas mujeres indignadas con este trágico crimen.

María Fernanda fue hallada muerta en un patío baldío cercano a la vivienda del joven sospechado como principal autor del hecho. La autopsia reveló que se encontraba embarazada y que murió producto de una asfixia, además que fue calcinada.